La incidencia delictiva y los hechos de violencia son parte de la herencia para las y los gobernadores entrantes de 15 entidades donde este año cambian de administración.
Para las más de 39 millones de personas que habitan en esos estados —una tercera parte en pobreza— el relevo en la gestión estatal significa una esperanza para mejorar la vida con los 15 nuevos gobiernos elegidos el 6 de junio pasado.
Los números no mienten y en al menos 11 estados—ocho ganados por Morena— de estos 15 que cambian de administración, la violencia homicida rompió récord en los primeros ocho meses de este 2021 en comparación con el mismo lapso previo a cuando asumieron el poder sus antecesores, es decir los gobiernos salientes.
En ese contexto de rendición de cuentas de los 15 nuevos gobiernos, en los que
12 hubo alternancia de poder y sólo en tres se mantuvo el partido gobernante, se encuentran 14.24 millones de personas en pobreza; más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad y se mantienen un tanto a la deriva de las negociaciones entre los gobiernos entrantes y la Federación y el rumbo de altibajos que estas impliquen para su economía.
Por ejemplo, Víctor Castro Cosío, actual gobernador en Baja California Sur —economía 28 del país por su aportación al PIB—, recibió un estado con un incremento promedio de 32% en las “aportaciones federales”; mientras su vecina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila recibirá el próximo 1º de noviembre el mandato en Baja California, la octava mayor economía del país, con un incremento promedio de 2.2%, en el mismo rubro.
En materia de seguridad, los pronósticos no son del todo alentadores y este es un botón de muestra: durante el fin de semana en el que asumió el gobierno de Zacatecas el morenista David Monreal Ávila, en la entidad se contabilizaron al menos 15 víctimas de asesinato, de acuerdo con el informe diario de homicidios dolosos del Grupo Interinstitucional.
Se trata de un reflejo de los mil 37 homicidios dolosos registrados de enero a agosto de este año que, en comparación con el mismo periodo previo a la toma de posesión de gobierno de su antecesor el priista Alejandro Tello Cristerna, significó un incremento de más del 191% en cuanto a la cantidad de muertes violentas y de un alza del 175 por ciento. Esto al comparar con los registros de asesinatos de los primeros ocho meses del mandato de Tello Cristerna.
Pese a ello, casos como los de Michoacán, San Luis Potosí y Sonora se encuentran en condiciones aún peores que las de Zacatecas. Las cifras de violencia homicida considerando los mismos parámetros de comparación advierten incrementos que van de 190 a más de 200 por ciento.
De mal en peor
Dentro del clima de violencia e inseguridad con el que asumen el gobierno las y los mandatarios electos —ocho de los cuales ya han tomado protesta en sus cargos hasta este jueves—, destacan casos en los que más allá del hecho de que las estadísticas oficiales los muestren como focos de una alta incidencia delictiva, las alertas de criminalidad se han vuelto parte de su cotidianeidad, tal es el caso de San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas, Michoacán y Colima donde los mandatarios entrantes asumen con un histórico índice de violencia homicida.
Tal es el caso de Michoacán, cuyo gobierno asumirá Alfredo Ramírez Bedolla el próximo 1 de octubre, donde la violenta pugna que mantienen los cárteles en busca del control territorial —principalmente de la región de Tierra Caliente— ha reavivado la sangrienta disputa que en los últimos días ha dejado un elevado saldo de víctimas mortales, que tan sólo al cierre de agosto implicó la muerte violenta de al menos 230 personas, el mayor número de los 15 estados donde hay cambio de gobierno.
Mientras la violencia crece en la entidad, el aún gobernador Silvano Aureoles Conejo interpuso el lunes de esta semana ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestamente violar sus derechos al no recibirlo en Palacio Nacional para presentarles las pruebas sobre la injerencia de la delincuencia organizada en las pasadas elecciones.
