Transferencia de Guardia Nacional a Sedena confronta a los poderes
Las diferencias del Presidente con la Corte se siguen ampliando, ahora es la Guardia Nacional, uno de los proyectos emblemáticos de esta administración y que será tema de la agenda del Pleno la próxima semana
La controversia y choque de posturas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial, particularmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reavivó en los últimos días y ha incrementado las presiones del mandatario hacia los ministros del máximo tribunal del país.
Aunque la tensión y polémica entre ambos poderes se agudizó desde que la ministra Norma Lucía Piña Hernández asumió la presidencia del alto tribunal en enero pasado, ya que el mandatario la ha señalado como su “adversaria”, ahora el foco de esas diferencias recae en el proyecto de sentencia que esta semana se hizo público en el que bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se propone declarar como inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la cual decretó el presidente López Obrador en septiembre pasado.
›Este jueves, y por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador se pronunció por el asunto que probablemente será analizado la próxima semana por el Pleno de la SCJN, y reiteró el llamado a los jueces constitucionales para mantener el control del Ejército sobre la Guardia Nacional.
“Si no depende la Guardia de la Defensa se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta”, reiteró el mandatario al destacar la relevancia de mantener el despliegue de guardias nacionales que “están actuando de manera disciplinada”.
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Un día después de que se dio a conocer el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 en el que el ministro ponente señala como “un fraude a la Constitución Federal” el considerar que la Guardia Nacional pueda mantener su carácter civil y doctrina policial si se mantiene sometida a la jurisdicción y régimen disciplinario militar.
La reacción del Presidente fue advertir un “error garrafal” si así lo considerasen la mayoría de los ministros.
“Sería muy irresponsable, es, de veras, un daño al país. Y si fuese así, si resolvieran los ministros de que no debe la Secretaría de la Defensa hacerse cargo de la Guardia Nacional, como sucede en otras partes del mundo (…) Entonces vamos nosotros en el tiempo que nos queda, de todas formas, a cuidar que no se eche a perder”, advirtió el mandatario en su conferencia del 12 de abril.
Y es que, aunque el argumento central con el que el presidente López Obrador sostiene que “la única manera” en la que la Guardia Nacional se mantenga como una institución profesional y confiable que garantice “auténticamente” la defensa y protección de la ciudadanía es que dependa de la Defensa Nacional. Lo cierto es que las denuncias por presuntos abusos y faltas de ese cuerpo policial-militar han ido en aumento.
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Así lo demostró el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al número de denuncias por violaciones a derechos humanos que recibió a lo largo de 2022 en el que se advierte que la Guardia Nacional superó en más de 34% el número de quejas que se presentaron contra elementos del Ejército.
Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH el número de quejas en contra de la Guardia Nacional se incrementó en un 14.48 % entre 2021 y 2022; mientras que las quejas contra militares disminuyeron 1.8 %, al pasar de 436 a 428 en el mismo periodo. Esto evidencia que en el tiempo que lleva en funciones la Guardia Nacional encabeza el mayor número de quejas, con un acumulado de al menos mil 431 entre 2020 y 2022.
Aunado a ello, el choque de posturas con las organizaciones de la sociedad civil se mantiene en vilo, pues a pesar de que el proyecto del ministro González Alcántara cuenta con un respaldo generalizado de las distintas oenegés; el proyecto de la ministra Loretta Ortiz en el que anticipa negar el amparo a la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) al descartar que la Ley de la Guardia Nacional invade competencias de los estados y municipios del país, agudiza la polémica sobre el futuro de dicha corporación.
14.48 por ciento se incrementó el número de quejas en contra de la Guardia Nacional ante la CNDH.
