Sube a 46 cifra de reclusas muertas tras riña en Honduras
Las autoridades informaron que son 46 los cuerpos de mujeres reclusas que se recibieron en el Forense tras el enfrentamiento ocurrido en la prisión de Támara
Choques entre pandilleras provocaron un incendio y dejaron al menos 46 mujeres muertas en una prisión de Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria, con más de mil decesos en veinte años.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo el miércoles a la AFP que “46 es el total de cuerpos ingresados a Medicina Forense”, por el enfrentamiento de la víspera entre pandillas rivales en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, 25 km al norte de Tegucigalpa. Inicialmente se había informado 41.
De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron y dispararon con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13) y posteriormente le prendieron fuego.
El director de Planeamiento y Operaciones de la Policía, comisionado Juan Rochez, indicó que “más de 21 armas de fuego, dos granadas de fragmentación también” fueron decomisadas en esa prisión y que “hay once personas plenamente identificadas” que “van a responder por estos hechos”.
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Cientos de parientes acudieron a las afueras de la Dirección de Medicina Forense en el este de la capital mientras los médicos forenses seguían identificando las víctimas. Unos 23 cuerpos habían sido entregados.
“No sé si mi hija murió acribillada o apuñalada”, dijo entre lágrimas a medios locales Olga Castro, quien perdió a Jenny Patricia Castro, de 44 años.
“Dicen que escuchaban que ellas gritaban que les abrieran los portones porque en el módulo 1, en el que estaba ella, le echaron llave por fuera cuando se estaban quemando (...)que se haga justicia, no son animales las que mataron esas muchachas” de la 18, clamó.
“Un monstruo de mil cabezas”
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se declaró en Twitter “conmocionada” por el “monstruoso asesinato de mujeres (...) planificado por maras” y anunció medidas “drásticas”.
Una de ellas fue destituir al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y este miércoles juramentó al sustituto, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
También anunció la separación de la Interventora de las cárceles, encabezada por Julissa Villanueva, y ordenó a los militares “la colaboración” junto a la policía en el combate del crimen.
“Los miembros de la actual Junta Interventora de los Centros penales han sido cesados en sus cargos. La doctora Julissa Villanueva retorna a su cargo de subsecretaria” de Seguridad, anunció el ministro de Prensa, Ivis Alvarado, en comparecencia en Televisión.
En diciembre pasado, Castro declaró un “estado de excepción” para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.
El criminólogo Gonzalo Sánchez dijo a la AFP que “desde hace 30 años el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas MS y la 18 han sembrado el terror. Se ha vuelto esto un monstruo de mil cabezas hoy día, que es difícil combatir”.
El propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos de narcotráfico en abril de 2022, un año después de que su hermano Tony fuera sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Nueva York.
Los fiscales estadounidenses afirman que Hernández convirtió a Honduras en un “narcoestado” que involucra a militares, policías y civiles.
Triángulo de la muerte
Junto a sus vecinos El Salvador y Guatemala, Honduras conforma el denominado “triángulo de la muerte”, plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Sánchez lamentó que los “centros penitenciarios se hayan convertido ahora en universidades del crimen”.
“Autoridades encargadas de la protección o vigilar estos centros penitenciarios (...) se prestan para introducir armas de fuego, pistolas, revólveres, fusiles, explosivos y municiones”, deploró.
“Pareciera más bien que el haber nombrado esta comisión (…) ha traído un malestar entre los privados de libertad” porque “ellos tienen poder, entonces por eso es que se han cometido este tipo de asesinatos”, añadió.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) llamó en un tuit al Estado de Honduras “a investigar los hechos, prevenir su repetición y proteger la vida de las personas privadas de libertad”.
“El país incurre en responsabilidad internacional cuando se violentan los derechos humanos de los privados de libertad”, señaló el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también en un Twitter.
“Se estima que al menos mil 50 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente en los centros penitenciarios de Honduras desde 2003", denunció Conadeh.