Hace días presentamos ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la segunda entrega del informe de resultados de la Cuenta Pública 2018, rebasando más de la mitad de lo programado, con un incremento –239 más- en el número de auditorías, cuando la intención era reducirlas para poner énfasis en la relevancia temática y en los montos susceptibles de de aclaración. Calidad, más que cantidad; resultados más precisos y sanciones cuando existan, con mayor efectividad.
Sin embargo, han surgido una cantidad importante de solicitudes y denuncias de ciudadanos, de legisladores y del seguimiento de los medios de comunicación, por lo que hemos tenido que agregar más auditorías al Programa, que por primera tiene un enfoque estratégico.
La ASF es una entidad cuyo actuar se rige por los principios de imparcialidad, probidad y de una autonomía de gestión. Pero no podemos ser insensibles a lo social, nuestro trabajo no es sólo técnico, sino buscar mejores resultados para poder hacer a los auditados propuestas de mejora en la política pública, en la política económica y por supuesto en el manejo transparente y honesto de los recursos.
Conocer y entender sus retos, y cómo se expresan los desafíos y las prioridades de la sociedad en la búsqueda de mejores niveles de bienestar, de reducción de la pobreza y la desigualdad y como hemos repetido, terminar con la corrupción y la impunidad.
A casi 20 años de la creación de la ASF, es necesario visualizar nuevas formas de fiscalizar, nuevas técnicas y aprovechar el desarrollo tecnológico, así como nuevos mecanismos para comunicar los resultados, nuestro objetivo es que el Plan Anual de Auditoría este georeferenciado y pueda ser consultado en la APP ciudadana.
Para ello en materia de fiscalización, se debe contar con las leyes adecuadas, para hacer frente a fenómenos tan complejos, cuyas manifestaciones han evolucionado en cuanto a su sofisticación y alcance.
Anter ello, en la ASF se están expandiendo las capacidades fiscalizadoras a niveles que antes hubieran parecido inverosímiles, gracias a la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a la fiscalización.
Pero también se requiere llevar a cabo una revisión amplia de diversas disposiciones legales que nos ayuden a agilizar procesos e incrementar su presencia y alcance tanto a nivel federal como local.
Un tema relevante: hoy auditamos Cuenta Pública 2018, terminamos en febrero de 2020, el proceso de aclaraciones se puede prolongar hasta octubre, demasiado tarde.
Por ello la Auditoría debe contar con facultades para poder realizar, auditorías verdaderamente en tiempo real, con lo cual, además se lograría incrementar la eficiencia y efectividad en cuanto a la promoción de las acciones legales, acortar los tiempos de procuración de justicia y apoyar mejores decisiones en materia presupuestal y fiscal.
Los resultados que se presentaron y que corresponden al ejercicio 2018 entran en un proceso de notificación para el efecto de que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes y posteriormente se realice el proceso de seguimiento para el efecto de determinar si las observaciones se solventan o no.
Esto evidentemente trae como consecuencia el que las denuncias penales se han presentado, una vez agotadas esas etapas, esto es las denuncias presentadas no corresponden a las auditorías en proceso.
En ese sentido es urgente realizar los ajustes legales para tener facultades fortalecidas y atender de manera expedita los temas que involucren recursos importantes para evitar que se cometan irregularidades.
Hoy estamos trabajando en las propuestas legislativas y ajustes reglamentarios, para lograr ese fortalecimiento, empezando por auditar en tiempo real. Ya afortunadamente encontramos el camino de una buena coordinación con la Fiscalía General y con su Fiscalía Anticorrupción.
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