Tentados por la opacidad

Jonathan Nácar, Bet Birai Nieto, Juan Carlos Rodriguez Francisco Pazos, y Luis Nieto

La mayoría en el Senado tiene urgencia de aprobar la nueva Ley General de Archivos, pero la oposición de organizaciones civiles y algunos senadores frenaron en diciembre pasado el intento por abrir la puerta a la opacidad.

Especialistas e investigadores advierten: la ambigüedad de esa iniciativa impide el libre acceso a documentos gubernamentales de los tres niveles de gobierno en todo el país, facilita la posibilidad de desaparecerlos o demorar su revisión en los archivos, y la falta de reglas y criterios claros, que deja la definición a la Secretaría de Gobernación (Segob), abre las puertas a que en el resguardo y clasificación de esos legajos puedan prevalecer las posiciones e intereses políticos.

ES DE INTERÉS | La ruta épica hacia la transparencia

Desde el Senado de la República, el pasado 17 de noviembre, los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una iniciativa de ley que, en teoría, reforzaría la transparencia y la creación de un sistema de archivos en todo el país, pero en realidad se trata de una amenaza para lograr una verdadera apertura gubernamental, de acuerdo a historiadores, investigadores y organizaciones especializadas en transparencia consultados por ejecentral, quienes advierten que esa normatividad no cumple con los estándares internacionales que México ha firmado.

Liliana Veloz Márquez, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE, aseguró tajante: “estamos preocupados de que se apruebe una ley en los términos que se busca con esta iniciativa porque sería un retroceso”.

Los archivos en riesgo de alterarse, alertó, no son los referentes a la Constitución ni al periodo de la Guerra de Independencia, sino aquellos administrativos y de gestión cotidiana de la administración pública que aportan información sobre posibles actos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones o violaciones a derechos humanos, por ejemplo.

Para el senador del PRD Benjamín Robles, la propuesta de la Ley General de Archivos que pretendía aprobar el PRI, con el apoyo de algunos senadores, en diciembre pasado “abre la puerta trasera para cerrar la puerta a la transparencia”.

“Estoy totalmente de acuerdo con esas voces que se han expresado en contra de lo que hoy se está discutiendo y que hubiesen querido los priistas que se aprobara en el periodo que ya concluyó. Me parece que fue un acierto muy importante de las oposiciones, de distintos grupos parlamentarios, concretamente de izquierda, que nos hemos opuesto a que esto pueda avanzar y vamos a dar una gran batalla. En sentido de acotar la transparencia es gravísimo lo que se quiere hacer en el Congreso de la Unión”, dijo.

El control

El acceso a información libre y veraz es un derecho humano y está garantizado por la Constitución. La Organización de Naciones Unidas plantea como prioritaria la preservación de archivos gubernamentales como un instrumento para acceder a la verdad, por lo que se debe facilitar su consulta y proporcionar medidas normativas específicas para su manejo.

›Aunque la iniciativa sostiene que forma parte de los instrumentos para la transparencia, existen al menos cuatro apartados que para los especialistas marcan un retroceso en la apertura de gobierno: los artículos 48, 60, 105 y 14 transitorio.

La propuesta, firmada por los senadores Cristina Díaz, Laura Angélica Rojas y Héctor Larios, prevé en su artículo 48 que en cada dependencia “deberá existir un grupo interdisciplinario que establezca los valores, vigencias documentales y, en su caso, los plazos de conservación y disposición documental”.

El artículo 60 plantea la creación del Consejo Nacional, que encabezará la Secretaría de Gobernación y que integrarán, entre otros, la Secretaría de la Función Pública, un diputado, un senador, un representante del Poder Judicial de la Federación; un comisionado del INAI; un integrante de la Junta de Gobierno del Inegi; los titulares de la Auditoría Superior de la Federación y del Banco de México; el presidente de cada uno de los consejos locales; y representantes de los archivos privados, de docencia, investigación o preservación de archivos, y de las asociaciones de archivistas. Este órgano deberá emitir criterios de organización y administración de los archivos vinculantes para los sujetos obligados.

Esto significa, explicó en entrevista Isnardo Santos Hernández, historiador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que a través de un sistema burocrático se revisa la naturaleza del documento y controla el acceso al mismo. La preocupación de que la Segob sea quien asuma estas funciones radica en que se abre la posibilidad de generar “limpieza” de expedientes, por “el peligro que entraña la discrecionalidad con la que se trate la documentación pública.”

