Simulación, confrontación, persecución y desvío de la indagatoria en el caso Ayotzinapa (III)

La confrontación

Una vez que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo valer la facultad de atracción, se convocó a distintas autoridades de los órdenes federal y estatal a distintas reuniones que se llevaron a cabo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero.

En la primera de las mismas, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) expuso una síntesis del informe que da cuenta de las acciones que llevó a cabo durante el tiempo que tuvo a su cargo la investigación del caso, que hizo público ante medios de comunicación nacionales e internacionales. Además, este informe se entregó a distintas instancias, entre ellas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las comisiones legislativas creadas para el seguimiento del caso a nivel federal y estatal, la PGR y, recientemente, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Es oportuno aclarar que en ninguna de las reuniones a las que acudió el personal del Ministerio Público estatal se expuso o dio a conocer una línea discursiva o guión a seguir en el desarrollo de las actuaciones, y que para entonces el control de la investigación estaba en manos de la PGR.

De haber aceptado ser parte de farsa o una acción en tal sentido, hubiese representado que la FGEG aceptara tomar un camino distinto al que derivó de las diligencias primigenias llevadas a cabo por la misma, las cuales, por cierto, coinciden en varios aspectos con lo que recientemente dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez. Esto es que los estudiantes fueron a Iguala con la intención de apoderarse de autobuses de cara a las movilizaciones del 2 de octubre, que nunca estuvieron juntos, que fueron separados en grupos, que algunos fueron conducidos ante el Oficial de Barandilla, de donde fueron posteriormente sustraídos por policías de Cocula, Guerrero, e integrantes del grupo conocido como Los Bélicos y que hubo varias rutas de desaparición. Así, se destacó la participación en ello de policías municipales, entre estos Francisco Salgado Valladares, alias El Valla y Felipe Flores Velázquez, entonces titular de Seguridad Pública en Iguala, así como de diversos integrantes de los Guerreros Unidos (GU) conocidos como El Chuky, El Chino, Los Peques o Los Tilos.

Diferencias en la investigación

Retomando lo referente a las reuniones entre autoridades en el 27 Batallón de Infantería, en la tercera de las mismas, que encabezó el entonces titular de la PGR, sobrevino una diferencia

importante entre lo que esa institución estaba indagando y lo que se desprendía de las diligencias de la Fiscalía Estatal, específicamente en lo relativo a las declaraciones de los cuatro integrantes de Guerreros Unidos, y que el Ministerio Público del fuero común puso a disposición de su similar federal, dado que el responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sostenía que los testimonios de las mencionadas personas eran contradictorios.

Respecto a ello, el personal de la FGEG sostuvo y expuso que tal apreciación era incorrecta, dado que tales atestes en realidad eran complementarios, pues si bien resultaba cierto que los detenidos formaban parte de la enunciada organización criminal, también debía tenerse presente que eran parte de distintas células o grupos, y que la noche en que ocurrieron los hechos operaron de esa manera, por lo que sus versiones debían analizarse de manera integral.

Tiempo después, se ventiló públicamente que los imputados en cuestión fueron torturados, lo cual da sentido al cambio en el contenido de sus deposados (declarantes).

En los referidos encuentros, la FGEG hizo mención de las diligencias que continuaba realizando, derivadas de la parte que aún le correspondía conocer. Esto es la relativa a las consignaciones que efectuó ante el Poder Judicial Estatal, y que se acordaron las líneas o acciones de coordinación a seguir en los operativos de búsqueda de los normalistas. Dada la magnitud del caso, se establecieron mesas de trabajo ejecutivas, de inteligencia y operativas, en las que participaron muchísimas personas.

Es oportuno señalar que a la par de las mencionadas reuniones, hubo otras más del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) y las que se verificaron a nivel central, en las que participaban únicamente los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional (las secretarías de Gobernación, de la Defensa y de Marina; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Policía Federal y PGR).

