Tres decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador han causado a las arcas del país una pérdida de al menos 663 mil millones de pesos, monto que supera 32 veces el presupuesto de este año del INE y más de 600 veces el gasto del Inai, dos organismos que el mandatario pretende eliminar por ser presuntamente onerosos.
Se trata de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el remate del avión presidencial al gobierno de Tayikistán.
En conjunto, con los 663 mil 600 millones de pesos que costaron las tres decisiones presidenciales se podrían costear 663 estructuras como la “Estela de Luz”, construida durante el gobierno del presidente Felipe Calderón para conmemorar el Bicentenario de la Independencia, y que ha sido calificado por López Obrador como el mayor monumento a la corrupción por haber quintuplicado el presupuesto inicial.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo de 113 mil 300 millones de pesos, tanto por las erogaciones que se habían hecho desde 2015 para la construcción de la obra, como por la penalización por la terminación anticipada de contratos.
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La estimación de la ASF es conservadora si se toman en cuenta los efectos que la decisión presidencial tuvo en la inversión, en la generación de empleos y el consumo interno. Una investigación realizada por Guillermo Woo Mora, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), reveló que hasta marzo de 2020 —fecha de inicio de la pandemia de Covid-19 en México— la cancelación de la terminal aérea causó pérdidas que superan el billón de pesos, esto es, una octava parte del presupuesto total de 2023.
Otra decisión que contradijo el afán del gobierno federal por ahorrar al máximo los recursos públicos fue la creación del Insabi, en sustitución del Seguro Popular, mecanismo que operaba desde el sexenio de Vicente Fox para dar atención a las personas de más bajos recursos que carecen de protección social como el IMSS o el ISSSTE.
El pasado 25 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la extinción del Insabi, organismo que, a decir de los propios legisladores de Morena, no logró el cometido de dar atención a los mexicanos que no tienen seguridad social ni logró operar en la totalidad del territorio nacional.
Entre 2019 y 2022, el Insabi recibió un presupuesto por 545 mil 900 millones de pesos, monto que supera en 33 veces los 16 mil 500 millones de pesos que pretende ahorrar cada año el gobierno federal con la desaparición y/o extinción de 18 organismos públicos.
Entre ellos están la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de la Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Uno de los saldos que dejó la aventura de desaparecer el Seguro Popular y crear el fallido Insabi es que el número de mexicanos que carecen de servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 35.7 millones en 2020.
Finalmente, la decisión de vender el avión presidencial en la cuarta parte de su precio de lista trajo una merma superior a cuatro mil millones de pesos. Según datos de la Secrvetaría de Hacienda, la aeronave estaba cotizada en seis mil 079.7 millones de pesos y fue vendida al régimen tayiko en mil 658.6 millones de pesos.
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