Un aviso general de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR anunció que este lunes entró en operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que debió ponerse en marcha a más tardar en enero de 2019.
Con un cálculo de más de 112 mil personas desaparecidas y alrededor de 52 mil no localizadas —de las cuales más de 42 mil casos se han acumulado en lo que va del gobierno actual, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas—, las expectativas de activistas y madres buscadoras entorno a este Banco Nacional de Datos Forenses no son del todo favorables.
“No todos los estados han enviado sus bases (con registros de ADN), no todos los estados han digitalizado su información, algunas están mal, vacías, y antes del anuncio deberían verificarlo”, señaló a este diario Silvia Ortiz Solís, madre buscadora y vocera del Grupo Vida.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017 y puesta en vigor 60 días después —es decir en enero de 2018—, establece que la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debían emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas se interconectaran “en tiempo real” con el Registro Nacional.
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Según el decreto, tanto el Banco Nacional de Datos Forenses, que debe concentrar las bases de datos de las entidades y la Federación, como los registros forenses federal y el de los estados, debieron iniciar al año siguiente de la entrada en vigor de dicha ley, es decir en enero de 2019.
Sin embargo, mujeres buscadoras refieren que las organizaciones ni lo colectivos de búsqueda tienen claridad sobre la situación con las bases de datos de las fiscalías, pues acusaron que a pesar de la entrega de muestras de ADN, e incluso con la plena identificación de sus familiares, las autoridades dilatan la identificación y entrega de los cuerpos localizados en fosas clandestinas o la fosa común.
“Realmente no le están invirtiendo al tema, tan sólo aquí en el Semefo de Reynosa tenemos más de 130 cadáveres que no se han identificado y son cuerpos que no tenían problemas para extraer ADN; conozco familias que han donado muestras de sangre hasta ocho veces y nunca les ha salido positivo, y las bodegas llenas de restos humanos. Es otra simulación del estado”, acusó la activista Angelina Almeida Moreno, quien acusa a elementos de la Marina de la desaparición de su esposo en julio de 2015.
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Para Ceci Flores Armenta, del grupo de Madres Buscadoras de Sonora, la burocracia en torno a la identificación de cuerpos en el país se suma a los muchos obstáculos que tienen que enfrentar las familias y madres buscadoras, y sobre la puesta en marcha de este banco nacional, sostuvo que ninguna autoridad federal o estatal les ha informado cómo será su funcionamiento.
“Es muy lamentable que a pesar de que las madres estamos haciendo el trabajo que no hace el gobierno, no tengamos el apoyo en ese tema (del banco nacional) que es bastante importante porque hay muchas personas que están en la fosa común y quisiéramos que se exhumaran, se les hicieran pruebas de ADN y entregarlos a las familias, pero ni cuando la familia los identifica plenamente ni aun así se los entregan; siempre ponen todas las trabas del mundo y sus protocolos”.
Aunque el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que el anuncio de la puesta en operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses se debe a la exigencia de las familias de personas desaparecidas de que se cumpla la ley y “pese a las múltiples evasivas de la FGR”, las familias de personas desaparecidas podrán solicitar el cotejo de su información genética con la del Banco, por lo que se mantendrán vigilantes del correcto funcionamiento de la herramienta.
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