Cambios en las indagatorias

Unos cuantos días después de que la PGR encabezó en exclusiva la investigación, se dio a conocer la detención de uno de los principales líderes de los Guerreros Unidos, de nombre Sidronio Casarrubias Salgado, quien señaló, entre otras cosas, que en su camino a Iguala los normalistas habían sido infiltrados por miembros de la organización delictiva conocida como Los Rojos, mismos que le pagaron a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, así como al director de la normal rural Raúl Isidro Burgos para facilitar y llevar a cabo tal acción.

Ahora, se tiene conocimiento de que todos los estudiantes se conocían entre sí, con lo cual se acredita la falsedad y subjetividad de la supuesta existencia de presuntos infiltrados, y que Sidronio Casarrubias es uno de los varios torturados por la PGR para construir la “Verdad Histórica”, por lo que su testimonio está afectado de nulidad o resulta carente de validez y debe investigarse quién o quiénes y por qué lo torturaron.

No obstante ello, extraoficialmente se sabe que Tomás Zerón y un alto funcionario de la SEIDO, dieron indicaciones al personal ministerial actuante a efecto de incluir nombres de autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero con la clara intención de responsabilizarlas de los hechos ocurridos en Iguala.

Sobra decir que al estructurar el relato en cuestión, Zerón de Lucio olvidó o no tuvo presente que durante 2013 y 2014, la FGEG, en coordinación con la Policía Federal, detuvo a más de 100 integrantes de Los Rojos, destacando en ese sentido los resultados alcanzados en los casos del secuestro del diputado local Olaguer Hernández Flores y el atentado del que fue víctima un empresario de la ciudad de Chilpancingo de nombre Pioquinto Damián Huato, donde logró vincularse a los hechos a más de 40 miembros de la referida agrupación, tal como se hizo público en su oportunidad.

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que ante la presión ejercida en aquel entonces por el Gobierno Federal hacia el Partido de la Revolución Democrática, el cual postuló al licenciado Ángel Aguirre Rivero para ocupar la candidatura de ese partido político a la gubernatura del estado de Guerrero, la cual finalmente obtuvo en el proceso electoral de 2011, existió un distanciamiento o fractura entre los gobiernos estatal y federal que culminó con la salida del citado funcionario, quien solicitó licencia al cargo que ocupaba el 23 de octubre de 2014, siendo esta aprobada por el Congreso Local dos días después.

Por otra parte, a finales del mes de octubre de 2104, personal de la FGEG fue citado por Tomás Zerón de Lucio con el propósito de platicar sobre algunos aspectos de la investigación.

Al llegar a las instalaciones de la PGR, un auxiliar del citado funcionario hizo saber a los servidores públicos estatales que su jefe se encontraba en la residencia oficial de Los Pinos, en compañía del Procurador General de la República y el Secretario de Gobernación, en razón de que habían recibido a los padres de los 43 normalistas para dar cuenta del desarrollo de las investigaciones, por lo que les solicitó esperar a que aquel regresara.

Una vez que Tomás Zerón volvió a sus oficinas, le pidió al suscrito que quería que declarara todo lo que supiera sobre la relación del exgobernador Aguirre Rivero y la delincuencia organizada, particularmente con el líder de la organización delictiva denominada Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Víctor Aguirre Garzón (a) El Gordo, así como de una supuesta relación sentimental del citado gobernador con la esposa de José Luis Abarca.

En respuesta, le hice saber a Tomás Zerón que no contaba con información sobre el particular y que en todo caso correspondía a la PGR investigar tales hechos por ser propios de delincuencia organizada, lo cual propició que aquel se molestara e indicara que no podía retirarme y que junto con mis colaboradores seríamos trasladados a la SEIDO, a fin de rendir declaración ministerial por lo que hace a nuestra actuación en la atención del caso Ayotzinapa.

