La batalla que inició en abril podría tener un final muy distinto al esperado. La Reforma Electoral que luego se convirtió en el “Plan B” en materia electoral, para modificar varias leyes secundarias en dicha materia podría ser vetada por su propio impulsor: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su primera propuesta, el mandatario buscaba transformar al Instituto Nacional Electoral (INE), reducir su presupuesto y la cantidad de diputados a 300, entre otros cambios, pero ante el rechazo por parte de los legisladores, consejeros del organismo y hasta grupos de la sociedad, López Obrador optó por una segunda propuesta.
El mismo día que se rechazó la Reforma Electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó en San Lázaro el “Plan B”, que no necesitaría las dos terceras partes del Congreso para su aprobación, sino con el voto de Morena y aliados lo lograría.
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Sin embargo, en su primera revisión se realizaron algunos cambios, entre ellos algunas modificaciones que beneficiaban a los partidos pequeños aliados de Morena: el del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).
En los artículos 12 y 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se hicieron modificaciones de último momento, como la posibilidad que partidos políticos aliados puedan repartirse los votos que obtengan.
Y aunque en su primera aprobación ya había ordenado su modificación, esta vez el presidente López Obrador fue más allá y aseguró que, de confirmar una contradicción vetaría el cambio, aunque esto signifique borrar completamente su iniciativa y por la que ha luchado desde hace ocho meses con la oposición.
La cláusula de vida eterna
Tras la aprobación, con mayoría de 63 votos a favor y 48 en contra, por el Pleno del Senado de la República al llamado “plan B” de la reforma electoral del presidente López Obrador, la Cámara de Diputados inició la discusión de las modificaciones al dictamen.
Aunque al recibir la minuta del Senado, los diputados federales advirtieron que su resolución tenía carácter de “urgente” y que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados dieron trámite de manera exprés al dictamen, legisladores de oposición reiteraron que se agotarán “la lucha en defensa de la democracia” en la Suprema Corte.
Sin embargo, al momento de que la discusión tocó el tema de la transferencia de votos, también conocida como la cláusula de “vida eterna”, que desde el debate en el Senado fue señalada por la oposición como un “fraude electoral legal”, como acusó el senador Damián Zepeda, implicó un receso en la llamada Cámara Baja a fin de las bancadas alcancen un acuerdo para decidir si mantener o eliminar dicha cláusula.
La denominada cláusula de “vida eterna” implica la asignación de un porcentaje de votos en favor de una determinada coalición, cuyo beneficio recaería en un mismo candidato, lo cual ha sido señalado por legisladores de oposición e incluso consejeros electorales como una medida que atenta contra la Constitución y las leyes en materia electoral.
“Se llama pago de favores para darle respiración artificial al Partido Verde y al PT. Se llama transferencia de votos. Incluso se trata de cuidar a aquellos partidos que en el argot se le conoce como la chiquillada aquellos que están teniendo que acudir al tribunal para ver si tienen el registro”, advirtió el senador Emilio Álvarez Icaza.
En el marco de la discusión del “plan B” en el que se prevé haya modificaciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, por un monto de 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos, reflejando el recorte aprobado por la Cámara de Diputados.
“Lamentablemente y de nueva cuenta, en un contexto marcado por una violenta embestida desde el poder contra el INE, a fin de desacreditarlo y mermar su eficacia operativa por la vía financiera, una mayoría de la Cámara de Diputados autorizó a este órgano constitucional autónomo un total de 13 mil 987 millones 856 mil 733 pesos lo que implicó un recorte de 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos, respecto de los 18 mil 463 millones solicitados inicialmente, para llevar a cabo las elecciones y una eventual Consulta Popular”, señaló la consejera, Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto del instituto.
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