Sonora prohíbe informar: castigarán reportes de homicidios
Aquel informador que comparta, difunda, distribuya o exponga documentos de cadáveres o parte de ellos se arriesga a 10 años de prisión y una multa
Como lo adelantamos en ejecentra, el Código Penal de Sonora castigará a quienes se atrevan a informar, documentar o difundir asesinatos en la entidad, lo que incluye exhibir asesinatos, por búsquedas de desaparecidos o cualquier hecho que se relacione con una investigación penal.
El Congreso aprobó reformar el Artículo 167 Quater, aprobada el pasado 6 de junio, que penaliza a quien audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos.
La reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de Sonora, con lo que entró en vigencia.
Hace dos días le explicamos que el periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer en su columna “Piden cárcel para periodistas”, que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado un giro inesperado, ante la impotencia por no poder frenar la violencia que cunde en el país.
El mandatario, viendo que la violencia aumenta y no tiene el control sobre la seguridad del país, ha decidido poner atención en la forma en la que se comunican los hechos de violencia.El cambio comenzó en Sonora, donde su gobernador, Alfonso Durazo Montaño encontró una fórmula: si la violencia no puede acallarse, hay que silenciar a la prensa.
La enmienda a la legislación del estado prevé imponer una condena de cuatro a 10 años de prisión “y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el calor diario de la unidad de medida y actualización”.
El decretazo contra la prensa en Sonora busca reprimir penalmente contra quienes buscan destapar la violencia en la que está sumida la entidad y los constantes hallazgos de cuerpo por parte de los colectivos de búsqueda.
Comunicadores en la mira de la 4T
Riva Palacio señala que actualmente el Centro Nacional de Inteligencia tiene un abanico de unos tres mil móviles en escucha permanente que incluye a varios columnistas, aunque se desconoce cuántos tienen autorización judicial.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación contra el columnista Mario Maldonado por difundir un material publicado en YouTube y va contra más comunicadores que desnuden a su titular, Alejandro Gertz Manero.
El decretazo de Durazo ha sido cuestionado por organizaciones como Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y Artículo 19; los cuales señalaron en un comunicado que las modificaciones al Código Penal no cumplen con los objetivos legítimos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de esta.
Por el contrario, afirman que se genera un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad. Sin embargo, derogar la enmienda se ve difícil, pues la actual legislatura está casi 3 a 1 de Morena y sus aliados contra la oposición.
Mientras tanto, la violencia en México se incrementa y el número de asesinatos sigue creciendo. DJ
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