Texto: Perla Reséndez
En julio de 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, su principal lema en su primer informe fue: “En Tamaulipas la corrupción no se negocia, se denuncia y se castiga, ¡nadie por encima de la ley!”, pero un análisis de sus resultados en estos cinco años muestra que de las más de mil denuncias que llegaron ante el organismo en este periodo, solo lograron judicializar un 5%, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Esta dependencia, que cuenta con 72 servidores públicos y un presupuesto, en 2022, de 27 millones 120 mil 552 pesos tan solo para el gasto de nómina, según lo reportado en una solicitud de transparencia, solo ha obtenido cinco sentencias condenatorias en toda su historia, es decir, una por año, tres por abuso de autoridad ejercido por dos policías estatales y un tránsito municipal y dos más por cohecho por parte de dos funcionarios de la Dirección de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En sus carpetas resueltas no figuran casos de alto rango como el del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, detenido en 2017, y acusado por esta misma Fiscalía por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los pocos resultados son claros: de 2017 a julio 2022 llegaron a sus oficinas 1,062 denuncias, en 71 la dependencia aseguró que no era de su competencia y fueron devueltas desde el inicio. El resto, es decir 991, llegaron hasta una carpeta de investigación, y de estas, solo 56 han sido judicializadas, según los datos que se obtuvieron en solicitudes de información.
La falta de sentencias no es la única bandera roja con la que cuenta esta Fiscalía, en el reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2021, ubican a este organismo en un nivel de cumplimiento regular en el marco jurídico debido a que no contaba con reglamento interno, manual de procedimientos, protocolo de investigación ni de audiencia y tampoco de protección a testigos. Y en el eje de resultados su calificación simplemente fue catalogada como deficiente.
El estudio realizado por IMCO y TOJIL ubican a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas como una de las pocas que tuvo un aumento de presupuesto entre 2021 y 2022, el cual fue del 14%, pero al mismo tiempo que lograron este incremento, el número de Ministerios Públicos pasó de 13 en 2020 a tan solo ocho en 2022.
Además, Tamaulipas se encuentra entre los diez estados que menos carpetas judicializaron en 2022 con apenas el 2% de carpetas judicializadas por investigaciones iniciadas el año pasado, de acuerdo con el documento publicado por IMCO.
A esto se le suma el escándalo en el que está envuelto su hoy titular, Raúl Ramírez Castañeda, debido a que no aprobó los exámenes de control y confianza a los que está obligado a cumplir por su posición de “alto mando”. Incluso el Centro Nacional de Inteligencia emitió una recomendación de no mantenerlo en el cargo.
Este hecho no es una cuestión trivial. “La figura del titular de una dependencia encargada de perseguir y castigar los delitos de corrupción debe representar la confianza, tecnicismo y especialidad en la materia y esto no ocurre al momento de que existe alguna duda sobre su persona”, comenta Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
Cuando se trata de un titular, suele surgir la falta de imparcialidad y autonomía durante las investigaciones, por lo que es muy complicado realizar una investigación contra Ramírez Castañeda. “Qué difícil es realizar una investigación contra el titular de la Fiscalía Anticorrupción cuando hay algún riesgo de tener represalias en materia de la investigación, o ¿cómo asegurar que las investigación se puede realizar, cuando es el mismo fiscal del que se tiene algunas dudas de su capacidad para cumplir eficientemente el cargo?”, cuestionó Avendaño.
Hasta la publicación de este reportaje se estuvo buscando al titular de la Fiscalía Anticorrupción o algún funcionario de la dependencia para conocer su opinión respecto al desempeño del organismo a su cargo, pero no se logró concentrar ninguna reunión.
Costos altos, resultados pobres
La baja calificación del organismo tamaulipeco no está acorde con sus presupuestos ni con el personal que está en su nómina; en 2017 la Fiscalía contaba con 44 empleados y en 2022 esta lista creció a 72, este incremento también se reflejó en el gasto en los sueldos, el cual llegó hasta los 27.1 millones de pesos tan solo para el año 2022, de acuerdo con los informes presupuestales entregados por transparencia.
