Fue el sábado 15 de julio cuando la periodista María Luisa Estrada Hernández y su hija fueron atacadas a tiros sobre la avenida Javier Mina, en Guadalajara. A 10 días de distancia, la comunicadora denunció atención deficiente en la investigación y exigió a las autoridades brindarle protección.
María Luisa, quien trabaja para el medio independiente La Grillotina Política, denunció lo ocurrido ante la Fiscalía General de la República (FGR); así, se negó a recurrir a la Fiscalía de Jalisco, dependencia en la cual dijo no confiar ante los presuntos nexos que mantiene con grupos criminales.
Ante la fiscalía liderada por Gertz Manero, la periodista María Luisa Estrada dijo haber sido interceptada por un hombre a bordo de una camioneta, quien disparó en cinco ocasiones.
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Además, refirió que al ser socorrida por policías municipales, uno de ellos le pidió que se había tratado de un “mensaje”; para que “le bajara” a lo que publica en el medio para el cual trabaja, le señaló.
En este sentido, la comunicadora aseveró que se identificó como integrante del área de atención de la violencia contra las mujeres. “Si te hubiera querido matar te hubieran matado”, apuntó. Sobre el uniformado, detalló que lo tiene identificado por nombre y que también logró fotografiarlo.
Tras el ataque, la comunicadora recurrió a la Segob, en donde se le buscó incluir en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo cual ella rechazó al considerarlo una simulación.
Además,, acotó que ese día tuvo que regresar a su domicilio sin seguridad, lo único que se le ofreció fue un botón de pánico para usarlo en caso de ser necesario.
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El ofrecimiento que aceptó por parte de dicha dependencia fue el cambio de ciudad de residencia, medida que se toma con la intención de inhibir el riesgo que corre.
Hay que señalar que la periodista María Luisa Estrada es una visitante frecuente en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Desde ese espacio ha denunciado casos de corrupción que involucran a los gobiernos de Pablo Lemus (Guadalajara) y Enrique Alfaro (Jalisco).
El caso de la comunicadora se da en medio de la hostilidad que tanto periodistas como activistas del país padecen desde hace unos años. Muestra de ello es que el pasado fue el más hostil contra ambos grupos, ubicando a México a la par de países como Irak y Siria. GA
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