Simulación, confrontación, persecución y desvío de la indagatoria en el caso Ayotzinapa (II)

Con relación a los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Iguala de la Independencia la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, donde perdieran la vida seis personas, 25 más resultarán lesionadas y 43 alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueran desaparecidos, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) intervino en el momento en que tuvo conocimiento de la noticia criminal, esto es a las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, cuando un médico de guardia del Hospital General Doctor Jorge Soberón Acevedo, dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo sobre el ingreso de tres personas lesionadas, una de ellas en calidad de desconocida, por lo que se radicó el expediente respectivo.

Antes de esa hora, existían todo tipo de versiones sobre lo que estaba suscitándose en la mencionada localidad, no obstante lo cual, se dieron instrucciones a diversos mandos para que atendieran los hechos directamente y se desplazaran desde Chilpancingo en compañía de los agentes ministeriales y policiales, así como de los peritos que estimaran necesarios y estuvieran disponibles.

Debe tenerse presente que el lamentable suceso ocurrió un viernes por la noche, por lo que, salvo el personal de guardia, el resto se encontraba descansando en sus casas y hubo la necesidad de convocarlo, sumándose a ello que las condiciones climatológicas influyeron en el tiempo de traslado a Iguala.

Cabe resaltar que la FGEG no era parte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, conocido coloquialmente como C4, por lo que en la citada fecha, ni nunca, contó o recibió información en tiempo real sobre lo ocurrido.

A lo anterior, debe sumarse que tampoco le correspondía dar seguimiento a los desplazamientos de los jóvenes normalistas por el estado de Guerrero, lo cual, en esa ocasión y anteriormente fue monitoreado por otras autoridades, entre ellas el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, a las que por ley correspondían las tareas de prevención del delito.

Primeras acciones en Iguala

Así las cosas, a partir de información aportada por un grupo de normalistas que se concentraron en las instalaciones de la Fiscalía Regional durante las primeras horas del 27 de septiembre, la institución ministerial estatal tuvo conocimiento de que varios de sus compañeros se encontraban dispersos en la ciudad, por lo que se organizó un operativo de búsqueda que permitió hallar y resguardar a un total de 68 estudiantes, quienes posteriormente manifestaron estar huyendo o poniéndose a salvo de elementos de la Policía Municipal que, sin razón aparente, los atacaron con armas de fuego. Tal situación la constató el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se asentó en un reporte de incidencias elaborado elementos de la Policía Ministerial de Guerrero.

Personal de la FGEG tomó la decisión de concentrar a 142 elementos de la Policía Municipal de Iguala en las instalaciones del Cuartel Regional de la Policía Estatal, siendo importante puntualizar que se optó por este último lugar ante la negativa del Ejército y la Policía Federal de facilitar sus instalaciones (27 Batallón de Infantería y Subestación, respectivamente).

Exigencia. En la imagen captada en 2016, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de otras escuelas acudieron a las instalaciones de la FGEG, en donde colocaron fotografías de los 43 jóvenes desparecidos en Iguala. Foto: Cuartoscuro.

Tras lo anterior, se procedió a dar fe ministerial del aseguramiento: 228 armas de fuego, 131 cortas y 97 largas, al igual que de varias patrullas y de la fatiga de actividades del personal que se encontraba de turno.

Al mismo tiempo, se dio intervención a la Dirección General de Servicios Periciales, a efecto de que fueran recabadas las muestras necesarias para la realización de las pruebas de rodizonato de sodio y las fichas decadactilares de los efectivos policiales concentrados, y llevar a cabo los dictámenes de lunge y balística de efectos a las armas de cargo que pudieran estar relacionadas con los hechos.