Además, por primera vez esta dependencia obtuvo fondos del Proyecto de Inversión del programa “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública”, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP), con lo que sumó 2.7 millones de pesos más a su presupuesto.
Algunas de las compras para las que se destinó este monto fueron: 10 computadoras de escritorio, un router, una cámara de video de 91 mil 176 pesos y un vehículo pick up de seis cilindros con un costo de 950 mil pesos, entre otros, según los datos publicados en el primer informe de Raúl Ramírez Castañeda como nuevo fiscal Anticorrupción en septiembre de 2022.
La capacitación es otro ámbito que se ha dejado en el abandono en el organismo tamaulipeco; en 2021 reportaron alrededor de 46 capacitaciones y en 2022 esta cifra llegó apenas a 16. “Cuando se habla de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la clave está en “especializada”, ya que es importante que se lleve a cabo el proceso investigativo [...] se necesita el personal más capacitado y que al mismo tiempo se mantenga en constante capacitación y aprendizaje. Hay un montón de cosas especializadas que cuando una fiscalía anticorrupción o un titular de una fiscalía anticorrupción carece, sí se ve limitado y afectado el trabajo que puedan realizar”, aseguró Fernanda Avendaño.
La historia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha sido lenta desde sus inicios. En su primer año, 2017, se iniciaron 69 carpetas de investigación, pero tardaron todo un año, es decir hasta 2018, en judicializar apenas seis casos; y de 2019 a agosto de 2022 llegaron ante un juez, en promedio, cada año, alrededor de 12 expedientes con indicios suficientes para comprobar el delito de corrupción, pero todas estas cifras se traducen únicamente en cinco sentencias condenatorias, de acuerdo con los datos entregados por la dependencia. Los únicos delitos que sí han logrado comprobar son abuso de autoridad, lesiones y cohecho.
En el último año, del 08 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, la Fiscalía a cargo de Raúl Ramírez Castañeda integró 488 carpetas de investigación y 27 averiguaciones previas, pero solo 14 casos han llegado ante un juez de control con la evidencia inicial suficiente para proceder contra los probables responsables.
El reto de estas instituciones, que son prácticamente nuevas, es lograr trabajar en la institucionalización de procesos, el recurso humano y la capacitación de los mismos para tener resultados eficientes, de lo contrario, estas capacidades limitadas se ven reflejadas en menos investigaciones judicializadas y en la falta de elementos concretos para llevar una investigación ante un juez y lograr alguna sanción como una sentencia condenatoria, explicó la Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
Auditoría atada de manos
En 2017, año de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se estableció que su objetivo sería trabajar en conjunto con dependencias como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Contraloría Gubernamental Estatal y la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero esta última ha sido testigo de cómo muchas de las denuncias que han interpuesto simplemente se quedan en un archivo.
A pesar de que la ASE es la principal encargada de analizar las cuentas públicas y corroborar si existen inconsistencias que deban ser subsanadas por los funcionarios o ex funcionarios, su poder es limitado. Una de las denuncias más relevantes en la que estuvieron envueltos fue la del quebranto del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado en el Instituto de la Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el cual llegó a los mil 200 millones de pesos, este caso lo llevaron ante la Fiscalía Especializada, pero no llegó a nada. “Tengo entendido que el gobierno anterior (del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca) terminó por hacer un convenio con los trabajadores y haciendo un plan de pagos”, explicó Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado.
De acuerdo con el funcionario, es difícil que las denuncias que se hacen, después de las auditorías que ellos realizan, avancen con la rapidez que quisieran, además de que muchos funcionarios o ex funcionarios utilizan métodos como el amparo para alargar el término constitucional que se tiene para aclarar las inconsistencias señaladas en las cuentas públicas. “Eso ya sale de nuestro control, tenemos que esperar que los términos concluyan o que haya una resolución judicial federal para nosotros poder continuar”, aseguró Espino Ascanio.
Además, el Auditor recalcó que a ellos como organismo únicamente pueden señalar una presunción y es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la que tiene que determinar el tipo de delito e identificar a los presuntos responsables.
