MONTERREY, Nuevo León. Karina (así pidió que la llamaran) está parada en una esquina del centro de Monterrey, Nuevo León (noreste de México), es el cruce de Reforma con Pino Suárez. Se trata del corazón de la ciudad que de día luce repleto de comerciantes y ciudadanos apurados, mientras que de noche, funciona como escaparate de trabajadoras sexuales que intentan atraer clientes a los bares u hoteles donde laboran. El trabajo sexual no es un delito en esa entidad, pero tampoco está regulado, y detrás existe un alza en casos de trata de personas con fines de explotación sexual.
Durante este 2022, al menos hasta el mes de noviembre, Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en los índices de mayor cantidad de casos registrados del delito de trata de personas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, en esa entidad este delito no se persigue porque congresistas locales se han negado a tipificarlo en el Código Penal estatal, donde solo se considera el “lenocinio” (Artículo 202), uno de menor gravedad.
Tampoco sesiona el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León, ni hay un Plan de Prevención, como establece la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
¿Cuáles han sido los obstáculos? Académicos, activistas y trabajadoras sexuales afectadas por la omisión señalan que las ganancias que deja la trata de personas no dejan lugar a dudas de que hay una cadena de complicidades y corrupción que alcanza a autoridades y tomadores de decisión.
Contraste de cifras
Un reporte sobre la incidencia delictiva estatal llevado a cabo por el Observatorio de Seguridad y Justicia (OSJ) —plataforma dedicada al análisis y diagnóstico de los índices delictivos y de seguridad de esa entidad—, publicado en diciembre de 2021, señala que Nuevo León se posicionó en el primer lugar en la inicidencia del delito de trata de personas. Mientras que el informe publicado en noviembre de 2022 señala que aunque este factor sigue ubicándose en un punto grave, descendió al quinto lugar a nivel nacional.
El OSJ presenta la incidencia delictiva basada en las carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) y publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El problema y la alta incidencia no son recientes, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que entre 2015 y agosto de 2022 se registraron a nivel nacional por lo menos 3 mil 787 casos de trata de personas a nivel nacional.
Pero se trata de la punta del iceberg, ya que las estimaciones de organizaciones que integran el Observatorio de Seguridad y Justicia y académicos especialistas en el tema,
apuntan a que la verdadera cifra se cuenta en cientos de miles; “resulta paradigmático el caso de Monterrey, Nuevo León, que ingresa mensualmente alrededor de 400 mujeres en la trata”, señalan Carolina Guadiana Sánchez, de la Universidad de Monterrey, y el doctor Jesús Rubio Campos, del
Colegio de la Frontera Norte.
En este mismo sentido, el Análisis de la Implementación de la Política Pública Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Nuevo León, elaborado por especialistas del Colegio de la Frontera Norte, señala: las cifras oficiales no reflejan la realidad, lo que dificulta tener un diagnóstico confiable.
La Oficina de las Naciones Unidas para el control de la Droga y la Prevención del Delito (UNODC), indica que la trata de personas es la más actual forma de esclavitud humana, y que para 2021 había en el mundo más 40 millones de víctimas de este delito.
Dentro del negocio ilícito de la trata, la forma que más dinero deja es la del tipo sexual, en la que casi en su totalidad las víctimas son mujeres y niñas.
En México la trata adopta un papel particular, porque en este país las personas víctimas pueden ser originarias de esta nación, o ser migrantes en tránsito, venir de otros países y ser este su destino, explica la UNODC.
Mientras que, de acuerdo con el estudio del Colegio de la Frontera Norte sobre este tema, Monterrey destaca por ser el centro económico del estado fronterizo de Nuevo León con Estados Unidos, donde, a su vez, la pobreza y tránsito de migrantes son detonantes de la alta incidencia en trata de personas con fines de explotación sexual.
Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno del estado no reconocen esta problemática; en solicitudes de información que se hicieron entre mayo y noviembre de 2022, para este reportaje, la Fiscalía General del estado sólo reconoce que en la última década (2012-2022), hubo 238 casos investigados. Por su parte, la Comisión Estatal de Víctimas del Estado tiene únicamente el registro de un solo caso de trata con fines de explotación sexual.
