Son tres historias que tienen como denominador común que hay mentiras y mucho de cinismo, algo que incluso podría tener responsabilidades legales por parte de funcionarios de distintas áreas del gobierno federal.
Primer engaño. Apenas hace unas semanas las fuerzas federales (Marina, Ejército y Guardia Nacional) patrullaban la zona sur del Estado de México, particularmente Valle de Bravo, atendiendo los problemas de inseguridad junto con autoridades estatales. Pero no, es falso que estén cuidando a la población, que haya una estrategia o de menos coordinación para la seguridad entre instituciones. ¿Eso se habrá mencionado esta semana en las reuniones de seguridad que presume el Presidente? ¿Le dirán los miembros del gabinete de seguridad que la población tiene miedo y por eso no denuncia, y por tanto eso no se refleja en sus gráficas? Lo real es que en esa zona denuncian la presencia de retenes intermitentes, cobro por transporte y varios insumos; la tensión es tal que muchos de los comerciantes están a punto del colapso y de la rebelión. ¿Quién asumirá la responsabilidad si escala aún más la tensión?
Segundo engaño. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay riesgos previos a las elecciones. Quizá no le informaron la tensión que existe en Tamaulipas y Durango, especialmente en el primero, donde los retenes de grupos criminales han aumentado en los últimos días; en donde la operación criminal ya se asoma con mensajes que amenazan en diferentes zonas a los habitantes. Parece que las elecciones en la entidad tamaulipeca envían el mensaje de que el poder a costa de lo que sea, no sólo por parte de Morena, también del PRI y del PAN. Es real y posible, la acción plena de un narcoestado.
Tercer engaño. La Fiscalía General de la República (FGR) filtró su gran éxito (después de más de tres años de investigaciones) el someter a proceso al que fuera director Apoyo a la Operación del Cisen, Ignacio Mendoza Gandaria, por tortura, coalición de servidores públicos e intervención ilegal de comunicaciones, todo vinculado con el caso Ayotzinapa y en específico por el interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, identificado como “El Cepillo” e integrante del cártel de Guerreros Unidos (de acuerdo a testimonios y documentos). Si es culpable será un paso para la justicia, un poco tardado, pero al fin justicia.
Sólo que (también sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala) la FGR omitió filtrar información que explicara por qué al mismo tiempo el exjefe de la policía federal, Carlos Gómez Arrieta, también acusado de tortura pero contra Carlos Canto Salgado (identificado como integrante también de Guerreros Unidos), salió en libertad provisiona, del penal Altiplano, y seguirá el juicio desde su casa porque no hay riesgo de fuga. Estuvo seis meses preso, tras entregarse a finales del año pasado, y ya obtuvo este beneficio. ¿Fracaso del fiscal Omar Gómez Trejo, quien encabeza las pesquisas sobre Ayotzinapa? ¿Negociación con algunos detenidos con tal de tener pruebas que no consiguen? ¿Sólo espectáculo el detener a lo que han llamado la red institucional que manipuló el caso, pero no avanzar en dar a conocer en lo que ocurrió con los normalistas y los responsables de esa operación?
Sabrá de todos los detalles de esta investigación el presidente López Obrador, y cómo se ha convertido en un espectáculo en el que abundan las declaraciones sin sustento y las aparentes verdades, y con ello, después de tres años, ampliando el estado de impunidad en el que se encuentra el caso al no saber dónde están los normalistas ni detener a los integrantes de Guerrero Unidos, a los funcionarios de seguridad pública estatal o policías municipales que operaron la desaparición de los estudiantes.
