Tortura, impropia de un Estado de Derecho: Juan Silva Meza

ITZEL REYES | @ItzyBit_Reyes

La tortura y los malos tratos son prácticas impropias de un Estado de Derecho, afirmó el Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y recordó que desde hace 20 años, organismos internacionales de protección a los derechos humanos han sostenido la existencia de estas prácticas en el país.

Durante la presentación del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, el Ministro agregó que la ejecución de la tortura supone violentar el derecho a la integridad personal que es fundamento de los derechos humanos.

“El derecho a la integridad personal conlleva a la prohibición de infligir tortura y malos tratos a las personas, la cual es considerada en la actualidad como normas de ius cogens, es decir, como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario”, sostuvo el Ministro Presidente.

El protocolo se pondrá a disposición de mil 250 juezas, jueces, Magistradas y Magistrados Federales, y de 800 defensores públicos, y contiene las reglas de actuación dirigidas principalmente a jueces de procesos penales en casos de tortura y delitos conexos que lleguen a su conocimiento.

También contempla orientaciones para jueces de procesos penales, de ejecución penal y amparo y los del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, y así garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas, afirmó el Ministro.

Además propone acciones para prevenir la incidencia de hechos de tortura y malos tratos en dos sentidos, para la investigación y sanción de hechos constitutivos de estas prácticas y para la prevención de estas.

Destacó que en el campo de los derechos humanos en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo marco jurídico como la Constitución, los tratados y las leyes federales y estatales, por otro, la real, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica.

Silva Meza, reconoció que el México legal tiene grandes avances en el reconocimiento de los derechos humano, pero “es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso: una realidad”.

La prohibición de la tortura está reconocida en varios tratados internacionales que fueron ratificados por México, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humano, y en cumplimiento a esas obligaciones fue que se elaboró el protocolo.

“Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y malos tratos, pácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades”, enfatizó. Este protocolo es el séptimo de la serie de instrumentos elaborados por la Suprema Corte que pretenden ofrecer pautas de actuación a los juzgadores del país en asuntos que involucren derechos humanos de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.