Hasta el corte del 27 de mayo, 110 mil 757 personas en el país se encuentran en calidad de desaparecidas y no localizadas; de las cuales cerca del 17 por ciento son niños, niñas y adolescentes, según información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
De acuerdo con activistas que se reunieron en el Senado de la República, cada día 14 infantes en el país son secuestrados o sustraídos ilegalmente; y en el 60 por ciento de los casos los responsables son sus propios padres o familiares.
Es por ello que Cynthia Bravo Moore impulsó la llamada “Ley Camila”, la cual ya obtuvo sus primeros resultados, al vincular a proceso a Carlos “N”, acusado de violencia familiar y de sustraer ilegalmente a su hija en tres ocasiones: las primera cuando la niña tenía seis meses; la última cuando volvió a casarse y decidió –sin informar a nadie– que se llevaría a su hija a vivir con su nueva pareja.
Al señalar que la mayoría de las desapariciones de menores están relacionadas con sustracciones ilegales de familiares (principalmente padres), activistas y senadores concordaron en fortalecer el marco legal para sancionar este delito y agilizar las herramientas de búsqueda.
Y es que según datos de la Redim, uno de cada cinco niños y niñas reportados como desaparecidos sigue sin ser localizado; en tanto, datos hasta marzo de 2023 refieren que de los 82 mil 328 reportes de desaparición, 710 menores de edad fueron localizados sin vida.
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La Redim también advirtió que dos de cada tres menores de 18 años reportados como desaparecidos en el país son mujeres (55 mil 873); siendo el estado de México, Tamaulipas y Jalisco los estados con más casos.
Tan solo en la presente administración federal, los reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos suman 19 mil 445 casos; de ellos, cinco mil 102 siguen sin ser localizados.
“Si te vas te voy a quitar a los niños”, eran las palabras que siempre escuchaba Dania Michelle Casillas cuando le decía a su expareja Germán “N” que quería separarse.
La madre y activista presente en el Senado narró cómo el miedo, la dependencia económica y emocional muchas veces las obligan a no separarse de sus parejas, quienes además las amenazan para intentar retenerlas.
La llamada violencia vicaria ya fue aprobada por el Senado para que se castigue hasta con cinco años de prisión a quien cometa este delito.
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