La Fiscalía General dio puntual seguimiento a lo manifestado por las víctimas directas, por lo que, derivado de varias de sus declaraciones, se logró establecer las características físicas de algunos de sus agresores. Parte de los normalistas refirió que sus victimarios eran elementos de Seguridad Pública Municipal de Iguala y otra parte mencionó la forma en que ocurrieron los hechos, siendo importante señalar que a todos ellos se les pusieron a la vista fotografías de los 142 efectivos municipales concentrados y que como resultado se logró establecer la identidad de 22 personas en calidad de probables responsables.

Aunado a lo expuesto, las víctimas aludieron a unidades oficiales (patrullas) que participaron en los hechos, siendo de destacar que la fatiga de actividades correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, permitió establecer la identidad de tres policías municipales que tenían asignada una de esas unidades.

En consecuencia, la representación social estatal ordenó la legal detención de 22 elementos de Seguridad Pública Municipal de Iguala, y acordó su inmediata certificación médica, en la que se determinó que se encontraban sin lesiones externas recientes ni visibles.

Primeras acusaciones

Los agentes fueron trasladados la noche del 27 de septiembre de 2014 a la ciudad de Acapulco de Juárez, por cuestiones de seguridad, dado que por la tarde de ese día se organizaron movilizaciones de un número considerable de personas, algunas de las cuales manifestaron ser familiares de los policías que fueron retenidos, al igual que de otras que no fue posible identificar, quienes se desplazaban en unidades de servicio público de transporte e intentaron impedir la labor ministerial amenazando con rescatar a los indiciados.

Se solicitó el auxilio del elementos militares para el resguardo de las instalaciones, detenidos y servidores públicos adscritos a la Fiscalía General; así como para efectuar el traslado de mérito, siendo todo ello hecho del conocimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El Ejército Mexicano apoyó en el traslado por carretera, más no así en el resguardo perimetral del inmueble de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la ciudad de Iguala.

La situación expuesta guarda correspondencia con parte del contenido de las transcripciones de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por autoridades de los Estados Unidos, específicamente por la Drugs Enforcement Administration (DEA), hechas públicas en su momento por medios de comunicación, en las que se advierte que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos intercambiaron puntos de vista por cuanto hace a lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que uno de ellos dio instrucciones para que se realizara una manifestación en la que debían intervenir “los de transportes, los comunitarios y los mineros”, exigiendo la liberación de los policías municipales concentrados por la FGEG y responsabilizando de lo ocurrido a la señalada autoridad ministerial, a la Gendarmería y al gobierno del estado de Guerrero.

Cabe hacer mención, por cuanto hace a las armas de cargo de los 22 efectivos municipales, que todas dieron positivo a la prueba lunge, esto es que fueron disparadas en momentos recientes a la aplicación de la pericial, destacando también que se estableció correspondencia entre elementos balísticos encontrados en los distintos lugares de los hechos, entre ellos donde fueron agredidos los integrantes del equipo de futbol conocido como Los Avispones (crucero de Santa Teresa), y algunas de las citadas armas de cargo.

Aunado a lo cual, 19 de los 22 elementos de la Policía Municipal dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir que accionaron sus armas. A su vez, en sus declaraciones ministeriales, los elementos de la Policía Municipal se ubicaron en modo, tiempo y lugar, esto es lo que se conoce en el ámbito penal como confesiones calificadas divisibles, habiendo sido debidamente asistidos por defensores de oficio y en presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Dado lo expuesto, el 29 de septiembre de 2014, el Ministerio Público del conocimiento ejerció acción penal en contra de 22 elementos de la Policía Municipal de Iguala de nombres Fausto Bruno Heredia, Emilio Torres Quezada, Raúl Cisneros García, Baltazar Martínez Covarrubias, Abraham Julián Aguado Popoca, Miguel Ángel Hernández Morales, José Vicencio Flores, Juan Armando Hurtado Hernández, Zulai Marino Rodríguez, Salvador Herrera Román, Osvaldo Vázquez Castillo, Mario Cervantes Contreras, Juan Luis Hidalgo Pérez, Arturo Calvario Villalba, Rubén Alday Marín, Hugo Hernández Arias, Fernando Delgado Sánchez, Marco Antonio Ramírez Urvan, Margarita Contreras Castillo, Alejandro Andrade de la Cruz, Hugo Salgado Wences y Nicolás Delgado Arellano en calidad de probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado de seis personas.

