Aunque uno de los pilares de la estrategia de seguridad del actual gobierno federal consiste en ofrecer opciones educativas y laborales a los jóvenes para evitar que sean enganchados por el crimen organizado, este año 14 estados resentirán recortes en el gasto que la Federación canaliza a los gobiernos locales para educación superior.
De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), dependiente de la Cámara de Diputados, de las 14 entidades que sufrirán ajustes en infraestructura educativa superior cinco son gobernadas por Morena (Baja California, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz), cinco están en manos del PAN (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Tamaulipas), dos son gobernadas por el PRI (Coahuila e Hidalgo), una por Movimiento Ciudadano (Jalisco) y una por el partido Verde (San Luis Potosí).
Los recortes más drásticos los experimentarán Durango, al pasar de 113.5 millones de pesos en 2021 a 34.2 millones este año, lo que representa un ajuste de 70 por ciento. Le sigue Veracruz, cuyos ingresos para ampliar y acondicionar universidades e instituciones de educación superior pasará de 214.3 millones de pesos en 2021 a 60.1 millones en 2022, una merma de 76 por ciento.
El castigo presupuestal hacia el rubro de la educación superior confirma una tendencia del actual gobierno, que además carece de una estrategia para estimular la formación de profesionistas, según una nota informativa elaborada esta misma semana por el CEFP.
“México carece de una visión estratégica para la educación superior y de posgrado, así como de mecanismos de dirección eficaces para este nivel de educación, principalmente en lo que respecta a la calidad y la diversidad de los programas educativos, lo que impacta directamente su vinculación con el mercado laboral”, señala el documento denominado “Recursos Federales para la Educación Superior y de Posgrado, enero-diciembre 2021”.
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El texto alerta que el financiamiento público de la educación superior y de posgrado en el país, además de ser reducido, se concentra en áreas de formación en ciencias sociales y humanidades, por lo que, conforme señalan organismos internacionales como la OCDE y nacionales como la ANUIES, convendría un mayor esfuerzo en materia de políticas públicas para promover más recursos hacia ingenierías, innovación tecnológica y ciencias exactas.
“Ante la ausencia de mecanismos que proporcionen niveles diferenciados de financiamiento público para campos de estudio y niveles de estudio distintos, las instituciones de educación superior en México tienden a ofrecer programas que tienen mayores probabilidades de atraer una alta matriculación y que son menos costosos en cuanto a personal e infraestructura”, dice el reporte.
El resultado es que poco más de 40% de la matrícula corresponda a las ramas de ciencias sociales, administración y derecho, mientras que sólo hay 0.7 investigadores dedicados a la investigación y desarrollo por cada mil trabajadores, una tasa muy distante del 7.7 que tienen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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