El país obtuvo su peor calificación en el índice que desde 2009 mide la gobernanza, el respeto a las leyes, la ausencia de corrupción y la aplicación de la justicia legal y penal
En la nueva “acusación sustitutiva”, se prevé que agreguen los delitos de lavado de dinero, fraude bancario, conspiración para cometer fraude y declaraciones falsas ante instituciones financieras