En el desglose que se aperturó para proseguir con la investigación, el 3 de octubre de 2014 recabó la testimonial de dos servidores públicos del Ayuntamiento de Iguala, quienes fueron coincidentes en manifestar que Felipe Flores Velázquez, entonces Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, ordenó la detención de los estudiantes de Ayotzinapa, esto en razón a que escucharon cuando dicha persona daba tal instrucción a través de la radio.

En igual forma, dos de los policías municipales consignados, al rendir deposado ministerial, mencionaron que el día de los hechos se percataron de la presencia de sus compañeros de nombres Alejandro Tenescalco Mejía y Luis Francisco Martínez Díaz, supervisor de Turno y policía Segundo, respectivamente, quienes conforme a periciales obtenidas días después, arrojaron positivo para la prueba de rodizonato de sodio.

Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, fue señalado en el caso Ayotzinapa. Foto: Especial.

Al contarse con señalamientos directos, por cuanto hace al involucramiento en los hechos de Felipe Flores Velázquez, Alejandro Tenescalco Mejía y un sujeto más, se amplió el ejercicio de la acción penal en contra de estos en calidad de probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de seis personas.

En este apartado, si se analiza a detalle el contenido de las conversaciones interceptadas por la DEA, pareciera que quienes participaron en ellas soslayaron buena parte de las acciones llevadas a cabo por la FGEG, pues cuando dicen (la tarde del 27 de septiembre) que debía solicitarse apoyo “al Estado”, ya se habían llevado a cabo acciones tendientes a establecer la autoría material e intelectual de los hechos.

Avances clave de las investigaciones

En aquellos días, se sostuvieron conversaciones vía telefónica con el Director General del CISEN, el Procurador General de la República, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y el titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, preguntándoles si la PGR ejercería la facultad de atracción en el caso, toda vez que existían indicios que permitían establecer la participación en los hechos de integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y la posible infiltración de esta agrupación en la Policía Municipal de Iguala, recibiendo siempre respuestas en sentido negativo, dado que, en consideración de aquellos, se trataba de “simples homicidios”. De igual manera, se cuestionó al último de los enunciados funcionarios por cuanto al grado de avance de la investigación en contra de José Luis Abarca Velázquez y si estaban en condiciones de detenerlo, respondiendo que no, dado que aún estaban por recabar la declaración de un testigo protegido.

Ante tal escenario, partiendo de la información que se había obtenido en el caso Hernández Cardona y compartido con el Gobierno Federal, la representación social estatal solicitó y obtuvo órdenes de cateo para ingresar a distintos domicilios, entre ellos el del expresidente municipal José Luis Abarca, y realizó diversas tareas de investigación, lo cual trajo consigo la detención de Luis Alberto José Gaspar, (a) El Tongo; Honorio Antúnez Osorio, (a) El Patachín; Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, todos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes aportaron datos relevantes por cuanto hace a la mecánica de los hechos acontecidos en Iguala.

Cabe subrayar que el 1 de octubre de 2014, el Ministerio Público estatal solicitó la comparecencia de José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala, a efecto de que declarara respecto a los hechos acontecidos en esa localidad, sin que se hubiese atendido tal prevención, por lo que se giró la orden de localización y presentación respectiva.

El mandamiento ministerial no tenía, en modo alguno, el alcance de privar de la libertad a la persona en cuestión, dado que en la citada fecha no existían señalamientos directos para establecer si tuvo algún grado de participación en la agresión perpetrada contra los normalistas y porque gozaba de fuero constitucional.