Pero los pocos datos que contrastan las cifras oficiales, provenientes de los escasos estudios que en el estado se han hecho sobre el tema, ubican en miles la cifra de personas traficadas con fines de explotación sexual en Nuevo León. Ya desde 2013, Arun Kumar Acharya, un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), alertaba en uno de sus estudios sobre esta problemática que se estimaba que cada mes entre 300 y 400 mujeres ingresaban a Monterrey para ser explotadas de manera sexual y que la mayoría llegaban engañadas.
Karina expone que el gobierno estatal únicamente simula las acciones para combatir la trata. En entrevista, al preguntarle sobre el tema, pidió caminar de la zona donde se concentran trabajadoras sexuales, a un lugar más discreto. Ahí, de espaldas a la cámara, contó que “por el 2015 había unas que se habían llevado (las autoridades) y eran presuntamente víctimas de trata de blancas (sic), eran una señoras mayores que hicieron pasar por víctimas”.
Las dejaron cerca de tres días encerradas alegando que eran víctimas, luego ya las soltaron, “no se supo nada más de eso, nomás pusieron cintas de clausura en el bar”.
Leyes laxas, baja penalización y omisión
Nuevo León es el escenario propicio para la trata de personas, no solo por su condición de estado fronterizo con alta incidencia de migración, sino porque hay un vacío en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, que se niega a castigar con mayor rigor esta práctica, al ni siquiera tipificar el delito, y la enmarcar únicamente como lenocinio.
También existe una franca omisión al no aplicar las normas que marca la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, donde se establece que cada entidad tienen que destinar un presupuesto para las acciones tendientes a combatir la trata, y desarrollar una estrategia para prevenir y erradicar la problemática.
Más aún, la federación ha pedido a las entidades federativas la homologación de las leyes estatales y federal contra la trata, para castigar el delito con mayor rigor, a lo que se han negado explícitamente diputados neoloneses en diferentes legislaturas, e incluso modificado el Código Penal por mandato del ex gobernador Rodrigo Medina.
La trata de personas con fines de explotación sexual en la entidad norteña se juzga de acuerdo a la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León; en esta ley no se establecen las penas o sansiones, como lo hace la legislación federal; unicamente dice en su Artículo 3 que “en todo lo no previsto por esta Ley serán aplicables, supletoriamente, en lo que a sus materias corresponda, las disposiciones del Código Penal para el Estado de Nuevo León”; y en dicho código el delito de trata fue quitado de la ley, ya no existe porque se derogó en 2013.
Cuando en 2012 la Ley federal de combate a la trata endureció las sanciones para el delito, el entonces gobernador Rodrígo Medina (PRI) envió al Congreso un decreto para modificar el Código Penal del estado, quitando la trata como delito, y dejando únicamente el de lenocinio, lo que fue aprobado por los congresistas en 2013.
Con esta modificación, a quienes cometen el delito de trata de personas con fines de explotación sexual se le juzga en Nuevo León por delito de lenocinio, cuyas sanciones son por mucho, más ligeras que las establecidas en la ley nacional, en la que se sanciona con cárcel y hasta 15 años de prision .
En cambio, en el Codigo Penal estatal señala en los artículos 202, 203 y 204 que el lenocinio se sancionará con prisión de seis meses a ocho años, y multa de diez a veinte salarios mínimos.
“Como no tenemos la ley homologada, hay muchas oportunidades para que los detenidos acusados del delito, puedan salir”, lamenta Ivonne Bustos, quien entre 2018 y 2020 fue diputada en el Congreso de Nuevo León por el Partido Verde (PVEM). Cuando fue congresista, Bustos pidió que se trabajara en erradicar esta problemática.
Entrevistada para este reportaje, la ex legisladora denunció que sumado a la laxitud de las leyes, las personas que cometen el delito de trata hacen acuerdos extralegales para que en caso de ser detenidos, los jueces les pongan penas menores, o únicamente les cobren multas económicas.
