Es sabida la dependencia que existe por parte de los órdenes estatal y municipal de las transferencias condicionadas y no condicionadas para integrar sus presupuestos, mismas que con datos de la CP 2017, ratifican reciben un promedio del 90 por ciento de las transferencias federales –participaciones y aportaciones- y entre 9 y 10 por ciento de los ingresos propios, claro al ser un promedio hay estados que apenas llegan al cinco por ciento como Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Morelos. Hidalgo, no llega ni al cuatro por ciento, igual que Chiapas y Guerrero.
Yo vería tres razones, por un lado, en su mayoría tienen un gran número de regiones de pobreza y pobreza extrema, hay una fuerte evasión fiscal y una débil administración tributaria, pero también hay desinterés fiscal, esto es prefieren que otro orden cobre, evitarse lo que erróneamente llaman “el costo político de recaudar”, como cuando eliminan impuestos como la tenencia y después iban –espero que ya no- a la Secretaría de Hacienda a pedir apoyos extraordinarios, que salían del Ramo 23.
En el otro extremo está la CDMX que en los últimos tres sexenios ha logrado niveles muy altos de recaudación, que está alrededor del 50 por ciento, igual estados agobiados por el gasto con recursos propios en educación básica, como Baja California, Chihuahua o Nuevo León, que tenían que recaudar más, ya que llegaron a destinar más del 60 de sus participaciones para gasto educativo.
Sin embargo, en CP 2017, aparece Guanajuato con el 19 por ciento, EDOMEX con el 17, Querétaro con el 16, Chihuahua con el 15 por ciento y Nuevo León el 13 por ciento. En la gestión anterior Campeche llegó a recaudar hasta el 18 de sus ingresos totales, hoy apenas el 10 por ciento.
Por ello la aspiración del Congreso por contar con tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, el tema es cómo podemos lograr que tengan más recursos los estados y los municipios, a partir de un esfuerzo nacional, no a costa de las finanzas federales. Ello implica una revisión de la distribución de facultades tributarias, la modernización de las haciendas locales, de una mejor planeación del gasto público con miras a un equilibrio presupuestal –claro hay algunas que ya lo tienen y pueden recaudar con la misma o mayor eficiencia que el sistema centralizado.
De ahí la importancia del “Foro entre legisladores en materia hacendaria: reformas las haciendas públicas”, a que convocan las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Hacienda y Crédito Pública, en coordinación con otros como la Comisión de Vigilancia, la de Federalismo y Desarrollo Municipal, la de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la Fundación Westminster para la Democracia y la Auditoría Superior de la Federación, que se llevará a cabo el 8 de abril.
Habrá dos ponencias magistrales, la de Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, quien fue en otro tiempo Secretario de Finanzas del entonces DF y la de Enrique Quintana, vicepresidente y Director General Editorial de El Financiero, ambos conocedores de la temática del Foro, y por cierto mis colegas y amigos.
Habrá cinco mesas de trabajo en las que participaran legisladores y tres de los auditores especiales de la ASF, en el tema del control y vigilancia en el ejercicio del presupuesto, Emilio Barriga, Agustín Caso e Isaac Rojkind, junto con el Senador Clemente Castañeda presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado. Y la presidente de la Comisión de Justicia, la Dip. Pilar Ortega. Claudia Corichi, presidente de la Comité de Género de la ASF, estará en el tema de presupuesto con perspectiva de género.
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