El presidente brasileño Michel Temer afirmó el martes que la denuncia de corrupción formulada en su contra por la Fiscalía es “una ficción” movida por intereses que pretenden “paralizar al país”. En una breve declaración a la prensa en el Palacio de Planalto en Brasilia, el mandatario conservador afirmó que ve los cargos que se le imputan como “una infamia de naturaleza política”, sin “fundamento jurídico”.
“Quieren parar al país, quieren parar al Congreso. Atacan a la Presidencia de la República”, exclamó Temer, aplaudido al finalizar el discurso por unas decenas de legisladores y asesores.
“No huiré de las batallas ni de las guerras que tenemos por delante. No me falta coraje para seguir en la reconstrucción del país y en la defensa de mi dignidad personal”, desafió. Temer se convirtió el lunes en el primer presidente en funciones de la historia de Brasil en ser acusado por un delito común, en una nueva fase de la crisis que hace poco más de un año llevó al Senado a destituir a la presidenta izquierdista Dilma Rousseff, por manipulación de las cuentas públicas. El fiscal general, Rodrigo Janot, acusó a Temer de haber recibido un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y estrecho asesor del presidente, recibiendo una maleta con el dinero y lo arrestó. El fiscal afirma que ese dinero estaba destinado a Temer, pero el gobierno dice que la denuncia se basa en meros supuestos, para justificar un generoso acuerdo de colaboración que la corte suprema firmó con los dueños de JBS para suavizar sus condenas.
"¿Dónde están las pruebas concretas de la recepción de esos valores?”, se preguntó Temer.
Para que la denuncia llegue al STF, debe ser aprobada por tercios de los diputados (342 de 513). Una opción que ahora mismo parece improbable debido a la amplia mayoría que tiene el oficialismo y a que hay decenas de legisladores mencionados o investigados en casos de corrupción. El mandatario ha logrado hasta ahora mantener a su lado a su principal socio de gobierno, el PSDB (centroderecha). Pero el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), figura emblemática de ese partido, dijo el lunes que Temer realizaría un acto de “grandeza” si se hiciera a un lado y convocara elecciones anticipadas. Si el caso llegara hasta la corte y ésta lo elevara a juicio, Temer quedaría suspendido de su cargo por un máximo de 180 días mientras el STF lo juzga. y si fuera declarado culpable, el Congreso debería elegir a un nuevo presidente en un plazo de 30 días para completar el mandato, hasta fines de 2018.
Reformas en veremos
“Era una denuncia esperada. Otras probablemente vendrán. Es grave para el presidente y para la política del país, pero no cambia el escenario de que Temer, aunque debilitado, pueda obtener en la Cámara el número de votos suficientes para bloquear” el juicio, valoró el analista Ricardo Ribeiro, de MCM Consultores. La Bolsa de Sao Paulo retrocedía 0,83% una hora antes del cierre y el dólar se negociaba a 3,322 reales, frente a 3,302 la noche del lunes. Los empresarios y el mundo financiero apostaron fuertemente por Temer para llevar a cabo ajustes que puedan devolver la confianza a los inversores a fin de sacar a la principal economía latinoamericana de la peor recesión de su historia. Pero la crisis política pone esa perspectiva en veremos.
“La denuncia [contra Temer] hace improbable la aprobación de la reforma de las jubilaciones, la más importante. Es un impasse: Temer no se va, pero tampoco consigue aprobarla”, pronosticó Ribeiro.
Los brasileños asisten con una indignación a veces impotente al vendaval de denuncias que desde hace tres años llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios, en medio de la peor recesión económica del país, que tiene 14 millones de desempleados (13,6%). Varias centrales sindicales convocaron a huelgas y movilizaciones en los próximos días, para denunciar los proyectos de reformas en curso, después de la huelga general el pasado 28 de abril. La denuncia de Janot se inscribe en las investigaciones por corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia contra el mandatario.
