Miles de personas participaron en las honras fúnebres de la activista hondureña Berta Cáceres, que incluyó una misa y un programa especial preparado por ambientalistas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
A las 11:00 horas locales, el cadáver de Cáceres fue llevado a la ermita lenca La Gruta, donde se realizó una misa a la que asistieron unas dos mil personas, entre ellas representantes de organizaciones religiosas estadunidenses y de organismos de Suiza, Brasil, México y Centroamérica.
Posteriormente, los restos de la activista fueron trasladados al Cementerio General de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
“Que este crimen horrendo no quede en la impunidad, que este gobierno sea presionado internacionalmente y (...) que se castigue a los verdaderos responsables, a los que son el cerebro de este asesinato”, pidió su madre Austra Berta Flores antes de iniciar el sepelio.
“No se puede distorsionar la verdad acerca del crimen que acabó con su vida. Sabemos que la razón de su asesinato fue su lucha en defensa de los bienes públicos”, expresó una de las hijas de la activista, citada por el diario local La Prensa.
De acuerdo a la denuncia de Gustavo Cáceres, hermano de la dirigente indígena y ambientalistas “las transnacionales la mandaron a matar”.
Cáceres fue asesinada el jueves en su casa en La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego e ingresaron por la fuerza a su vivienda, según la información oficial. Estamos consternados, confiamos en ustedes en que caiga quien caiga, los culpables pagarán y que la muerte de Berta no quedará impune”, aseguró el hermano de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que fue cofundadora en 1993. Hasta ahora las autoridades hondureñas han informado de una persona detenida, no identificada, y otra que resultó herida, quien es supuestamente el mexicano Gustavo Castro, un ambientalista originario de Chiapas que había viajado a Honduras para participar en unas charlas sobre el tema ambiental. Castro, quien al parecer recibe asistencia médica en un hospital privado, se había quedado en casa de Cáceres. Durante el velatorio se viven momentos desgarradores de dolor por parte de familiares y amigos de la dirigente indígena, quienes también pidieron castigo para los autores del crimen. Acusaciones de la hija de Cáceres
Por su parte, Berta Isabel Zúñiga, hija de Berta Cáceres, acusó a la constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca del asesinato de su madre, en una entrevista que difundió el portal Desinformémonos. “Yo personalmente responsabilizo a la empresa DESA, constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, que en reiteradas oportunidades la amenazaron indirectamente o directamente”, afirmó Berta Isabel Zúñiga, una estudiante de 25 años.
La hija de la reconocida activista indígena dijo que la compañía ya había “pagado a sicarios en varias oportunidades para asesinarla”. También señaló como responsables o cómplices al Gobierno hondureño, a la policía, el Ejército y los bancos internacionales que financian “estos proyectos de la muerte”. Conmoción en Honduras.
El crimen contra Berta Cáceres, madre de cuatro hijos, ha conmocionado a la sociedad hondureña, que de nuevo exige el cese de la violencia que a diario cobra la vida de unas 13 personas en el país.
El coordinador del Movimiento Madre Tierra Honduras, Juan Almendares, calificó su asesinato como “un crimen de lesa humanidad”. Cáceres, que este viernes hubiera cumplido 45 años, “es la máxima líder en la historia de la lucha ambiental en Honduras, una mártir”, enfatizó Almendáres. Además, instó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que sea “más categórica en la defensa de los derechos humanos”.
Por su parte, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas repudiaron “enérgicamente” el asesinato de Berta Cáceres. La Coalición también instó a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la nueva Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) a monitorear la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras y en el continente. Además, se exigió al Estado hondureño que cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar el asesinato de la activista. Y señalaron que estos asesinatos son “consecuencia de sus actividades por la defensa y protección de los derechos humanos, del ambiente y de territorios ancestrales en Honduras”.
Los embajadores en Honduras de Estados Unidos, James Nealon, y de la Unión Europea, Ketil Karlsen, asistiero al velatorio de la activista, quien en 2015 fue galardonada con el Premio Goldman de Medio Ambiente.
Agencias
