Las trabas en la investigación, espionaje a la asistencia técnica internacional e insistencia de la “verdad histórica” por funcionarios “nos están matando poco a poco”, denunció Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno del 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante la tercera audiencia de oficio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A más de tres años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el comisionado Luis Ernesto Vargas estimó “casi inconcebible” que haya pasado tanto tiempo sin establecer responsabilidades en la órbita del Estado.
Es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública”, señaló.
Los comisionados se interesaron por el estado de las investigaciones sobre la tortura a presuntos responsables y urgieron al gobierno de México a avanzar en los mapas de fosas clandestinas y el uso de tecnología Lidar, entre otros. Vargas Silva reiteró a los padres que “la CIDH no va a abandonarlos”, lo cual añadió “es un desvelo de toda la comisión”. La CIDH y los padres de los normalistas exigieron este martes al Estado mexicano respuestas sobre su paradero.
Ya son tres años de dolor. Queremos verdad y justicia”, expresó Blanca Nava, madre de uno de los normalistas
Les debería dar “vergüenza” por no encontrar ni una pista en 37 meses, agregó la madre durante la audiencia sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso Iguala, en el marco del 165 período de sesiones de la CIDH que se desarrolla en Montevideo, Uruguay. Acompañados de sus abogados, los padres señalaron que continúa la obstaculización a la asistencia técnica internacional con acciones como espionaje, el ocultamiento de información y evidencia al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) y las declaraciones de funcionarios reivindicando la llamada “verdad histórica” de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, carente de sustento científico.
A tres años no existe justificación para que [en el gobierno] no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos”, consideró Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete y quien denunció que las autoridades “andan buscando la respuesta en el aire”.
“Han fallado” y “están obstaculizando la investigación”, lanzó Navarrete. Los familiares cuestionaron el uso político y la falta de independencia de la Procuraduría General de la República (PGR). Refirieron que mientras se premia a funcionarios como Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a otros como el exvisitador general de la PGR, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes e incluso citaron a destitución del extitular de la Fepade, Santiago Nieto. Los padres recordaron que Zerón, tras la visita del MES en agosto de 2017, contradijo a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño al reivindicar la teoría de “la verdad histórica” construida en su periodo. Mientras que el comisionado James Cavallaro cuestionó a los representantes del gobierno Peña Nieto sobre los avances en la investigación contra Tomás Zerón, señalado por cometer graves irregularidades, pero no obtuvo respuesta. Ante el silencio oficial, la comisionada Margarette May Macaulay consideró que el Estado debe ser “duro” con las personas que empeoran la relación entre las familias y el gobierno federal. Los defensores de los padres señalaron que la PGR ha litigado para evitar que funcionarios como el extitular de la AIC sean sancionados. Del lado del gobierno de México, el último fiscal designado para el caso, Alfredo Higuera, sostuvo que los familiares “tienen razón. Tres años es mucho” tiempo. Higuera, que calificó el caso de “dramático y grave”, pidió a los familiares poder “trabajar cerca, unidos en lo posible” para saber “a ciencia cierta lo que les pasó a sus hijos”. La audiencia, que tuvo lugar en el Congreso uruguayo en una sala repleta, es parte del seguimiento que la CIDH hace de esta desaparición masiva. El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, cimbró a México con manifestaciones multitudinarias y una condena general al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La PGR concluyó que los estudiantes, que esa noche habían secuestrado autobuses de transporte para asistir a la marcha del 2 de Octubre y conmemorar el aniversario de la matanza estudiantil de 1968 en la ciudad de México, fueron detenidos por policías corruptos que a su vez los entregaron a un grupo criminal, quienes los habrían asesinado e incinerado sus restos y finalmente arrojar las cenizas a un río. El grupo de expertos de la CIDH ha cuestionado esta conclusión al entender que no se sostiene en evidencia suficiente, y recomendó profundizar en otras líneas de investigación. (Con información de AFP. FOTO: @Tlachinollan) EC