La iniciativa establece, en el artículo 105, que el Presidente designará al director del Archivo General de la Nación, quien ocupará el cargo de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Archivos, que gozará de autonomía para aplicar y supervisar la implementación de lo que ordene el Consejo Nacional, presidido por Gobernación.

Otorgar el control absoluto de los documentos históricos, sean de la temporalidad que abarquen, al ministerio encargado de la política y seguridad interna del país sólo ocurre en naciones donde se rigen por dictaduras como sistema de gobierno, pues están relacionados con la generación y salvaguarda de información, mas “no con el control político”, advirtió Mauricio Merino Huerta, doctor en Ciencia Política y profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El limbo

El artículo 14 transitorio de la propuesta señala que los expedientes de entidades federativas y municipios del país también estarían bajo el amparo de Gobernación, y no establece la temporalidad para que los legajos de las diferentes dependencias pasen de una fase de concentración a los archivos históricos.

Para la historiadora y autora de la Guía del Fondo de Gobernación, María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, de aprobarse tal cual está la iniciativa, implicaría que el archivo del presidente Enrique Peña Nieto podría no entregarse íntegro o simplemente quedarse un largo tiempo en un archivo de concentración, pues no se establecen plazos específicos de transferencia hacia un archivo histórico.

El primer párrafo del artículo 14 transitorio de la iniciativa de ley cita que “aquellos documentos que no hayan sido organizados y valorados y que fueron transferidos a un archivo histórico antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se les deberá aplicar los procesos técnicos archivísticos antes mencionados, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la información”. Y el tercer párrafo de este artículo, que prendió los focos rojos entre el gremio de historiadores y archivistas, porque establece que “en tanto no concluyan los procesos técnicos archivísticos señalados en el párrafo anterior, el acceso a los mismos procederá de acuerdo con lo dispuesto por la ley”.

Magdaleno Cárdenas explicó que dejar en manos de un burócrata que carezca de capacitación y no aplique criterios de archivística al momento de pasar un expediente del archivo de concentración al histórico es una de las gravedades de la nueva iniciativa.

“Si al burócrata no le da la gana, no le entiende, no le interesa o quiere censurar, no lo pasa al archivo histórico. Esta ley no establece, como lo hace el Consejo Internacional de Archivos, los plazos para que permanezcan en cada etapa. En manos de un burócrata se corre el riesgo de que el expediente de cualquiera se vaya hasta 30 años después al archivo histórico”, sostuvo.

Magdaleno Cárdenas refirió que una vez que prescribieron los valores de los archivos, éstos deben ser liberados automáticamente y en este caso no se establece la temporalidad para que un archivo pase del de concentración, donde aguardará a ser clasificado o desechado, hacia el histórico. “En este artículo nunca se especifica cuánto tiempo tardará un archivo histórico y aunque se podría determinar en un reglamento adicional, para eso está la ley, pues el reglamento sirve para especificaciones técnicas”, refirió la experta.

Mauricio Merino aseveró que el tiempo no estipulado en este artículo para la revisión de los archivos históricos del país representa un “riesgo enorme” que abre la posibilidad a un grupo de burócratas, “que no son historiadores ni tienen calificaciones archivísticas correctas”, para purgar la memoria histórica de México y las evidencias que podrían documentar actos de corrupción en nombre de la protección de los datos personales o incluso de la clasificación confidencial o reservada de información que sólo ellos establecerían.

Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina de Artículo XIX en México y Centroamérica, consideró que “podemos tener la mejor ley del mundo, pero no quiere decir que seamos un estado transparente porque no lo somos”.

Casos ejemplares

Susana Zavala-Orozco, investigadora del Fondo Dirección Federal de Seguridad, sostuvo que en Colombia y Costa Rica el manejo de los archivos dista mucho de lo que se hace en México.

›Uno de los ejemplos en el continente americano se sitúa en Colombia. Todas las dependencias, municipalidades y entidades están obligadas a tener un departamento especial de resguardo para sus archivos; y después de cada periodo presidencial, el poder Ejecutivo debe entregar todos sus documentos al Archivo Nacional.

›Los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) es una agencia independiente adscrita al gobierno federal que protege y documenta los registros gubernamentales e históricos; mantiene las Bibliotecas Presidenciales de Estados Unidos, una red nacional de bibliotecas que conservan y hacen públicos documentos de los jefes de Estado desde Herbert C. Hoover y hasta George Bush. Desde 2006 tienen una alianza con Google para digitalizar y ofrecer videos gratuitos en línea.