“Están estos acuerdos fuera de la ley que se hacen con las bandas delincuenciales a cambio de favores, operan totalmente en la ilegalidad. Nadie los persigue y nadie los ve. Ellos (los delincuentes) aprenden qué caminito hacer, incluso legalmente, para poder pasar de cualquier tipo de persecución que pueda haber en su contra. Saben que nadie los va a perseguir”.
En 2017, otra legisladora, Laura Paula López (PAN), volvió a pedir al resto de los congresistas, que se homologaran las leyes federal y estatal, que se derogara el delito de lenocinio y se tipificara el de trata de personas.
La exdiputada propuso ante el pleno esta reforma, “los delincuentes se pueden proteger bajo el delito de lenocinio para no ser procesados y condenados por trata de personas, que implicaría pasar más años en la cárcel…”, señala parte de la propuesta presentada.,
“Urge armonizar a nivel local con los parámetros establecidos en la Ley General para impedir que los delincuentes se pudieran ver beneficiados por las múltiples alternativas jurídicas que existen para sancionar delitos íntimamente relacionados con el delito de trata de personas y en el delito de lenocinio”, explicó. Sin embargo, esta iniciativa simplemente no prosperó.
La impunidad es tal, que entre 2012 y 2022 la cifra de personas en la cárcel por el delito de lenocinio ni siquiera llegó a los dos dígitos, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que se obtuvieron mediante la solicitud de información con el folio 191841722000716 que se hizo para este reportaje.
Sin Consejo, sin plan operativo y sin recursos
No solamente se trata de lo laxa que es la ley estatal contra quienes hacen de la explotación sexual un negocio, sino que lo que establece
no se cumple. Por ejemplo, la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León dicta que el gobierno estatal debe crear un Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León, con representantes de diversas entidades institucionales.
Detalla -desde su creación en 2013- que el Consejo debería estar sesionando periódicamente, para establecer acciones contra ese delito. En dichas reuniones se tendría que discutir cómo aplicar estrategias para brindar atención a víctimas, como establecer rutas para su protección (refugios) tras su rescate, como crear programas y mecanismos de financiamiento para prevenir el delito, por mencionar algunas de las funciones.
Pero el Consejo sólo ha sesionado una vez en 2013, y otra en 2020, a petición y presión de la diputada Ivonne Bustos.
Una sesión más se llevó a cabo de manera virtual el 18 de marzo de 2021; en esta última se instaló la primera mesa de trabajo para establecer un plan de acción con miras a la homologación de la ley con la federal, según informó la secretaría técnica de Gobierno del Estado en la minuta trabajo, cuya copia se obtuvo en la solicitud de información con folio 191109122000454.
Ha pasado más de un año, y ya no volvió a haber otra sesión del Consejo, lamentó la ex legisladora Ivonne Bustos.
A la par de la conformación y operatividad del Consejo, la ley federal mandata la creación de un Plan de Prevención, “y hoy en día, nueve años después del 2013 de que se estipula su creación, el gobierno del Estado no lo ha creado formalmente. Este es un grave vacío porque el plan debe de tener acciones específicas y estrategias coordinadas con todas las instancias para que se tenga monitoreado este tema”, explicó Ivonne Bustos.
Peor aún, ni siquiera se cuenta con un presupuesto o alguna partida para que ese Consejo empiece a echar a andar planes maestros. La Secretaría de Gobierno lo confirmó en la solicitud de información con folio 191109122000454.
La Secretaría de Gobernación (Segob) refiere que los recursos destinados al combate a este delito son competencia de cada administración estatal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo tampoco tener “una partida o un monto específico para algún delito o área en particular”, si no que lo otorgan “de acuerdo a las necesidades de cada área”, detalla en la respuesta a la solicitud de información.
Complicidades y corrupción vistas desde Estados Unidos
La gravedad del delito, la opacidad con la que los gobiernos de México actúan, y la red de complicidades y corrupción que siguen permitiendo el delito de ganancias multimillonarias, no son vistas y denunciadas sólo a nivel local y nacional, sino que ya son una preocupación en Estados Unidos, fronterizo con Monterrey.
