En tres años, el gobierno de Sonora, de Claudia Pavlovich Arellano, aumentó el gasto en seguridad privada de sus diferentes secretarías en 57%, pero eso era el comienzo.
La actual gobernadora, quien asumió el cargo el 15 de septiembre de 2015, ha gastado 340 millones de pesos en seguridad privada entre 2016 y 2019 para el cuidado de oficinas y espacios públicos, de los cuales ha entregado 170 millones, el 50%, a las empresas Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora (SISPS) y a Excelencia en Seguridad Privada FASA.
Ambas tienen a las esposas de los propietarios como representantes legales, lo que permite que no se relacionen directamente a las empresas con los nombres de sus verdaderos dueños.
La empresa SISPS, encargada de la vigilancia de la casa hogar Unacari, de la que escaparon recientemente cuatro menores, continúa prestando sus servicios al DIF y tiene como representante a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
Este hallazgo le tomó tres meses de investigación al reportero Antonio García Viera, quien corroboró que en 2018 la cifra destinada a la seguridad de las dependencias estatales alcanzó 122 millones de pesos contra 77.4 millones de pesos de 2015.
De esa suma, 170 millones, es decir, la mitad, se habrían pagado sólo a dos empresas: SISPS y Excelencia en Seguridad Privada FASA.
Ambas firmas, de acuerdo con los hallazgos de Antonio, son dirigidas por familiares políticos de la actual gobernadora Pavlovich Arellano.
Esto se reveló a través de la petición de solicitudes de información sobre el gasto en seguridad privada en el periodo 2012 a 2018 que fueron dirigidas a más de 90 secretarías y dependencias de la entidad, aunque se excluyeron a organismos e instituciones autónomas, como la Universidad de Sonora (Unison) o el Instituto Estatal Electoral (IEE).
Los métodos
Uno de los detalles de la investigación que es pertinente resaltar es la anticipación del reportero a la sistematización de los datos, ya que solicitó a las dependencias que en sus respuestas usaran un formato Excel con columnas predeterminadas con valores como fecha, nombre de la empresa contratada, número de contrato o factura, monto del gasto, por mencionar algunos elementos.
Así, recibió 50 contestaciones a sus solicitudes. Y aquí encontró otros hallazgos, por ejemplo que algunas dependencias no tenían presupuesto para seguridad privada y, entre 10 y 12 de las entidades consultadas simplemente decidieron no responder.
Para subsanar la falta de respuestas de algunas dependencias, se consultaron las cuentas públicas de 2012 a 2018 y después se hizo un rastreo en el sistema Compranet.
De esta manera se pudo obtener la información que antes fue negada, pero como estrategia también solicitó a las dependencias una partida de gasto más amplia que incluía seguridad privada pero también muchos otros rubros.
La investigación requirió en sus solicitudes prácticamente todo lo que las dependencias gastaron en servicios profesionales, por ejemplo, en asesoría contable, asesoría jurídica e incluso servicios de limpieza.
Esta estrategia tenía como objetivo que las dependencias no pudieran identificar que el objetivo de la investigación era el gasto en seguridad privada.
Si en sus solicitudes sólo requería el concepto de seguridad privada, las dependencias podrían generar documentos extemporáneos para justificar la firma de contratos sin que mediara una licitación.
Pero si la dependencia tenía que entregar información de varios rubros, el trabajo que tendrían que hacer para generar esas justificaciones extemporáneas sería más difícil de completar.
En esta etapa, uno de los obstáculos más grandes de sortear fue que una misma empresa era referida con nombres diferentes por las dependencias auscultadas, por lo que se dedicaron varias horas a la homologación de nombres, fechas y términos para que la base de datos pudiera hacer los cruces de datos adecuados.
Así se determinó la fecha de creación de cada una, el nombre de los socios fundadores, el proceso de cambio de accionistas que ambas sufrieron con el paso del tiempo y, lo más importante: la relación que existía entre sus responsables y la gobernadora Pavlovich Arellano.
Octavio Rivera/Border Center for Journalists and Bloggers*
* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
