En noviembre de 2002 un estudio danés realizado aportó una demostración contundente de que no existe relación alguna entre la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) y el autismo, pues la investigación revisó registros de 537 mil 303 niños nacidos en Dinamarca entre enero de 1991 y diciembre de 1998, lo que representa el 100 % de los niños nacidos en ese período en el país.
En abril de 2019 se publicó otra investigación similar con datos de 657 mil 461 niños nacidos entre 1999 y 2010. Otra vez eran casi el 100 % de los niños daneses.
Estos estudios se pueden hacer en Dinamarca, pues el sistema de salud tiene una base de datos anonimizada con la información de su población, desde que nacen hasta que mueren, e incluyen consultas de rutina, visitas al dentista y con profesionales de salud mental, hasta los procedimientos quirúrgicos. Además, el sistema de salud danés, al que supuestamente aspira el mexicano en esta administración, ofrece cobertura universal con un acceso equitativo a tratamientos, diagnósticos y elección de hospitales bajo un seguro de salud único.
En Dinamarca, los tres ejes del sistema de salud (rectoría, financiamiento y prestación de los servicios) están a cargo del Estado, igual a los sistemas de Cuba y Corea del Norte, esto se conoce como modelo público unificado, con la diferencia de que el Estado danés dedica 10.3 % del presupuesto a su sistema de salud, cifra elevada al considerar que Dinamarca tiene los impuestos más altos de Europa. Aquí, el impuesto sobre la renta puede ser de 55.9 % y el impuesto al consumo, el IVA, es de 25 %; los trabajadores no pagan extra el seguro de salud.
También con cobertura universal, en el sistema de salud de Reino Unido el Estado se encarga del financiamiento. En su modelo “de contrato público”, las clínicas del primer nivel de atención son privadas, pero las cuentas de los pacientes las paga el Estado. Los hospitales de segundo y tercer nivel son del Estado y gratuitos para la población.
El barato sistema mexicano
El sistema de salud mexicano y el danés se distinguen por la cantidad de recursos de que disponen y la estructura.
En cuanto a la primera, México no sólo invierte en salud menos que los países europeos, también que la mayoría de los países latinoamericanos, pues el gasto en este rubro en general no supera el equivalente a
3 % del producto interno bruto (PIB) y para 2023 asciende a alrededor del 2.7 %.
Según la unidad de análisis económico de la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud, en México la población sin acceso a seguridad social creció 74 %, al pasar de 16.19 % en 2018, más de 20 millones de personas, a 28.15 % en 2020, lo que se interpreta como un fallo del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la desaparición del Seguro Popular.
Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) publicado a mediados de noviembre pasado, podría explicar el mal resultado de 2020 señala que además de la escasez de recursos hay un deficiente seguimiento de su uso, pues de los 28 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, de las cuales 11 corresponden a salud y bienestar, “en México sólo se da seguimiento a seis, de los cuales, cuatro presentan retroceso”.
A esto se añaden factores como que en la presente administración el ejercicio del gasto en salud está por debajo de lo programado; el propio CIEP detectó que al término de octubre de este año sólo se había ejercido el 65 % de lo aprobado, y que en el caso de la Secretaría de Salud el subejercicio es de 35 millones de pesos; es decir que “a dos meses de que termine el año, aún resta por ejercer 40 % del presupuesto”.
Colombia, ejemplo más cercano
El pasado 29 de junio, se anunció que Colombia, había alcanzado el 99.6 % de la cobertura del aseguramiento universal como resultado de un esfuerzo que ha aumentado el gasto gubernamental en salud del equivalente al 5.31 % del PIB en 2000 a casi 8 % para 2021. A diferencia de Dinamarca, en Colombia hay dos regímenes de aseguramiento para la cobertura de salud: el contributivo, al que los asalariados, pensionados y los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, tienen la obligación de afiliarse, y el subsidiado.
El régimen subsidiado se encarga del aseguramiento de personas sin capacidad de pago y no cubiertas por el contributivo. Así, 99.6 % de cobertura se alcanzó con 24.4 millones de personas en el régimen contributivo y 24.7 millones en el subsidiado.
La atención se da en las mismas clínicas y hospitales, independientemente del régimen en que se encuentren las personas; por su parte, el tamaño del sector privado de este tipo de servicios de salud, al que acuden las personas con más recursos, ha ido disminuyendo.
¿Sabías que? En Brasil, cuyo gasto en salud es de casi 4% del PIB, el Estado atiende al 75% de la población con un sistema único; el resto se atiende en clínicas privadas.
Epílogo estructural
En cuanto al factor estructural, el sistema de salud de México está segmentado, aunque no de forma que pueda considerarse un modelo, pues el estado tiene la rectoría y aporta el financiamiento sólo para la prestación de servicios que hacen las instituciones públicas (la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y ahora INSABI).
Sobre los prestadores de servicios privados, el estado no sólo no tiene rectoría ni aporta financiamiento, sino que no ejerce la función de articulación, como sí sucede, por ejemplo, en el modelo de contrato público.
Según expertos en salud pública, el desparecido Seguro Popular formaba parte de un plan que llegaría a dar a la Secretaría de Salud rectoría y capacidad de articulación sobre todo el sistema de salud, incluyendo a las instituciones privadas.
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