Sólo un gobierno “jodido” se desestabiliza con 100 mil dólares

La guerra mediática de desprestigio que ha mantenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra las organizaciones sociales en México por el supuesto financiamiento extranjero para desestabilizar su gobierno, es más una obsesión personal contra Claudio X. González Guajardo, el activista fundador de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que un intervencionismo real de Estados Unidos, porque la cantidad de dinero “es una ridiculez”, señaló el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Raúl Benítez Manaut.

Si con 100 mil dólares un gobierno se desestabiliza, es que el gobierno está bastante jodido. La recaudación de impuestos del gobierno mexicano es 40 mil veces más que eso”, comentó Benítez Manaut, que también ha sido colaborador del Woodrow Wilson Center de Washington.

“Las cantidades que están manejando de los fondos de asistencia que da la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) a diversas organizaciones de la sociedad civil, son ridículas. No alteran en nada la situación de un país y no son intervencionistas”, agregó.

En efecto, los 100 mil dólares representan lo que recaudó el gobierno federal en 13 segundos en 2020, considerando que los ingresos del sector público sumaron 5.3 billones de pesos en el año o su equivalente a 680 millones de dólares al día.

Los 100 mil dólares que alegan es el sueldo de dos funcionarios del estado mexicano, chafas”, añadió el investigador especializado en temas de Seguridad Nacional.

Las palabras de Benítez Manaut provienen de alguien que conoce del tema, pues ha sido profesor en institutos como la Universidad de Columbia, Nueva York; del Center for Hemispheric Defense Studies, de la Universidad de la Defensa de Estados Unidos; Center for North American Studies; Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington, DC; de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), Colegio de la Defensa Nacional (Codenal), y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entre otras.

El ataque del gobierno federal no es nuevo por las elecciones del 6 de junio, viene desde el año pasado, cuando el vocero de presidencia Jesús Ramírez anunció su investigación sobre el “financiamiento a fundaciones extranjeras, a organizaciones no gubernamentales y a un medio que se opone a la construcción del Tren Maya”.

Lo anterior, con el apoyo del Congreso, dominado por Morena, generó cambios en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para una mayor fiscalización de las organizaciones que reciben recursos y emiten recibos para hacer deducibles de impuestos (técnicamente llamadas donatarias). Las ha obligado a convertirse en asociaciones asistencialistas y renunciar en su normativa interna a ser defensoras de derechos humanos, si es que quieren cumplir con los requisitos gubernamentales, por lo que en el futuro puede sancionarlas argumentando que no cumplen con sus propia normatividad al defender los derechos humanos.

Al respecto basta señalar que hace algunos días, organizaciones entre las que se incluyen el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; la Plataforma Internacional contra la impunidad (PICI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) rechazaron la mayor fiscalización de las organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno de Guatemala por la vulneración de sus derechos fundamentales.

El ataque a la USAID, asegura Benítez Manaut, es algo similar a lo que hizo el gobierno de Evo Morales en 2013, cuando la expulsó del país por supuesta injerencia en asuntos políticos internos. Pero la organización regresó a ese país con la presidencia interina de Jeanine Áñez.

Bolivia es un país tan pobre, un estado tan frágil, que el apoyo de una agencia internacional de desarrollo puede cambiar los parámetros de la correlación de fuerzas políticas de desarrollo y eso no tiene viabilidad en México”, indicó el catedrático.

Estados Unidos viene por lo importante

Los ataques de López Obrador contra Claudio X. González Guajardo, activista fundador de MCCI y una de las cabezas de la organización “Sí por México”, opositora al gobierno de López Obrador, y que ya integró a los partidos de oposición PRI, PAN y PRD, pareciera un pleito personal, ya que la organización también denunció actos de corrupción con el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseveró.

›Un punto a destacar es que González Guajardo es hijo de Claudio X. González Laporte, director general y uno de los mil 450 accionistas que ostentan 52% de las acciones (35% en México y 17% en Wall Street) de la empresa de productos de consumo Kimberly Clark México, firma controlada por la estadounidense Kimberly Clark Corporation. Esto porque algunos medios de comunicación en México ubican a los X González como los mayores accionistas de la empresa.

Para Benítez Manaut, la carta diplomática que envió México a Estados Unidos no representa un elemento de distanciamiento con el gobierno encabezado por Joe Biden.

Estados Unidos no se enojó por esto. Aunque no saben qué hacer (por la poca mesura), lo están tomando con mucha seriedad porque ellos vienen por cosas fuertes, por cosas verdaderas como la aplicación de las reglas del T-MEC. Ya hay empresas que están reclamando cientos de millones de dólares (al gobierno de México) y no 100 mil dólares. Eso es ridículo”, detalló el investigador.

Y añadió: “Estados Unidos no está siendo injerencista con esto. Puede ser injerencista con el tema del general Salvador Cienfuegos, con el intercambio de inteligencia para el control del narcotráfico, pero por darle dinero agrupaciones sociales, no. El apoyo económico también lo dan organizaciones de gobiernos europeos”.

Indicó que más allá de dicho financiamiento, la reunión programada entre López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, después de las elecciones de junio, es más importante por el tema de la política migratoria.

Van a querer abrir la frontera con mucha seguridad. Verán el movimiento transfronterizo de personas, para ver si los vacunan o no. Quieren hacer un cinturón sanitario en México para que no entren migrantes contagiados y afecte su estrategia de vacunación. Todo esto es mucho más importante para los estadounidenses que estar alegando que sí dieron 100 mil dólares a las ONG”, indicó el catedrático.

Otro tema será el laboral, ya que “los sindicatos de Estados Unidos están muy enojados porque señala que en México no se cumplen las leyes laborales”, concluyó.