Simulación, confrontación, persecución y desvío de la indagatoria en el caso Ayotzinapa

Hace unos días, el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez dio a conocer el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

El documento aborda aspectos diversos, pero no establece, tal como debe ser, los grados de participación y responsabilidad de los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno que incurrieron en conductas que pudiesen ser constitutivas de delito en el desarrollo de la investigación del asunto de mérito, lo cual, se entiende, corresponde, indefectiblemente, a la Fiscalía General de la República.

No obstante, el apartado denominado La “Verdad Histórica”, una acción concertada desde el aparato organizado del poder ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones o suposiciones, algunas de las cuales soslayan o desconocen los antecedentes del caso y la línea de tiempo relativa a la intervención de las personas que conocieron del mismo en carácter de autoridad.

Es por ello, que se estima conveniente hacer un recuento de las actuaciones o acciones que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado de Guerrero antes de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, en la atención de tales hechos y después de que la PGR hizo valer la facultad de atracción, momento en el que se suscitaron severas diferencias a nivel gubernamental e institucional.

Meses antes de la Noche de Iguala

Mediante oficios 4218 y DGCAP/4345/2013, ambos del 12 de junio de 2013, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG), remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), concretamente a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), varios tomos de la averiguación previa HDI/SC/01/758/2013 (constante de poco más de ocho mil fojas), iniciada con motivo del homicidio del señor Arturo Hernández Cardona y otros, integrantes de la Unidad Popular Igualense (UPI). Asimismo, el 24 de abril de 2014, la enunciada Representación Social del fuero común le entregó a la SEIDO el oficio 948, junto con la averiguación previa HD/SC/03/0470/2014, iniciada contra Ernesto Pineda Vega, miembro del Cártel Guerreros Unidos, como probable responsable del delito de secuestro.

El 2 de mayo de 2014, mediante correo electrónico, la PGR recibió copia de la declaración de Ernesto Pineda Vega, quien expuso, entre otras cosas, que el alcalde José Luis Abarca y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez eran parte de la organización delictiva Guerreros Unidos y utilizaban a los sicarios y líderes de dicho cártel para secuestrar, desaparecer y matar a un innumerable número de personas.

Adicionalmente, Pineda proporcionó nombres, datos, fechas y ubicación de algunas fosas clandestinas en las que se enterró a personas secuestradas y desaparecidas, siendo ello corroborado por la FGEG al encontrar una de las mismas en terrenos situados en la colonia Lomas del Zapatero en la ciudad de Iguala, en cuyo interior se hallaron 19 osamentas. El declarante también indicó que Patricia Soto Abarca, esposa del M, Mario Casarrubias, es sobrina del presidente municipal José Luis Abarca, que el jefe de sicarios de Guerreros Unidos es el May o El Choky y/o El Pelón, que al jefe de sicarios de Pueblo Viejo le dicen El Gil o El Gallero (Gildardo López Astudillo) y que los hermanos Peralta Rodríguez o Peralta Benítez, conocidos como Los Peques, son el brazo armado del mencionado grupo criminal.

Finalmente, el testimonio fue útil para el hallazgo y desmantelamiento de un narcolaboratorio ubicado en la colonia San Miguelito de la citada localidad. Con motivo de todo lo anterior, la PGR inició la averiguación previa SEIDO/UEIDMS/439/2014, dentro de la cual se fue acumulando el resultado de diligencias diversas, las más de ellas practicadas por la instancia ministerial estatal.

Es de destacar que actualmente, conforme a lo que se desprende de la investigación oficial dada a conocer por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, las personas enunciadas están directamente vinculadas al homicidio y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El inicio de la indagatoria federal (la SEIDO/UEIDMS/439/2014) supuso que la autoridad federal ministerial estaba enterada de las denuncias contra José Luis Abarca Velázquez y a ello se sumó la petición de distintas personas a efecto de que esa instancia se involucrara en la investigación del caso Hernández Cardona; entre otras, el profesor René Juvenal Bejarano Martínez.

Así también, en fecha 2 de julio de 2014, personal ministerial de la SEIDO le solicitó información al Delegado de la PGR en la citada entidad federativa, sobre el aseguramiento de un “narco laboratorio” en la colonia San Miguelito, lo cual guardaba relación y/o derivó de lo dicho por Ernesto Pineda Vega en la declaración de mérito.

Al respecto, se informó que la averiguación previa AP/PGR/GRO-OE/429/2014 (sic) fue iniciada con motivo de un reporte que recibió vía llamada telefónica la Coordinación Regional de la Policía Federal Ministerial. Dicha comunicación se entabló con una persona que se identificó como Subteniente de Infantería perteneciente al 27 Batallón de Iguala, el cual reportó el hallazgo de un laboratorio clandestino en la colonia San Miguel, por lo que se solicitó la presencia de personal ministerial y policial para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Al arribar al lugar en cuestión, los elementos militares vieron a siete personas que portaban armas, quienes al percatarse de su llegada huyeron. En el sitio, donde se percibía “un olor penetrante con las características al parecer de la goma de opio”, se hallaron tambos con un líquido negro y diversos objetos.

Adicionalmente, en una parte del expediente del caso Ayotzinapa que a la fecha se ha hecho pública, se establece que en julio de 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO, informó a su similar en la Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, sobre las averiguaciones previas donde estaban involucrados los hermanos Alberto, Mario y María de los Ángeles, todos de apellidos Pineda Villa.