La Constitución del estado de Guerrero especifica quiénes son los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad política, entre los cuales se encuentran los presidentes de los ayuntamientos; asimismo, establece como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal en contra de aquellos la declaración de procedencia ante el Congreso local, ya que de lo contrario se actualiza una de las hipótesis previstas en el Código Penal de la mencionada entidad federativa para la acreditación del delito contra la administración de justicia.

Foto: Cuartoscuro

Al contar con la evidencia que se estimó necesaria, con fundamento en lo dispuesto por la enunciada Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la Fiscalía General presentó y ratificó solicitud de declaración de procedencia ante el Congreso estatal, al igual que juicio de revocación de mandato, en contra del alcalde Abarca Velázquez, y una vez que se determinó procedente esta última promoción, se notificó tal resolución al Ministerio Público para los efectos legales a que hubiese lugar, por lo que se solicitó orden de aprehensión en contra de la enunciada persona en calidad de probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, siendo obsequiado el mandamiento judicial de captura por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo y cumplimentado días después por la PGR, por lo que, a la fecha, José Luis Abarca está siendo procesado por parte de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Es de destacar que por la mañana del 4 de octubre, Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber manifestaron, entre otras cosas, haber participado directamente en el homicidio de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los detenidos fueron contestes en manifestar que la instrucción de acudir a los sitios en que se encontraban los normalistas la dio a quien ubicaban como el que daba las órdenes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de nombre Francisco Salgado Valladares; en tanto, la indicación de llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado el Chucky, integrante y líder de los Guerreros Unidos, mencionando también a algunos otros integrantes de los Guerreros Unidos, entre ellos a los hermanos Palacios Benítez, conocidos como Los Tilos o Los Peques.

El desglose del caso

Al actualizarse supuestos de delincuencia organizada, en fecha 5 de octubre de 2014 se realizó el desglose correspondiente a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, a efecto de que conociera de aspectos de su exclusiva competencia, siendo puestos a su disposición los detenidos de nombres Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio (a) El Patachín, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber. Lo anterior motivó que en esa fecha, la PGR hiciera valer la facultad de atracción en el caso, tal como se hizo público a través de los medios de comunicación.

Independientemente de lo anterior, el 9 de octubre de 2014, el Ministerio Público del Fuero Común amplió el ejercicio de la acción penal en contra de Francisco Salgado Valladares, quien fue señalado por dos de los cuatro integrantes del grupo Guerreros Unidos que fueron puestos a disposición de la SEIDO, como aquél que instruyó a los elementos de la Policía Municipal acudir al sitio en que se encontraban los normalistas y proceder a su detención, por lo que se consignó sin detenido y solicitó la orden de aprehensión respectiva en fecha 13 de octubre de 2014.

Días después, al tener conocimiento de que la PGR aseguró y concentró a un número importante de policías municipales de Iguala en instalaciones de la Policía Federal en Tlaxcala, personal de la FGJE entabló comunicación con un agente ministerial de la SEIDO para hacerle saber que se contaba con una orden de aprehensión contra Alejandro Tenescalco Mejía, empero se hizo saber que dicho sujeto no se encontraba en las instalaciones en cuestión.

En ninguno de los casos de personas que fueron detenidas por la FGEG se ha alegado que hubiesen sido víctimas de abusos de autoridad o actos de tortura, destacando al respecto que sus declaraciones las rindieron en presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo que se advierte en la página 33 del Informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, titulado Doble Injusticia, en el que se asentó que los casos de tortura documentados por esa instancia comenzaron una vez que las autoridades del estado de Guerrero dejaron de conocer del caso. Otro aspecto a resaltar es que todas y cada una de esas personas continúan a la fecha en prisión, vinculadas a proceso, lo cual revela que en su detención y posterior consignación no se observó irregularidad alguna, habiéndose calificado de legal su aseguramiento por los jueces u órganos jurisdiccionales correspondientes.

