Para subsanar las deficiencias de la fiscalía especializada en delitos electorales de la PGR se necesitarían 8 y 10 años, reveló la ASF
Jonathan Nácar
De cara a los procesos electorales que este año tendrán lugar en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) presenta retraso en la impartición de justicia electoral; así como rezagos y baja efectividad en determinar el ejercicio de la acción penal contra presuntos responsables.
Ante la serie de deficiencias que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en cuanto a la investigación y persecución de los delitos electorales cobra una dimensión distinta previo a los comicios de este 2017, que a decir del presidente del INE, Lorenzo Córdova, resulta un año “clave” para la elección presidencial de 2018.
“Se pone en riesgo la atención de asuntos en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el ejercicio del sufragio libre, secreto y directo”, consideró la ASF en sus conclusiones.
A fin de abatir los rezagos en el despacho de las actas circunstanciadas y en la dictaminación de las averiguaciones previas, evitar los contratiempos al Sistema Penal Acusatorio y contribuir a abatir la impunidad, la Auditoría determinó que la PGR a través de su fiscalía especializada revise el diseño del Programa de Blindaje Electoral “para que se especifiquen las acciones por realizar para prevenir las distintas modalidades de delitos electorales, y se perfeccione la actuación del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos”.
Según la determinación del órgano fiscalizador, el programa de “Blindaje Electoral”, que en 2015 implementó la Fepade, “no constituyó un instrumento para prevenir dichos delitos, ya que el diseño del programa fue deficiente al no identificar las acciones específicas para cumplir con el objetivo previsto”.
Lo cual se mostró por el rezago de actas circunstanciadas y de averiguaciones previas, pues el número de actas en trámite de despacho se incrementaron 326.6% trianualmente, al pasar de 34 en 2006 a 2 mil 639 en 2015; mientras que la atención de averiguaciones pendientes de determinar creció 123.5% cada tres años, al pasar de 317 en 2006 a 3 mil 540 en 2015, situación que representa un área de riesgo para la consecución del objetivo de abatir la impunidad, aseveró la auditoría.
A consideración de la PGR el tiempo que tomaría abatir el rezago se calcula entre 8 y 10 años, ya que sólo se cuenta con siete policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que existe el riesgo de retrasos en la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a la insuficiencia de personal para atender la acumulación de los asuntos rezagados y los que se originen de la implementación de este sistema.
A medio terminar
Otros proyectos que la ASF supone daño patrimonial son:
• Proyecto de la Zona Típica Monumental en San Pedro y San Andrés Cholula, por 124 millones 475 mil 526 pesos, más el importe de los rendimientos financieros, por trabajos que difieren de los alcances establecidos en el contrato.
• Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla, por un monto de 86 millones 263 mil 806 pesos.
• Remodelación del Estadio Cuauhtémoc, que presume un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 10 millones 792 mil 899 pesos.
• Hospital de Traumatología y Ortopedia, y Hospital para el Niño Poblano por 1 millón 121 mil 343 pesos.
