Tamaulipas con el mismo derecho de agua que Chihuahua

La problemática existente en el norte del país con motivo del agua que agricultores chihuahuenses retienen en la presa La Boquilla, ubicada en esa entidad, va más allá de ser un tema focalizado en ese estado. En realidad es sólo la punta del iceberg de un conflicto que atañe a los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y por supuesto Tamaulipas, que no cuenta con mayor fuente de abastecimiento de agua que el Río Bravo.

El agua que corre en el Río Bravo, no pertenece al Estado de Chihuahua, como se ha pretendido hacer creer por autoridades, incluyendo el Gobernador de ese Estado, sino que corresponde a la Nación y debería ser administrada en forma equitativa y justa por la Conagua, quien tiene la obligación legal de distribuir el recurso hídrico entre quienes cuenten con Títulos de Concesión legalmente obtenidos.

Sin embargo, tanto la Conagua, como la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos de América (CILA), flagrante y permanentemente han violado la Ley y los Tratados Internacionales que regulan la distribución del agua; pues: i) asignan al vecino país del norte la totalidad del agua proveniente del Río Conchos, mientras que la única obligación del Estado Mexicano es entregar la tercera parte de dicho recurso natural; ii) Otorgan Títulos de Concesión en la Cuenca en transgresión del Decreto de Veda de 9 de febrero de 1955, que impide a la Conagua otorgar concesiones posteriores a esa fecha; iii) Toleran la existencia de tomas clandestinas de agua en la Cuenca (huachicol de agua), pues nada hacen por impedir la comisión de dichos actos delictivos, y; iv) toleran y normalizan la retención ilegal del agua que se almacena en la Presa La Boquilla, que como se ha dicho, no pertenece al Estado de Chihuahua, sino a todos los usuarios de agua legalmente registrados en el padrón que para tal efecto lleva la Conagua.

Con la retención ilegal de agua que realizan agricultores chihuahuenses, auspiciados por su Gobernador y tolerados por la Conagua, se genera un desbalance hidráulico de proporciones insospechadas, pues mientras que con la retención ilegal los agricultores de Chihuahua mantienen reservas de agua por el 130% de los volúmenes de agua a los que tienen derecho, los agricultores tamaulipecos sólo mantienen el 40% de sus derechos de agua. Es decir, de propia mano los chihuahuenses se atribuyen más agua de la que tienen derecho en el mejor escenario de existencia de agua en la cuenca, y deciden por que sí, por considerarse dueños del agua, que los tamaulipecos carezcan de agua para abastecer sus cultivos y generarle pérdidas por más de tres mil millones de pesos anuales.

Los agricultores de Tamaulipas (60 mil familias) tienen el mismo derecho que los agricultores de Chihuahua a obtener agua del Río Bravo.

A diferencia de los chihuahuenses que han realizado actos ilegales y de vandalismo, los tamaulipecos han optado por acudir a la Justicia Federal, obteniendo una suspensión definitiva para que no se entregue agua a los Estados Unidos de América, mientras se resuelve el Juicio de Amparo promovido por éstos y para que no garantice y entregue a los agricultores de Chihuahua el 100% de sus concesiones; lo cual violaron tanto la Conagua, como la Sección Mexicana de la CILA. Dicha violación fue hecha del conocimiento del Juez de Distrito correspondiente y el próximo 29 de septiembre se determinará si las autoridades violaron o no la suspensión concedida. De determinarse que actuaron fuera de la ley, se iniciará de oficio una carpeta de investigación por la posible comisión de un delito federal cometido por la Dirección de la Conagua y por el titular de la Sección Mexicana de la CILA.