Luego de casi 12 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que apoyará a los padres de cuatro estudiantes mexicanos asesinados en Ecuador, presuntamente a manos del Ejército de Colombia.
La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, fue atendida por la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra.
Apoyo para que haya justicia y acceso a la verdad, así como reparación integral del daño y garantías de no repetición, fue lo que prometió la CNDH.
En diciembre de 2008 fueron asesinados los estudiantes mexicanos Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado.
Presuntamente el Ejército de Colombia bombardeó el campamento de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Sucumbíos, Ecuador, donde murieron los estudiantes.
Los padres de los jóvenes mencionaron que su queja por lo ocurrido en 2008 fue presentada ante la Comisión Nacional en diciembre de ese año, pero nunca obtuvieron respuesta.
Piedra Ibarra recibió un escrito en el que familiares de las víctimas señalaron que han realizado diversas acciones jurídicas, sociales, y políticas, y han sostenido reuniones con instancias de gobierno, organismos independientes de derechos humanos dentro y fuera de México, sin obtener respuestas por las autoridades mexicanas respecto de esos hechos.
En marzo de 2008, acompañados por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, presentaron en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos por el asesinato de sus hijos; de igual manera acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajadas de Colombia y de Ecuador en México y la CNDH, sin recibir colaboración en el caso.
Destacaron que las personas privadas de la vida han sido criminalizadas acusándoles de terroristas y narcotraficantes, en lugar de asumirlas como víctimas; y han luchado para buscar justicia cuando el Estado mexicano debió ser el primero en interponer ante Cortes Internacionales los juicios correspondientes por los homicidios y lesiones contra los estudiantes.
Asimismo, externaron ante la Presidenta de la CNDH que es impostergable que el Estado mexicano asuma su compromiso con la paz en la región, así como su obligación de defender a ciudadanos mexicanos que fueron víctimas de delitos en el extranjero, ya que es necesario muestre compromiso con la verdad, la memoria, justicia y la exigencia firme de no repetición de esos acontecimientos.
También manifestaron que parte de sus peticiones es el reconocimiento público de México de calidad de las víctimas a los jóvenes asesinados; exigir a Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento, además de una disculpa pública del Gobierno mexicano ante las omisiones y retrasos en las investigaciones.
En este sentido, también solicitaron que el Gobierno mexicano abra el archivo político del caso para el conocimiento de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas Sucumbíos; acceso al expediente jurídico para conocer su estatus, las acciones realizadas por el Gobierno de México contra los responsables directos y confesos de los homicidios de sus familiares; además brindar garantías necesarias, seguridad, apoyo psicológico y médico a Lucía Morett, la única sobreviviente. NR
