TecNM rechaza nombramiento de director sin experiencia

“¿De dónde salió? Señor Presidente” el nuevo director del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Ramón Jiménez López es el reclamo que hacen los trabajadores de la institución al jefe del Ejecutivo federal.

La preocupación por el nombramiento del nuevo director fue expresada al mandatario en una carta pública que también fue dirigida a la Secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez.

La misiva está firmada por la base trabajadora y en general por la comunidad tecnológica de los institutos que dependen orgánicamente del TecNM.

Con sumo respeto nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra aguda inconformidad por el nombramiento del C. Ramón Jiménez López, como nuevo director general del Tecnológico Nacional de México”, increparon.

Señalan en la misiva que Jiménez López también aún figura como director general de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, de acuerdo al portal de la dependencia referida.

Asimismo, señalaron a la cúpula de la dirigencia de la Sección 61 del SNTE de apoyar el nombramiento, mismo que no toma en cuenta el sentir de la base trabajadora, “sino que obedece a intereses personales y de grupos muy cerrados”.

Reclamos puntuales

En una lista de cuarto puntos indican que hay personas más capaces para ocupar el cargo dentro de la institución. Señalaron el alto costo de tener que enseñarle a un sujeto externo los tejes y manejes del TecNM.

Sin embargo, el argumento más fuerte de los trabajadores de la institución es que en términos legales el nombramiento de Ramón Jiménez López, infringe en los apartados IV y V del artículo 7o. del decreto de creación del Tecnológico Nacional de México.

La regla dice que debe contar “con estudios de especialidad o maestría acreditados” y “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia educativa y administrativa en el sector público”.

Por otra parte, señalan que es de llamar la atención que el nuevo director general no figura en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, ni en el Registro de Servidores Públicos.

Luego entonces la pregunta generalizada es: ¿De dónde salió? Señor Presidente: La mayoría de los trabajadores agremiados a la Sección 61 del SNTE y que todos los días damos nuestro mayor esfuerzo por la educación superior tecnológica de México, le apostamos en el 2018 a su proyecto presidencial y seguimos creyendo firmemente en la cuarta transformación”, se lee en la carta.

Le exigieron al presidente López Obrador “un director general que nos lidere en la consolidación de su proyecto, con capacidad, responsabilidad, honestidad y firme lealtad a su ideología”; pues “nunca más un improvisado, ni oportunista, ni advenedizo”.

Repiten caso CIDE

Esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno federal y sus dependencias reciben reclamos por el nombramiento de funcionarios en la cartera de Educación.

El caso más sonado fue el nombramiento de José Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en noviembre del año pasado. Pese al rechazo de la comunidad estudiantil, Elena Álvarez-Buylla formalizó el nombramiento entre las protestas de alumnos que mantienen tomadas las instalaciones de la escuela.

Afirmó que “el proceso de designación del nuevo titular del CIDE se realizó con total transparencia y en estricto apego a la normativa marcada en el Estatuto General de este Centro Público de Investigación”.

LEE TAMBIÉN: Ratifican a Romero Tellaeche en el CIDE; llama al diálogo

Sin embargo, en ejecentral dimos a conocer que en realidad no hay evidencia legal del nombramiento de Tellaeche. El Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (Conacyt) entregó al Poder Judicial y al INAI un acta del nombramiento de Romero Tellaeche sin formalidades jurídicas mínimas, denunciaron integrantes de la Asamblea Estudiantil CIDE.

Asimismo, indicaron que “la exhibición del acta notariada, clara y legible del nombramiento” no está protocolizada ante notario público y le falta “la lista de asistencia con firmas autógrafas de las personas e instituciones que participaron en la de la sesión”.

La falta de este documento, requerida desde el 29 de noviembre de 2021, es para la Asamblea “un posible acto de corrupción”; puesto que “no es clara la legalidad de los actos de autoridad y de ejercicio de presupuesto público que tanto Romero como su cuerpo directivo han realizado durante los últimos meses”. DJ

ES DE INTERÉS |