Para el primero de diciembre, cuando asuma el cargo como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los términos del artículo 102 Constitucional arrancará la Fiscalía General de la República (FGR) que suple a la Procuraduría General de la República (PGR), así lo reconoció Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados; sin embargo, aún se discute la ley orgánica que dará maniobrabilidad a la dependencia. La minuta entregada por el Senado de la República, se prevé que en la sesión de mañana martes se le dé “publicidad”, esto es, que sea anunciada como recibida, se discuta en comisiones y sea subida al pleno camaral en la sesión del 5 de diciembre. Entrevistada, en el marco del Foro de Consulta sobre la minuta que crea la Fiscalía en la Cámara Baja, la legisladora guanajuatense, informó que “es tardado el proceso de reforma constitucional, apenas llegamos en septiembre pasado, por eso vamos a respetar el 102 constitucional, pero avanzamos en la ley orgánica la Fiscalía”. Entre las novedades inscritas dentro del artículo 14 de la Ley Orgánica de la FGR establece que se crean cuatro nuevas fiscalías especiales y la desaparición de todas la subprocuradurías incluida la SEIDO; un plan para combatir el delito que deberá cumplir el Fiscal General o de lo contrario será removido; un consejo técnico encabezado por ciudadanos, que dará seguimiento a las investigaciones y podrá reportar la actuación irregular de los funcionarios; así como equipos mixtos para investigar delitos. Sin embargo, adelantó a Eje Central que prácticamente el presupuesto 2018 con el que trabajó la PGR (16 mil 243 millones 787mil 465 pesos) no será movido en el 2019 para el ejercicio de las funciones de la FGR, aunque cabe precisar que para en el rubro de justicia se erogan poco más de 113,3 mdp, lo que significa un decrecimiento -1.1% en relación al 2017. Con ese presupuesto, deberá opera la FGR con la creación de dos nuevas fiscalías que se agregan a la estructura que tenía la PGR, se habla de las ya conocidas fiscalías para el combate a la corrupción y la de delitos electorales, a las que unen: una especializada en investigar casos de violaciones graves a derechos humanos y otra de asuntos internos, esta última dedicada a indagar casos de corrupción dentro de la propia institución. Al respecto, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, que acudió al citado foro, manifestó que existe el riesgo de que “empecemos el sexenio sin Fiscal, y hay que reconocerlo, se ha trabado por mucho tiempo porque se politizó mucho”, y en enfatizó que “al menos, la FGR requerirá de seis mil nuevos elementos para poder operar con base en lo que estipula la ley orgánica que se discute”. Aparte, se le preguntó acerca de un eventual incremento presupuestal a la FGR, la dirigente social, manifestó: “a eso venimos a enterarlos, cada ley debe tener su propio presupuesto para operar, y hasta el momento no se ha dicho ni establecido un criterio para incrementar o no el presupuesto para justicia el año venidero”.
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