Las estadísticas señalan que pese a tratarse de la sexta entidad del país con el mayor despliegue de la Guardia Nacional, el mandatario deja un incremento superior al 190% en cuanto a la cantidad de muertes violentas de las registradas antes de asumir la gubernatura. Al comparar sus primeros ocho meses al frente del gobierno, implica un alza del 136% en cantidad de víctimas de homicidio intencional.
De acuerdo con el informe de seguridad del gobierno federal de enero a julio de este año, en cuanto al acumulado de las cifras de homicidio doloso, Michoacán pasó del sitio 15 al tercero a nivel nacional, superado sólo por los indicadores de Guanajuato y Baja California.
›En condiciones similares asumió el poder el extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien el pasado 13 de septiembre tomó protesta como gobernador de Sonora, donde hasta agosto pasado ya implicaba un aumento de más del 212% en la cifra de homicidios con respecto a lo registrado a los primeros ocho meses después de que asumió su antecesora, Claudia Pavlovich Arellano.
En medio de una encarnizada lucha territorial de la cual dio cuenta el propio presidente López Obrador quien el 24 de agosto pasado al asegurar que “con el enfrentamiento de bandas del crimen organizado se está haciendo labor preventiva y también trabajo de inteligencia para garantizar la paz en Sonora y en Cajeme, en especial”, la entidad ha registrado de manera paulatina el incremento de homicidios, cuya tasa de víctimas en los primeros siete meses de este año ya representan el mayor número en comparación con lo registrado en la totalidad de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 cuando la tasa por cada 100 mil habitantes no superó el 24.8 por ciento.
Feminicidios y extorsiones son otros dos de los delitos que a cinco meses de que concluya el año reflejan incrementos que superan por mucho los indicadores delictivos antepuestos con los que la hoy exgobernadora priista asumió las riendas del estado. En esa circunstancia se ubica el gobernador electo de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, quien en enero de 2015 fue detenido acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De las 15 entidades que tendrán nuevo gobierno este año, la entidad potosina es la de mayor incremento en cuanto al número de homicidios dolosos, donde al igual que en Zacatecas y Michoacán la lucha de cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de organizaciones rivales como el cártel del Pacífico y remanentes de otras bandas como el Cártel de Santa Rosa Lima, La Familia Michoacana y los Cárteles Unidos, entre otras organizaciones ha propiciado un repunte histórico de la incidencia criminal.
En 2020, el primer año de la pandemia de Covid-19, implicó que San Luis Potosí cerrara con una tasa por cada 100 mil habitantes del 25.54 de víctimas de homicidio doloso, la cual fue 174% mayor a la tasa de 9.32 de 2015 con la que asumió el gobierno saliente de Juan Manuel Carreras. El mismo fenómeno se replicó en la incidencia de víctimas de otros delitos como los feminicidios y el secuestro, este último que para julio de este año ya implicó un alza de más del 26% con respecto a las tasa anual de 2020.
Entre la incertidumbre y la esperanza
Precisamente en el rubro de “participaciones federales”, José Ricardo Gallardo Cardona, quien asumirá la gubernatura de San Luis Potosí el próximo 26 de septiembre, recibe el estado con un incremento promedio de casi 38%; mientras que Campeche, con la morenista Layda Elena Sansores, ya en el poder, el incremento promedio es de 2.7%, en dicha distribución de recursos.
Pero no sólo es la recepción de recursos de la Federación. En lo económico resalta Chihuahua, novena mayor economía del país con el mayor nivel de exportaciones en el país.
En materia de empleo formal, que reporta mejores salarios que el empleo informal, sobresalen Baja California, Nuevo León y Chihuahua por superar la ocupación del nivel prepandemia.
Por ejemplo, las empresas ubicadas en Baja California tienen registrados hasta agosto a 987 mil 424 trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir 75 mil 657 chihuahuenses más ya tienen empleo.
Un punto a destacar es que esa diferencia positiva se pueda derivar de la formalización de la subcontratación laboral.
En la antítesis del mercado laboral formal, con prestaciones de salud, vivienda a través del Infonavit y ahorro para el retiro, destaca la informalidad.
