Tras un retraso de dos años, sin el marco legal necesario que garantice su efectivo combate; carente de metas y objetivos claros y con una incidencia de víctimas que se mantiene al alza desde hace cuatro años, el gobierno federal publicó este martes su plan nacional para “prevenir, sancionar y erradicar” la trata de personas.
Aunque es identificado como un delito que se comete con “violencia extrema” e implica una “violación grave a los derechos humanos”, el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2022-2024, de la Secretaría de Gobernación no contempla la participación de la Fiscalía General de la República (FGR).
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación se identifica la corrupción de autoridades y agentes de migrantes, además de la presencia de grupos del crimen organizado dedicados al tráfico y explotación sexual de menores y personas migrantes, como dos motivos que han agudizado la incidencia de la también denominada “esclavitud del siglo XXI”.
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Sin embargo, en las metas y objetivos trazados en el mismo plan se reconoce que a la fecha no se cuenta con el marco legal necesario que garantice el cumplimiento de todas las recomendaciones y “acciones puntuales” que plantea el programa, por lo que uno de los principales retos que se plantean es la consolidación de una legislación en la materia en los dos años restantes de la estrategia.
Pese a que el programa contempla indicadores y metas dentro del periodo de 2022 a 2024, el diagnóstico que hace la Segob en cuanto al contexto e indicadores sobre fenómeno de la trata en México considera en buena parte hechos y parámetros de 2017, no obstante a que fue un año en el que incluso hubo una disminución en cuanto al número de víctimas en comparación con 2015 y 2016.
Con base en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la incidencia de víctimas de trata ha mantenido un alza sostenida desde 2018, e incluso en los primeros 11 meses de este 2022 el número de víctimas ha alcanzado su mayor aumento del último sexenio, con un total de 865 al corte de noviembre luego de que 2017 cerró con una cifra oficial de mil 171 víctimas.
En ese lapso, el diagnóstico señala que además de las personas migrantes, víctimas de los tratantes, dentro de los grupos más vulnerables también se encuentran personas originarias de pueblos y comunidades indígenas, así como jornaleras agrícolas y trabajadoras del hogar.