Además de las 33 personas que fueron detenidas y/o consignadas por el Ministerio Público del Estado de Guerrero, derivado de su investigación se conoció el nombre de 25 sujetos que conformaban el grupo de reacción inmediata de la policía municipal de Iguala, conocido como Los Bélicos, lo que dio un aproximado de 60 personas identificadas como implicadas en carácter de responsables de los hechos. Dichos datos fueron entregados a la PGR, específicamente a la Unidad Antisecuestros y a la Agencia de Investigación Criminal. autoridad que en días posteriores detuvo a varias de las citadas personas.

La búsqueda de los desaparecidos

Por otra parte, el 28 de septiembre del 2014, el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas no Localizadas recibió la denuncia de un estudiante normalista, de nombre

David Flores Maldonado, (a) La Parca, en la que se indicó que con motivo de los hechos acontecidos en la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, se ignoraba el paradero de 57 de sus compañeros, lo que dio origen a la averiguación previa respectiva.

Entre las acciones relevantes que se realizaron para la ubicación de los jóvenes, desde la madrugada del 27 de septiembre se inició un operativo pie-tierra y en diversos vehículos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y la Fiscalía General, el cual fue reforzado mediante el uso de un helicóptero que realizó sobrevuelos de localización en distintos días y horas en toda la ciudad de Iguala y en algunas comunidades aledañas, así como con la instalación de Puestos de Control y Bases de Operaciones Mixtas, en coordinación con el Ejército Mexicano, desde donde se diseñaron distintos recorridos y patrullajes de seguridad, participando también personal de la Semar y de la Policía Federal.

›Entre otros lugares, se acudió a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, de la Subestación de la Policía Federal-Sector Caminos, a la Coordinación de la Policía Estatal, al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la PGR, así como al 27 Batallón de Infantería, donde el coronel José Rodríguez Pérez permitió el acceso a algunas zonas (habitaciones o barracones de soldados, baños, depósito de enervantes y sala de guardia) alegando “obediencia a la superioridad”, “motivos de seguridad nacional” y que para mostrar el resto de instalaciones (área de armería, oficinas de la comandancia y de oficiales, área de comunicación, cocina, comedores y área médica) debía dirigirse una petición formal por escrito a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo o a la Novena Región Militar con sede en Acapulco.

Entre las acciones relevantes que se realizaron para la ubicación de los jóvenes, el 27 de septiembre se coordinó un operativo para acudir al 27 Batallón de Infantería entre otros sitios de interés. Foto: Cuartoscuro.

Previo requerimiento de personal ministerial estatal, el citado mando castrense informó que el Ejército no detuvo a nadie los días 26, 27 y 28 de septiembre. Es dable indicar que en atención a lo que planteó el coronel Rodríguez Pérez, se realizó el petitorio respectivo a sus mandos, sin recibir respuesta alguna.

Al mismo tiempo, tomando en cuenta la normatividad y los protocolos en materia de desaparición de personas, se giraron oficios a diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno, solicitando auxilio en las tareas de búsqueda de los normalistas e información sobre el tema.

También se realizaron publicaciones en medios de comunicación escrita, hubo spots de radio y televisión, y se colocaron carteles de búsqueda.

Además, se habilitó un sitio web y un teléfono de 24 horas para recibir información e implementó la campaña Hasta Encontrarlos, por lo que se imprimieron 170 mil carteles y 180 mil volantes, 60 mantas y 500 lonas, contando con el apoyo de más de mil 500 servidores públicos del estado de Guerrero.

En total, se efectuaron 144 operativos de búsqueda en las regiones norte, tierra caliente, costa chica y centro de Guerrero.

Lo anterior, evidencia que la FGEG inició una investigación por el delito de desaparición forzada, a la cual debió dar seguimiento o continuidad la PGR, empero, desde el momento en que esta última tomó el control de la indagatoria reclasificó la conducta delictiva como secuestro agravado.