Al llegar a la SEIDO, el desahogo de las citadas declaraciones se realizó ante personal adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos que encabezaba Abraham Eslava Arvizu y al término de las mismas, este último nos hizo saber que no podíamos retirarnos de esas oficinas por indicaciones de Tomás Zerón.

Así, solicité que se me facilitara un teléfono oficial para comunicarme con Tomás Zerón y al hablar con él, me dijo que por instrucciones superiores (Secretario de Gobernación), debíamos permanecer en la SEIDO, donde se nos mantuvo incomunicados y sin recibir alimentos, lo cual constituyó una privación ilegal de la libertad que denunciamos ante las actuales autoridades de la FGR.

En su momento, trascendió públicamente que la ilícita propuesta de Zerón también le fue planteada a los entonces secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública de Guerrero, y que, de igual manera, este último fue retenido en la SEIDO con la intención de arraigarlo. En los días subsecuentes, sostuve una reunión con el entonces Director General del CISEN en sus oficinas en la Ciudad de México, y éste me pidió no hacer declaraciones a los medios de comunicación, toda vez que ello podía “resultar perjudicial para mi persona”.

El autor de la verdad histórica

En atención a lo expuesto y ante la falta de apoyos de quien fuera nombrado gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, en el mes de noviembre de 2014 decidí presentar mi renuncia al cargo de Fiscal General ante el GCG.

Finalmente, el 24 de diciembre de aquel 2014, un excolaborador me comunicó vía telefónica que le habían informado que, en esa fecha, la PGR ejerció acción penal en contra de diversos exservidores públicos de la FGEG, y que ante la falta de elementos le fueron negadas las órdenes de aprehensión solicitadas a un Juez de Distrito con residencia en Tamaulipas, lo cual es una prueba más de que se buscó relacionar, responsabilizar y perjudicar a las autoridades estatales de la desaparición de los normalistas.

Resta decir que la FGEG nada tuvo que ver en las detenciones y declaraciones de Agustín N, ·El Chereje; Jonathan N, El Jonás; Patricio N, El Pato, Miguel Ángel N, El Duva y Felipe N, El Cepillo o El Terco, cuyas declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y dieron lugar a la versión que determinó el destino de los estudiantes en el vertedero de Cocula y el río San Juan.

De la lectura de todo lo anterior, puede colegirse que Tomás Zerón de Lucio es el principal artífice o autor de la “Verdad Histórica”, siendo él quien maquinó, momento a momento, su estructura y la manera en que habría de delinearse, haciendo uso de todo tipo de conductas ilegales y violatorias del debido proceso (detenciones ilegales, falsificación de documentos, alteración o inadecuado procesamiento de escenas de los hechos, supuestos actos de investigación sin la anuencia del Ministerio Público y actos de tortura), para lograr su cometido, como lo fue el buscar presionar a diversos funcionarios de Guerrero para ser parte de lo que bodrio que construyó.

›El derecho a la verdad consiste en que las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones a los derechos humanos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero, o bien el de sus restos. El derecho a la verdad acarrea la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

En ese sentido, los miembros de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y los responsables de la Unidad Especial para la investigación del mismo de la FGR deben ser capaces de evaluar y ponderar las pruebas y de actuar con sano juicio o buen criterio. Su tarea es de carácter legal y moral.

De nada servirá la creación de la Comisión para la Verdad si no se tienen presentes cuatro objetivos fundamentales: 1) El conocimiento de la verdad; 2) Impulsar las acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la justicia, esto es el castigo a los responsables de los hechos; 3) Promover la efectiva la reparación del daño en favor de las víctimas, y 4) Establecer medidas de no repetición.

Estamos ante la oportunidad histórica de generar un precedente que ayude a recuperar la credibilidad y confianza en nuestras autoridades, y es por ello que no podemos dilapidarla.

El esclarecimiento puntual de los hechos no debe generar mayores dudas, por el contrario, debe sustentarse sobre bases firmes que den lugar a una “verdad a secas” o una consistente y fehaciente teoría del caso.

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