En este caso está Guerrero, donde el 15 de octubre asumirá sus funciones Evelyn Salgado, hija del político morenista, Félix Salgado Macedonio. La entidad se ubica en la economía 24 por su contribución al PIB nacional, por lo que Salgado deberá evaluar lo hecho por el exgobernador Héctor Astudillo en su mandato.
›De las 15 entidades, que concentran el 35.5% del PIB —es decir, cerca de 450 mil millones de dólares— en informalidad laboral vuelve a sobresalir Chihuahua, con el nivel más bajo, con 36 de cada 100 trabajadores. María Eugenia Campos está en el mejor momento para analizar si fue un efecto de la pandemia o si es que en el gobierno de Javier Corral aumentó casi un punto porcentual.
Un caso de interés será el de Samuel García, quien el 3 de octubre tomará el cargo de gobernador de Nuevo León, la tercera mayor economía del país, con una contribución estimada de más de 100 mil millones de dólares al PIB nacional, pues como diputado intentó “un nuevo pacto fiscal con la Federación”. Datos oficiales muestran que los ingresos brutos de Nuevo León fueron los más elevados de las 15 entidades que cambian gobernador.
Aunque también fueron los cuartos más elevados con poco más de 116 millones de pesos, sólo superado por Jalisco (132 millones de pesos), Veracruz (168 millones de pesos) y el estado de México (358 millones de pesos). Si bien faltan tres meses para concluir 2021, hay entidades federativas que no han entregado su información del año pasado, por lo que el orden de importancia partió con datos de 2019.
Nadie sabe para quién trabaja
Pero no todo es tan malo. En el gobierno del priista Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí logró un incremento promedio de “participaciones federales” de 37.7% respecto de lo recibido de la Federación, por el mismo concepto, en el gobierno que inició Fernando Toranzo.
De las 15 entidades que cambiarán de gobierno, Nuevo León registró el mayor monto promedio con tres mil 677 millones de pesos, San Luis Potosí necesitaría sólo cuatro años para alcanzar el mismo monto de “participaciones federales” a la entidad que todavía gobierna Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco.
En el caso de Querétaro, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Baja California necesitarán cinco años para alcanzar a Nuevo León, mientras que Tlaxcala, Colima, Zacatecas y Baja California Sur lo lograrían de nueve a 11 años.
Sin embargo, Nayarit requeriría 18 años para lograr el nivel de Nuevo León, aunque Campeche necesitaría más de medio siglo (59 años) para alcanzar a la entidad regiomontana. Esto por el monto recibido fue de 810 millones de pesos con un incremento de 2.7 por ciento.
En el caso de las “aportaciones federales”, la entidad (de las 15) con mayores recursos de la Federación fue Guerrero con tres mil 240 millones de pesos.
A partir del monto y su variación porcentual, Baja California requeriría 28 años (creciendo al 2.2%) para alcanzar a Guerrero. Zacatecas necesitaría 20 años. En tanto, Nayarit, Campeche, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y Colima necesitan entre 10 y 18 años.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las aportaciones federales son recursos que transfiere la Federación en virtud de la descentralización de las funciones para ofrecer los servicios de educación básica y para adultos; de salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; y para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.
En tanto, las participaciones federales, a diferencia de las aportaciones federales, son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, y que las autoridades estatales los ejercen libremente en la producción de bienes y servicios que consideren necesarios.
Es decir, las participaciones federales son recursos que los Estados y Municipios ejercen libremente, mientras que las aportaciones federales son recursos etiquetados o condicionados, porque la Federación determina en qué se deben gastar.
En suma, la esperanza de un mejor desarrollo económico no sólo es para los 39 millones de habitantes que tendrán un nuevo gobierno este año, sino de todos los 127.7 millones de mexicanos que habrá al cierre de 2021 y sobre todos los futuros habitantes, ya que para 2024 habrá 4.1 millones más para llegar a 131.8 millones.
Ese incremento poblacional equivale a toda la población actual de Oaxaca o bien a toda la población conjunta de Tlaxcala, Nayarit, Campeche y Baja California Sur.
