La construcción del llamado federalismo fiscal mexicano, después de avances graduales a través de tres reuniones nacionales fiscales, culminó en 1980, con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al cual se adhirieron los estados voluntariamente, recibiendo a cambio de dejar en suspenso impuestos que la Constitución les permite, recibir las llamadas PARTICIPACIONES, las cuales se distribuyen entre los estados a través de fórmulas que han cambiado a lo largo del tiempo, siendo sus reformas más importantes, la de 1990 impulsada por una mayoría abrumadora de las entidades federativas, que buscaba reducir la inequidad por habitante, formula impulsada por los estados que recibían menos participaciones per cápita, a propuesta de Oaxaca y otros estados, así la formula ayudo a los estados de menor desarrollo relativo. Se incluyó el factor poblacional para un 45 por ciento de las mismas, el resto por los llamados impuestos asignables, como los impuestos especiales, tenencia e ISAN. Cabe acotar que cuando todo se distribuye por población, la misma se vuelve inequitativa y poco tiene que ver con el esfuerzo recaudatorio y fiscalizador de cada entidad federativa.
Esto funcionó hasta 2007, cuando a sugerencia de algún organismo internacional, se impulsó un cambio que buscó ayudar a las entidades con mayor población, particularmente el Estado de México, que hoy se acerca al 14 por ciento, relegando a la CDMX que apenas rebasa el 8 por ciento de porcentaje poblacional. Se disfrazó con tres indicadores, la población domiciliada, el PIBE, y la dinámica recaudatoria de los impuestos estatales, factores que se anularon cuando se promediaron y “ponderaron” por el porcentaje poblacional, dándose una correlación casi perfecta entre el nuevo coeficiente del Fondo General de Participaciones y el porcentaje poblacional.
Los afectados: más de la mitad de los estados, principalmente Tabasco y la CDMX y un gran beneficiario, el Estado de México.
El Jefe de Gobierno de la CDMX que era el actual Canciller presentó una controversia constitucional. La CDMX tuvo un eficiente Tesorero todos esos años y logro recuperar incluso la recaudación de tenencia que rebasa ya los cinco mil millones de pesos. Sin embargo, la pérdida acumulada por este cambio ya rebasa para ambas entidades los 35 mil millones de pesos.
Volviendo a las participaciones, estas ya tienen porcentajes que están en la Ley y las autoridades hacendarias, antes y hoy las pagan puntualmente. Este año hay una caída en la recaudación federal participable, que afortunadamente para las haciendas estatales se está compensado con las reservas del Fondo de Estabilización de la Entidades Federativas creado cuando se aprueba la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, lo mismo sucede con las participaciones a los municipios.
Esto no tiene discusión y con el FEIEF no hay un impacto negativo.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la recaudación estatal y municipal, que a pesar de que efectivamente son impuestos de bajo potencial recaudatorio, con la excepción del impuesto predial, no son bien cobrados por estos órdenes de gobierno, excepciones hay, estando muy por debajo de dicho potencial, particularmente el predial y los estados, la mayoría, echaron a perder por demagogia el impuesto a la tenencia que les daba un mes de participaciones, afectando a su vez a los municipios.
Si mayores recursos, pero a cambio de un mejor esfuerzo fiscal y la asunción de la corresponsabilidad fiscal de municipios y estados.
¡Veamos, solo cien municipios recaudan bien el predial, prefieren como me decían hace años presidentes municipales de Guerrero, que mejor presionaban al gobernador “que era de otro partido”, porque cobrar “tenía un costo político”.
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