En el marco de la pandemia de Covid-19, en diversas protestas, sobre todo de corte feminista, la actuación de las corporaciones de seguridad terminó en tortura y ausencia de justicia para reparar el daño a las víctimas.
De acuerdo con el informe de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), se observó un recrudecimiento de la represión, por parte de fuerzas de seguridad civiles y militares, en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.)
Por ejemplo en junio pasado, en Jalisco se registró que las manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual).
Las organizaciones señalaron que en los primeros 18 meses del actual gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales. Esto se suma a mil 259 casos existentes, pero sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia.
La principal institución señalada por su silencio y falta de trabajo conjunto es la Fiscalía General de la República, que aparece un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente, sostiene el informe.
El documento señála que además de la inacción de la FGR, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, que sería una pieza clave para la defensa de manfestantes y defensores de derechos humanos, está completamente paralizado.
“En lo que refiere al trato que reciben las y los sobrevivientes y familiares de tortura y otros malos tratos por parte del personal de las instituciones públicas, este continúa caracterizándose por carecer de empatía e, incluso, en muchos casos se encuentra marcado por acciones estigmatizantes y criminalizantes”, apuntaron las organizaciones.