El 15 de agosto de este año, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un informe donde acusa al gobierno de México de no realizar acciones contundentes para combatir el delito de trata. “El Gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”, dice el documento.
Más adelante añade: “el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas exigido por la ley; las autoridades no emplearon sistemáticamente un enfoque centrado en las víctimas; y los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados.
“El gobierno no mejoró los esfuerzos para detectar indicadores de trata entre las poblaciones vulnerables y remitir a las posibles víctimas a los proveedores de servicios. Las prácticas fraudulentas de reclutamiento siguieron siendo generalizadas, pero el gobierno no tomó las medidas para hacer responsables a los reclutadores o agentes laborales”.
Estados Unidos añade que para este informe, el gobierno mexicano no proporcionó datos completos sobre investigaciones, procesamientos y condenas a nivel federal y estatal. Más aún, señala que la ley antitrata de 2012 -que fue derogada en Nuevo León para dejarla solo en el delito de lenocinio- permitía al gobierno federal investigar el delito con énfasis en la participación del crimen organizado e implicaciones de funcionarios gubernamentales.
Para el gobierno de Estados Unidos, “la corrupción y la complicidad de funcionarios en los delitos de trata siguieron siendo motivo de preocupación, lo que impidió la actuación de las fuerzas de seguridad durante el año. Algunos funcionarios del gobierno facilitaron o participaron en los delitos de trata”.
Al final del reporte, el gobierno norteamericano alertó sobre el aumento del delito de trata pero ahora en población infantil. “Las ONG (organizaciones no gubernamentales) informaron que el turismo sexual infantil sigue siendo un problema y continúa expandiéndose, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades fronterizas del norte”, como Monterrey.
Débiles respuestas ante la presión internacional
El pasado 22 de noviembre de 2022, tres meses después del duro informe del gobierno de Estados Unidos, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó pedir al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León,
que sesione.
La petición fue hecha por el diputado priísta Jesús Aguilar, quien dijo: ante la existente evidencia de que “no ha sesionado desde la pasada administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, ni en la administración actual, aun y cuando la citada Ley expresamente señala que el Consejo deberá sesionar ordinariamente cada tres meses”. No ha habido una respuesta.
Alicia Leal, ex secretaria de Mujer en Nuevo León, y activista cofundadora de la organización Alternativas Pacíficas -que se ha caracterizado por dar seguimiento cercano a causas como la trata de personas en Nuevo León- sostiene que “hay muchos grupos que siguen sacando provecho de este negocio, tanto los consumidores como los proveedores”.
“Los consumidores de trata, por lo general, son personas de cierto nivel adquisitivo, y ahí también hay todo un esquema, un entramado de protección a diversos actores que tienen influencia política en el estado”, dice con firmeza la activista.
Para la también ex secretaria de la Mujer, en este delito, los políticos “se unen a hombres de poderes fácticos, que son ‘las manos que mecen la cuna’, y no son las o los diputados quienes estén tomando las decisiones, sino quienes están atrás, diciéndoles qué deben hacer”.
En este contexto de impunidad que permite la trata de personas con fines de explotación sexual, la trabajadora Karina, aboga por una medida que, aunque dirigida específicamente a la trabajadoras sexuales, podría abonar al camino para combatir directamente este delito.
“Estaría bien que sacaran una tarjeta (que regulara y reconociera legalmente el trabajo sexual) o algo, como en la Ciudad de México, que ya ves que sacaron una tarjeta y a veces dan ayudas, o a veces dan talleres o hay bolsas de trabajo para las mujeres sexoservidoras… pues estaría bien chido, porque aquí en el norte, en Nuevo León, está bien muerto todo eso”.
…….
Para este reportaje se pidió entrevista en distintas ocasiones a la actual presidente del Instituto Estatal de la Mujer en Nuevo León, Laura Paula López; a la secretaria de las Mujeres del estado, Graciela Buchanan; y a algún vocero del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León, a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del estado. Ninguna de las solicitudes fue atendida.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
