Foto pri.org.mxFrancisco Pazos
En 2013, el gobierno del municipio de Nautla, Veracruz, anunció que las obras para la construcción de la Unidad Integral de Salud, que ofrecería atención médica a tres municipios más, serían abandonadas.
El hospital fue presupuestado desde 2006 con 38.5 millones de pesos de origen federal, pero las obras no se terminaron y el inmueble quedó abandonado. Hasta abril de 2015, nueve años después, con 28.5 millones de pesos adicionales, presupuestados por el ayuntamiento mediante deuda, el inmueble fue finalmente entregado, aunque con faltantes.
›Al menos otros tres hospitales, dos proyectados en Sonora y uno más en Oaxaca, para los que faltan al menos 485 millones de pesos de recursos federales para su conclusión, fueron abandonados como obra negra o inaugurados sin camas o quirófanos.
Como estas clínicas, Enrique Peña Nieto prometió que ejecutaría al menos 195 proyectos de infraestructura productiva durante su campaña rumbo a la presidencia en 2012, tanto social como económica.
Esas promesas se formalizaron en 743 proyectos nacionales para los que el gobierno federal presupuestó siete mil 750 millones de pesos, para que pudieran ser ejecutados entre 2014 y 2018. Sin embargo, al comenzar la recta final de su administración, las metas están muy lejos de ser alcanzadas y más aún, las que ya se concretaron, no han reportado beneficios significativos para las comunidades.
Proyectos caros sin impacto
La inversión para infraestructura social y para desarrollo económico planteada en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, no ha logrado sacudirse el cáncer que heredó del gobierno de Felipe Calderón y que merma, año con año, el beneficio al desarrollo nacional que deberían transmitir sus proyectos.
Paradójicamente, desde 2013, primer año en que la administración Peña Nieto presentó un Proyecto de Presupuesto de Egresos, los recursos para apuntalar el cuarto eje de su Plan Nacional de Desarrollo “México Próspero” han crecido. Pero el valor social de hospitales, escuelas o el impulso económico de carreteras o caminos rurales no ha resuelto al 100% los retos que planteó el Ejecutivo federal desde el inicio de su administración para combatir el rezago social y económico del país.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2013 y 2014, el gobierno federal gastó un billón 580 mil 635 millones de pesos en proyectos de infraestructura social. Pero la inversión física no sumó al crecimiento económico nacional, de acuerdo con el análisis Métrica de Transparencia de la Obra Pública (MeTrOP), elaborado por la organización México Evalúa. Según el estudio, el valor de esta inversión ha decrecido desde 2010, con una tasa negativa de -0.19%.
ES DE INTERÉS | Seguridad, el gran pendiente del sexenio Naufragan los compromisos insignia Los alfiles clave en el PRI Ovación a EPN tardó en llegar… pero llegó FOTOS | Peña hace pasarela hasta en gayola
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) derriba el avance en beneficio social y económico que presume Hacienda respecto a la inversión física, al asegurar que mientras en 2013 se gastaron más de 760 millones de pesos, el valor real que generó ese gasto fue de 748 millones. La discordancia entre el gasto y el beneficio que genera se repitió en 2014, en ese año se invirtieron 820 millones en infraestructura física que transfirieron un valor social y económico de 691 millones 820 mil pesos, 15.7% menos de lo que se gastó.
Las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2012, muestran que al menos 80 obras tienen un sobrecosto de 36% por ciento respecto a sus presupuestos originales. Heredado o propio, la administración de Peña Nieto sigue gastando en obras mal hechas, más caras sobre los presupuestos originales y con poco impacto social y económico.
Aeropuerto y tren, la apuesta
Dos proyectos serán la insignia de su política de infraestructura con los que dará cerrojo a su administración: el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el Tren Interurbano México-Toluca. Ambos chuparán los recursos que fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) y, en menor medida de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para cubrir los impactos medioambientales que ambos provoquen.
Tan sólo para el NAICM fueron etiquetados cinco mil 500 millones de pesos del presupuesto total de la SCT, es decir, 6.4% del monto total de la bolsa de gasto aprobado a esa dependencia, más otros tres mil 200 millones de la Semarnat. En total, ocho mil 700 millones de pesos tan sólo para este proyecto del que aún no se resuelve cómo conectará a los 50 millones de pasajeros nacionales e internacionales que llegarán cada año a la futura terminal aérea, que se ubicará a 10 kilómetros de la Ciudad de México.
El Tren Interurbano México-Toluca es el otro proyecto que absorberá los recursos para obras de infraestructura de la SCT, al recibir 17 mil 840 millones de pesos en 2017. Al finalizar la obra, el beneficio de una inversión estimada en 44 mil millones de pesos será para 240 mil pasajeros al día.
Ambos proyectos, con recursos superiores a 26 mil millones de pesos, hasta 2017, únicamente atienden dos de los ocho retos estratégicos que plantea resolver el Plan Nacional de Desarrollo, mientras que otros sectores continuarán con la caída de recursos. Por ejemplo, los diputados recortaron en un 50% respecto a 2016, el dinero destinado a proyectos de construcción de carreteras y el mantenimiento de las que ya están en operación.
Proyectos pendientes
El último tercio del gobierno de Peña está en marcha y con él la cuenta atrás para proyectos que forman parte de su Programa Nacional de Infraestructura, que siguen consumiendo recursos y aún no tienen fecha certera de finalización.
Es el caso del compromiso 387 de la estrategia de infraestructura del Ejecutivo federal que heredó de la administración de Felipe Calderón desde 2008. El Túnel Emisor Oriente (TEO), que continuará absorbiendo recursos federales con una bolsa garantizada de tres mil 600 millones de pesos para 2017. Tal como ha ocurrido con obras de menor calado en la actual y pasada administración, como hospitales, puentes o carreteras, el TEO ha duplicado el presupuesto original con el que fue planeado al pasar de 15 mil a 32 mil millones de pesos.
Otro de los proyectos es el compromiso 04 del gobierno federal para la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, para el que se etiquetaron seis mil 576 millones, además del proyecto Baluarte-Presidio para la presa Santa María, compromiso de gobierno 98 para Sinaloa, para el que fueron asignados 400 millones de pesos, que tampoco han sido terminados y están en riesgo de no concluirse.
