Las autoridades no tienen una evaluación de cuál ha sido el impacto del nuevo modelo penal, porque ni siquiera se tiene una base de datos confiable, reconoce el funcionario de PGR. La prioridad, continuar la capacitación de los operadores.
El nuevo sistema de justicia penal carece de una estructura de seguimiento y evaluación, por lo que es imposible tener un balance nacional de sus resultados, reconoció Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación de este modelo en la Procuraduría General de la República (PGR), quien sostuvo que la política se ha encargado de tergiversar el que se ponderen los derechos humanos en este nuevo modelo.
“Hay que poner en su justa dimensión la presunción de inocencia, de que en este país todo somos inocentes hasta que no tengamos una condena que así haya emitido un tribunal. Por otro lado, el hecho de ponderar la idea constante de que es la victima que está en el centro del sistema por sí. Eso lo plantean los sistemas acusatorios, lo demás ha sido una visión más desde el punto de vista político, ha sido una manera en la que se ha tergiversado el concepto”, aseveró.
En este momento, expuso, no existe una base de datos consistente, que muestre realmente qué impacto ha tenido la implementación del nuevo sistema adversarial, para determinar cuántas personas recibieron algún tipo de beneficio, por ejemplo, cuántos presuntos delincuentes no fueron procesados o cuántas víctimas accedieron al resarcimiento del daño sufrido. Aún es lejano, añadió, pensar en una visión nacional del sistema de justicia, porque “no tenemos ahora una estructura del seguimiento puntual de la operación”, que permita conocer, de forma sistémica e integral, cómo está operando el sistema de justicia penal en cada estado, “lo que hay ahora son datos, información aislada”. “Hoy no tenemos, por ejemplo, en todo el país, una sustentación de base de datos, hay estados que no cuentan ni siquiera con sistemas de información, por lo tanto, está en un esquema de regulación, de transición para efectos de tener capacidad de decir exactamente tenemos números, información, y todo lo que implicaría un esquema y una definición de esta naturaleza”, comentó en entrevista con ejecentral el también exprocurador de Baja California (2007-2013). Por ahora, explicó Rommel Moreno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el órgano que está comenzando la construcción de un sistema de registro. Sin embargo, advirtió, el sistema se podrá evaluar a nivel federal, “en un periodo mínimo de dos o tres años, para que luego a su vez se pueda estabilizar en un proceso de diez hasta quince o veinte años”.
Falta capacitar
En este momento, detalló el funcionario de PGR, existe una gran necesidad de mayor entrenamiento y se requiere empoderar a la Agencia de Investigación Criminal, para ser efectivos en investigaciones y no sólo en los casos de flagrancia. Es por eso, añadió, que la PGR está “en una ruta muy intensa de capacitación” y de asesoría técnica de quienes son la médula de la operación del sistema: peritos, ministerios públicos y policías. “Estamos hablando de asesoría técnica en el tema de litigio, en el tema de tomas de decisiones, que van a tener los fiscales como las nuevas figuras que son los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, todo lo que tiene que ver con la manera en la que ahora se está procurando justicia con las nuevas herramientas que el Código está planteando, de tal manera que lo que hacemos es generar ese acompañamiento directo”, detalló Moreno Manjarrez. También se lleva a cabo un trabajo de acercamiento con otros poderes y niveles de gobierno, “hablamos también desde el propio Poder Judicial, con la Comisión de Víctimas, y sin duda con la defensa, en reuniones periódicas donde cruzamos datos, cuando tenemos juicios orales pues hacemos toda una revisión de cómo la audiencia, cómo fue el caso, para llevar de la mano que esta operación sea mucho más ágil, pero sobre todo eficaz”. ¿Urge vigilar la consolidación del sistema? Sin duda, esa ha sido la voluntad del procurador. En el poder judicial existe también una unidad de consolidación, que está intentado hacer un gran esfuerzo en lo que concierne a la gestión de los jueces, y nosotros en el tema de los fiscales, los peritos y los policías federales. Creo que es un ejercicio muy interesante que está llevándose a cabo, y valdría la pena analizar para el tiempo que está por venir en razón de ir de alguna forma impulsando procesos, sobre todo que vayan a que no solamente sea un tema de números o de información sino de la percepción ciudadana de que se está construyendo una política pública en este país.
Sistema garantista no significa que sea un proceso negativo. El sistema garantista está inserto en los derechos humanos. Se ha tergiversado porque hay una confusión ciudadana, hay una confusión conceptual de decir que el imputado es el criminal cuando no está todavía procesado”.
Los números de la PGR
Estos son los resultados federales del 24 de noviembre de 2014 al 30 junio de 2017:
-50,044 carpetas de investigación determinadas (aquellas que ya fueron resueltas de alguna forma). -108,309 carpetas de investigación iniciadas -$652,744,134.77 pesos recuperados en acuerdos reparatorios -3,998 sentencias de procedimiento abreviado -212 juicios orales a nivel federal, con 168 sentencias condenatorias
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