La estrella del segundo informe de la Fiscalía de Guanajuato fue la aprehensión de varios líderes y de la cabeza principal del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRDL). Sin embargo, la captura de José Antonio Yépez El Marro no ha frenado la ola de violencia en la entidad, pues la incidencia de delitos como homicidio, narcomenudeo y robo de vehículos se ha incrementado.
El CSRDL controlaba cinco municipios de Guanajuato (Celaya, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca, Villagrán y Cortázar) y de acuerdo con las autoridades, sus principales actividades ilícitas eran secuestro, homicidio, extorsión, robo de hidrocarburos, robo de vehículos y distribución de drogas. Esos delitos bajaron entre agosto y septiembre, luego de la aprehensión de El Marro, pero de octubre a enero han tenido un repunte.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en agosto se reportaron 121 homicidios, en enero sumaron 350; en el mismo periodo el robo de vehículos pasó de 164 a 335 y el delito de narcomenudeo reportó 74 carpetas de investigación en agosto del 2020, pero en enero pasado sumaron mil 596.
La violencia en Guanajuato era atribuída a la disputa entre el CSRDL y el Cártel de Jalisco Nueva Generación; sin embargo, el desmantelamiento del grupo delictivo de El Marro —que presume la Fiscalía local— no se ha traducido en reducción de la violencia.
La fiscalía destacó la aprehensión de 13 miembros prioritarios del CSRDL, pero del Cártel Jalisco Nueva Generación omitió dar información sobre detenciones y vinculaciones a proceso de ese grupo delictivo.
Los enfrentamientos en Guanajuato no sólo ocurren entre grupos delictivos, también con elementos de las Fuerzas Armadas y policías. De acuerdo con Causa en Común, en 2020 fueron asesinados 84 policías y 8 más hasta el 19 de febrero de este año.
Este viernes el gobernador Diego Sinhue destacó que en 2020 de los 200 millones de pesos anuales destinados a fortalecer a los municipios a través del Fondo Estatal, se asignaron más de 147 millones de pesos para la compra de equipamiento, y 46 millones más para cursos de profesionalización de las policías municipales y estatales.
