Ante el recrudecimiento de la situación de violencia y el número de desplazados que ha causado el aumento de la tala ilegal y la deforestación en la región de la Sierra Tarahumara, organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “Lucha, Resistencia y Bosque”, para visibilizar a las comunidades indígenas víctimas de esa situación.
Representantes de la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés) y la Red de Organismos Civiles (Red TDT) exigieron a las autoridades la creación de un “plan integral” que ponga un alto a la tala clandestina e inmoderada.
Al señalar que en los “intereses económicos detrás de la tala ilegal de bosques” están involucrados grupos de la delincuencia organizada, que cuentan con “vínculos y redes de complicidad con funcionarios” municipales, estatales y federales, la activista advirtió que el fenómeno de la tala ilegal es un “problema sistémico y global” que se ha ido agudizando al menos desde 2015, el cual también impacta directamente con la falta de agua y recursos básicos para la sobrevivencia de las comunidades.
Ante el “total desamparo” en el que están las poblaciones indígenas —principalmente en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna, Urique, Uruachi, pertenecientes al llamado ‘triángulo dorado’—, Víctor Hugo López, director de la Red TDT explicó el objetivo es instalar mesas de diálogo con las autoridades responsables, incluyendo a la FGR, la Fiscalía estatal y la Profepa a fin de materializar un plan integral y las políticas públicas ”urgentes” en la región.
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