En 2022 se registró el número más bajo de acciones y medidas para la protección y defensa de los derechos humanos desde 2016, a pesar de que los hechos violatorios muestran una tendencia al alza.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Derechos Humanos publicado este lunes por el Inegi, en 2022 se promovieron 16 mil 191 medidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos estatales, lo que representa un descenso de 20.7% respecto de las 20 mil 346 de 2021 y una caída de 40.7% con relación a las 26 mil 119 de 2018.
En contraste, en 2022 se cometieron 156 mil 743 presuntos hechos violatorios de los derechos humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, detenciones arbitrarias, etc.), un incremento de 9.1% respecto de las 143 mil 619 violaciones de 2021.
Al dividir el número de acciones emprendidas por las autoridades entre el número de violaciones a los derechos humanos, se obtiene que 2022 fue el segundo año más pasivo desde 2016.
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En 2022 se promovió una acción de defensa y protección de los derechos humanos por cada 9.8 ilícitos; esta tasa sólo la supera 2020, cuando se emitió una acción de autoridad por cada 13.7 presuntas violaciones.
Los mejores resultados se obtuvieron en 2016 cuando hubo una acción de autoridad por cada 5.3 ilícitos; y 2018, con una medida protectora por cada 6.1 presuntas violaciones.
Los datos del Censo Nacional arrojan que las autoridades que más incurren en violaciones a los derechos humanos son la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, con 172 presuntas transgresiones, equivalentes al 34.8% de los ilícitos del año.
De ese total, 46 fueron detenciones arbitrarias, 45 torturas, 33 casos de tratos crueles y 26 desapariciones forzadas.
En segundo lugar están las corporaciones encargadas de vialidad, con 138 agresiones (97 detenciones arbitrarias, 22 tratos crueles y nueve casos de tortura).
En el siguiente nivel están las instituciones encargadas de la seguridad pública, con 133 presuntas violaciones a los derechos humanos (69 detenciones arbitrarias, 31 tratos crueles y 15 torturas).
Las fuerzas armadas, según el reporte, son responsables de 31 presuntas agresiones (6.2% del total), de las cuales 24 son atribuidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), seis a la Secretaría de Marina (Semar) y una a la Guardia Nacional (GN).
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