Hasta el 11 de octubre pasado, al menos 42 juicios de amparo habían sido tramitados antes juzgados en materia administrativa de la Ciudad de México, para proteger los derechos de presuntas víctimas y afectados por el terremoto magnitud 7.1 del 19 de septiembre pasado. Los recursos fueron tramitados por terceros que argumentaron tener interés legítimo en proteger el derecho a la vida de personas que, de acuerdo con las declaraciones que fueron asentadas en al menos 18 tramites, en ese momento permanecían atrapadas bajo los escombros de edificios que colapsaron por el movimiento telúrico en la capital mexicana. En otros casos, los juicios de garantías fueron promovidos por la demora de las autoridades delegacionales, en dos casos; por la de los gobiernos de la Ciudad de México y federal para ofrecer apoyo a los afectados en Xochimilco; para evitar el uso de maquinaria pesada en las labores de remoción de escombros, de los que se contabilizaron 18; más un caso para detener evacuaciones en inmuebles que no colapsaron, pero que sí tuvieron daños estructurales y dos más por tardanza en la recepción de documentación. Las solicitudes fueron hechas entre el 22 y el 26 de septiembre y fueron dirigidos en contra del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón; así como del coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Además, en otros casos, las demandas de garantías también fueron interpuestas en contra del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo; así como los titulares de Seguridad Pública y Obras y Servicios capitalinos, Hiram Almeida y Édgar Tungüí. De acuerdo a una revisión documental que ejecentral llevó a cabo, del total de trámites iniciados, 21 están en diferentes etapas de proceso, mientras que siete fueron desechados, sobreseídos o improcedentes y 14 más se consideraron como “no presentados”. Sobre aquellos que aún están en proceso, cuatro expedientes se ubican en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, donde el acto reclamado consistió en la implementación del “operativo de remoción de escombros y la omisión de salvaguardar la vida e integridad de las personas”, donde el Consejo Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación figuró como la autoridad responsable.
Inconsistencias
Del total de los juicios de amparo presentados, 18 corresponden a acciones legales para impedir el ingreso de maquinaria pesada para la remoción de escombros en inmuebles que, de acuerdo con los demandantes, colapsaron durante el sismo. Sin embargo, hay casos en los que los argumentos con los que se buscó fundamentar el juicio de garantías fueron falsificados. Es el caso del juicio con expediente 1256/2017, promovido por Beatriz Villavicencio Santillán, en favor de Juan Pérez Pérez y Gloria Rodríguez Martínez, quienes presuntamente permanecían atrapados en los escombros del departamento 3, Edificio 3C, de la Unidad Habitacional Tlalpan. En ese multifamiliar sí ocurrió el colapso de una de las torres de departamentos, pero no se trató del Edificio 3C, sino del Edificio 1C; a pesar de lo anterior, el proceso de amparo aún espera el vencimiento de un plazo para que el representante de los beneficiarios detalle la persona o institución en contra de la que se dirige la acción para que pueda ser notificada. Entre los quejosos destaca el nombre de Sandra Calderón Montoya, quien figura como presunta representante en siete procesos, de los que en ninguno de los casos terminó el proceso, por lo que, al vencer los plazos, el juzgador determinó las demandas como “no presentadas”. Calderón Montoya actuó en todos los casos como abogada de terceros que presuntamente habían sido afectadas por el derrumbe de sus edificios. No obstante, como fue detectado en el expediente 1268/2017, la acción para proteger la vida de Liliana Pérez Arguelles, su representada, la cual, declaró jurídicamente, se encontraba atrapada en un derrumbe en Palma 519, colonia Centro, el cual, no colapsó durante el sismo, sino que tuvo daños estructurales que lo catalogaron como de alto riesgo. Algo similar ocurrió con el expediente 1230/2017 promovido por la misma Sandra Calderón Montoya a nombre de Alfredo Luna Esparza, en el cual según la promovente, la clínica Prensa con dirección en Eje 1 Poniente, Magnolia, de la colonia Guerrero, donde se ubica dicho hospital, se habría colapsado el 19 de septiembre quedando Alfredo Luna bajo los escombros, lo cual no fue cierto. E incluso el pasado 28 de septiembre, vecinos de dicha colonia bloquearon el Eje 1 en demanda de que se demoliera dicha estructura al considerarla un riesgo para la población tras las afectaciones del sismo. De esta forma Calderón Montoya promovió amparos en representación de otras supuestas víctimas en domicilios donde no se registraron derrumbes el 19 de septiembre. Otra situación fue la del número 10 de la calle de Santos Degollado, en la colonia Centro, donde “Dolores Tapia Rodríguez, se encuentra atrapada bajo los escombros del inmueble”, según se asentó en la causa 1228/2017; sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito desechó dicha demanda “al no contar la certeza de que efectivamente ese edificio haya sido afectado en su totalidad y que el departamento en el que habita o habitaba la justiciable (Dolores Tapia) se haya derrumbado ante ese desastre natural”.