El fiscal sin credenciales
El 26 de octubre de 2022 llegó hasta la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el oficio CNI/DG/319/2022, documento en el que Audomaro Martínez Zapata, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, informó que Raúl Ramírez Castañeda, el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, no cumplió con uno de los requisitos esenciales para ser nombrado titular de la Fiscalía: la no acreditación de los exámenes de control y confianza.
Con esta nueva “anomalía”, la posibilidad de una renuncia o destitución de Ramírez Castañeda por parte del Congreso parecía inminente, pero nada de esto ocurrió. Ocho días después de este anuncio, el Fiscal tramitó un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Fiscal General de Estado y el Fiscal en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia.
En su demanda, el Fiscal Anticorrupción refiere que está siendo objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental y acoso laboral por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”.
Además de “ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción”.
Aunque no niega el hecho de que no aprobó las evaluaciones de control y confianza y simplemente pide que se siga el debido proceso y se le dé la oportunidad de defenderse. Ante todo esto, el Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, otorgó la suspensión provisional al amparo promovido por Raúl Ramírez Castañeda, por lo que seguirá en sus funciones y continuará recibiendo sus percepciones económicas y de seguridad social que por ley recibe actualmente, además de que su servicio de escolta no será removido.
Además, el Juez Alvarado López decretó que “cesen de inmediato los actos consistentes en cualquier modo que desacredite, deshonre, afecte la reputación y la infamia frente a la sociedad, considerando la repercusión a la salud y posiblemente la vida, de la parte quejosa”.
Este escándalo por el que está pasando el dirigente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pone en evidencia dos de los grandes retos de las fiscalías en el país, de acuerdo con especialistas. “El primero tiene que ver con la razón por la que este Fiscal tiene un amparo y al mismo tiempo una investigación en su contra, además de analizar las capacidades del equipo que una fiscalía anticorrupción necesita”, explicó Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
La clave de una fiscalía así es la especialización de quienes se encargan de investigar y castigar los delitos de corrupción, “importa que la gente al frente sea la más capacitada y se mantenga en constante aprendizaje”, dijo Avendaño, y al momento de darse a conocer que el Fiscal no acreditó los exámenes de control y confianza “sí se ve limitado y afectado el trabajo que pueda realizar”.
Casos de corrupción trascienden sexenios
Este 2023, la dependencia encargada de investigar y castigar los actos de corrupción inicia con una carga importante de trabajo, ya que a mediados de diciembre de 2022, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que al concluir el proceso de entrega-recepción se identificó un daño al erario mayor a los 500 millones de pesos.
“Hemos presentado 18 denuncias en total; 35 ex servidores públicos han sido denunciados y detectamos un daño al erario, estimado en más de 500 millones de pesos”, declaró en rueda de prensa efectuada el 12 de diciembre del 2022.
Hasta el momento ya presentaron 16 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Irving Barrios Mojica, quien explicó que del análisis que se lleva a cabo se determinó que se trataría de posibles delitos de corrupción, por lo que estarían en las oficinas de la Fiscalía en las primeras semanas de enero 2023.
De acuerdo con la revisión que se hizo a la documentación entregada por la anterior administración, el mayor faltante se detectó en la Secretaría de Bienestar Social, “falta la comprobación de la entrega y destino de más de 480 mil despensas con un importe de más de 124 millones de pesos”, señaló el mandatario tamaulipeco que se convirtió en gobernador de Tamaulipas el 01 de octubre de 2022.
Las irregularidades que hasta ahora han encontrado se podrían configurar en los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Además, también se detectó que en la Secretaría de Obras Públicas se adjudicaron obras de manera indebida y hubo simulación de contratos.
Mientras que en la Secretaría de Salud hay faltante en medios electrónicos; 242 tablets, 94 laptops y otros equipos de cómputo e impresión; en el DIF estatal, se detectó la contratación de arrendamiento con personas con un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y en la Secretaría General de Gobierno la entrega de fíats notariales sin cumplir con los requisitos para ello.