Por otra parte, en la indagatoria de referencia también puede observase que en fecha 31 de mayo de 2013, Salomón Pineda Bermúdez acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a denunciar el secuestro de su esposa María Leonor Villa Ortuño, por lo que se radicó la averiguación previa número FAS/T3/668/13-05.

Pineda Bermúdez señaló que cuando los secuestradores se comunicaron con él, le pusieron como condición que les diera el teléfono de su hija de nombre Ángeles, a lo cual él les contestó que no tenía buena relación ni con ella ni con su yerno José Luis Abarca. Como no les dio el número, los secuestradores llamaron a una sobrina de nombre Escarlet, quien declaró que además del teléfono de su tía, los sujetos en cuestión le pidieron 10 millones de dólares por concepto de rescate y “la plaza de Iguala”, a cambio de la vida de la señora Villa Ortuño. Tiempo después, conforme a versiones periodísticas, trascendió que los plagiarios eran integrantes del cártel de La Familia Michoacana.

Lo anterior, guarda relación con un video que circuló en redes sociales, mismo que obra en la indagatoria correspondiente, en el que se aprecia a una persona con los ojos vendados, la cual, al ser interrogada, dice llamarse María Leonor Villa Ortuño, y con lo que declaró José María Chávez Magaña (a) El Pony, lugarteniente de La Familia Michoacana detenido el 2 de julio de 2014 ante personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SEIDO: “me enteré que al Presidente Municipal de Iguala, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, no sé si le levantó a la suegra o a la esposa por que éste le debía un dinero”.

Más expedientes reveladores

Hoy también se tiene conocimiento de la existencia de múltiples averiguaciones previas en las que se involucra a integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, destacando las iniciadas en razón de la detención de Cleotilde Toribio Rentería El Tilde y Mario Casarrubias Salgado El M o El Sapo Guapo, dadas a conocer en fechas 11 de julio de 2012 y 1 de mayo de 2014, así como de los padres de María de los Ángeles Pineda Villa, de fecha 6 de mayo de 2009, y con motivo del deceso de sus hermanos de nombres Alberto El Borrado y Mario El MP, acontecidos en el mes de septiembre de ese mismo año.

Como se advierte, con independencia de la información generada y aportada por la FGEG, durante 2013 y 2014, a la fecha ha trascendido públicamente que con relación al grupo criminal en cuestión, la PGR contaba con muchísimos antecedentes, destacando entre ellos el concerniente a que la familia Pineda Villa estuvo ligada a los dos grupos criminales más violentos del país, en la década de los 90 y 2000, el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico que encabeza Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán.

Así las cosas, la PGR asumió el compromiso de trabajar coordinadamente con la FGEG, la cual practicó diversas diligencias a fin de que, en cuanto se contara con los datos de prueba necesarios, la primera hiciera valer el ejercicio de la acción penal en contra de José Luis Abarca y diversos integrantes de Guerreros Unidos, en carácter de imputados por delincuencia organizada, empero, ello nunca ocurrió, dado que el asunto se fue administrando con la intención de capitalizarlo política y electoralmente a fin de recuperar la gubernatura del estado de Guerrero que el entonces partido en el poder (PRI) había perdido más de 10 años atrás con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como se expondrá más adelante.

Ante la falta de una respuesta certera por cuanto al momento en que la PGR procedería en contra de José Luis Abarca y Guerreros Unidos, la FGEG entregó la información de mérito a la Policía Federal (PF), a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), solicitando el apoyo de funcionarios adscritos a esta última institución para que el Ministerio Público de la Federación agilizará y determinara la indagatoria correspondiente.

›El enunciadotema también fue ventilado en distintos momentos ante los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), instancia de coordinación en acciones o tareas propias de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Siendo de destacar que el 6 de agosto de 2014, el delegado del CISEN presentó ante el mencionado órgano colegiado un documento denominado “Objetivos de Atención Especial”, puntualizando que había sido elaborado con información aportada por la PGR y la FGEG, con especial referencia al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Es importante decir que en su oportunidad, el licenciado Ángel H. Aguirre Rivero, entonces gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, sostuvo una conversación telefónica con el licenciado Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, a efecto de recordarle que resultaba necesario que esa autoridad realizara las diligencias correspondientes para detener a José Luis Abarca Velázquez, en el entendido de que el gobierno federal contaba con información relativa a los vínculos o involucramiento de esa persona con la organización delictiva Guerreros Unidos.

En respuesta, el licenciado Murillo le indicó que se contactara a la Subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales para alcanzar un acuerdo en la ruta a seguir.

Tal situación motivó que personal de la FGEG entablará comunicación telefónica con la licenciada Benítez Tiburcio, quien reiteró que el intercambio de información relativo a José Luis Abarca continuaría siendo directamente con la SEIDO.

Si se analiza todo lo expuesto, parece no existir justificación alguna para que la PGR hubiese sido omisa y actuado en consecuencia, más al tener presente que se trataba de un tema de delincuencia organizada del que le correspondía conocer legal y constitucionalmente.

Por lo tanto, todo parece indicar que la información generada por la FGEG se administró o guardó con la clara intención de capitalizarla en el ámbito político-electoral; esto es, detener a José Luis Abarca en los momentos previos a la elección por la Gubernatura del Estado en 2015, tal como lo constató personal adscrito a la Unidad Antisecuestros de la PGR.

La información generada por la FGEG se administró o guardó con la clara intención de capitalizarla en el ámbito político-electoral; esto es, detener a José Luis Abarca en los momentos previos a la elección por la gubernatura del Estado en 2015.