RIAD, ARABIA SAUDITA. La indignación general provocada por el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi se ha disipado un año después de los hechos, pero aún no se ha hecho justicia en este caso y la represión persiste en Arabia Saudita.
El reino saudita, en un intento de lavar su deteriorada imagen tras el crimen, ha enjuiciado a 11 sospechosos del asesinato el 2 de octubre 2018 del periodista, que inicialmente fue cercano al poder de Riad antes de convertirse en crítico.
Pero el asesinato, perpetrado en el consulado saudita en Estambul, habría implicado a 15 agentes del reino. La CIA así como una experta de la ONU han implicado al príncipe heredero y líder de hecho, Mohamed ben Salman, que lo desmiente.
Uno de los sospechosos, Saud al-Qahtani, consejero real y confidente del príncipe heredero, está ausente del proceso que se inició el enero de 2019 y que se celebra a puerta cerrada.
En la última audiencia a fines de julio, un familiar de Jamal Khashoggi criticó la ausencia de este sospechoso y pidió que fuera convocado para declarar, según indicaron a la AFP responsables occidentales.
Se ignora la respuesta dada por el tribunal a esta solicitud.
Saud al-Qahtani inspiró durante mucho tiempo temor en Arabia Saudita, pues dirigió una campaña mediática en las redes sociales para defender la imagen del príncipe heredero e intimidar a sus críticos.
El mes pasado, Twitter suprimió su cuenta. Saud al-Qahtani no ha vuelto a aparecer en público desde el asesinato, lo que suscita especulaciones sobre su paradero.
“Chivo expiatoriio”
“La retirada y el bajo perfil de Saud al-Qahtani pueden ser considerados (…) como un intento de convertir a un alto responsable en chivo expiatorio para dar la impresión de que Arabia Saudita cambia” declaró a la AFP Marc Owen Jones, investigador en la Universidad británica de Exeter.
“Los presos políticos siguen en prisión. Las divergencias con Irán (gran rival chiita de la sunita Arabia) y la guerra en Yemen no van a crear un contexto que permita al gobierno tolerar las disidencias” agregó.
Aún no se sabe cuando acabará el juicio, y el ministerio encargado de prensa no respondió a las solicitudes de esclarecimiento de la AFP.
Diplomáticos de cinco países miembros del Consejo de seguridad de la ONU y de Turquía están autorizados a asistir como observadores al proceso.
Sin embargo no tienen derecho a tener intérpretes --las deliberaciones son en árabe-- y son generalmente convocados a última hora, según fuentes occidentales.
La familia de Jamal Khashoggi, autorizada a asistir al juicio, ha rechazado informaciones según las cuales habría allegado a un acuerdo financiero con el gobierno saudí.
Un hijo del periodista asesinado, Salah Khashoggi, dijo este martes que confía en la justicia de Arabia Saudita para resolver el crimen y criticó a los que según él intentan aprovecharse del caso.
Represión
En la emisión “60 minutes” de la cadena CBS divulgada el domingo, el príncipe Mohamed niega haber ordenado el asesinato del periodista, pero acepta asumir “su responsabilidad, como dirigente de Arabia Saudita”.
La ponente especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, Agnes Callamard, criticó el lunes al príncipe heredero por intentar “distanciarse” de “la organización, la orden y la ejecución” del asesinato. Callamard se expresaba a título personal y no en nombre de la ONU.
Entretanto, numerosos críticos del príncipe heredero siguen encarcelados, entre ellos una docena de mujeres acusadas de contactos con organismos de defensa de derechos humanos. Afirman haber sido torturadas y acosadas sexualmente durante su detención, lo que desmienten las autoridades.
“Ha habido más detenciones de otros intelectuales y militantes, y no hay lugar alguno para la critica contra los dirigentes” dice a la AFP Kristin Diwan, del Arab Gulf States Institute en Washington.
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