La emergencia sanitaria por COVID-19 ha mostrado retos para los esquemas de gobernanza en todo el mundo ante una pandemia impredecible.
Ello ha requerido la reorganización de las agendas públicas y de gobierno en todos los ámbitos y los sectores. En esta crisis, las naciones se han enfocado en priorizar medidas multidisciplinarias y la asignación de recursos públicos emergentes para atender la pandemia.
Dentro de la complejidad de esta emergencia las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), como instituciones vigilantes del buen uso de los recursos públicos, han dirigido sus acciones en promover su uso racional y ordenado, para que se utilicen de manera eficiente, eficaz, y efectiva en un marco de legalidad y transparencia.
El intercambio de información entre las EFS y la adopción de buenas prácticas internacionales se ha convertido en un elemento central. Por ello, en la Auditoría Superior de la Federación hemos emprendido una serie de acciones a nivel internacional, tanto en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) como en la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mismas que permiten fortalecer nuestras actividades.
La primera fue en el marco del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres de OLACEFS, el cual se constituyó en abril de 2019 y que ha ajustado sus alcances el mes pasado.
El grupo con 15 miembros regionales tenía inicialmente por objeto promover la cooperación entre las EFS para el desarrollo de estándares y buenas prácticas en fiscalización de la gestión de desastres naturales, pues estos eran los principales fenómenos imprevistos, de grandes dimensiones, con los cuales se enfrentaban las EFS integrantes de la OLACEFS —hablando de desastres—.
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 puso un nuevo escenario en la realidad latinoamericana. Todos los países, los gobiernos y las entidades de fiscalización en este 2020, nos hemos enfrentado a un fenómeno sin precedentes. La magnitud de la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a redireccionar nuestros esfuerzos, fortalecer nuestras capacidades, incluso hasta reinventar nuestras estrategias.
Por ello la ASF propuso un Adedum a los términos de Referencia del Grupo, con el objeto de visibilizar la importancia de incluir expresamente a las epidemias y pandemias y así poder orientar las acciones del mismo en la busqueda de mecanismos y herramientas para las EFS de la región en su actuación durante y posterior a la crisis del COVID-19;y un Plan de Acción Regional en el cual se plantearon acciones específicas para impulsar diversas acciones que promuevan que los recursos públicos se utilicen de manera correcta.
Ambos documentos fueron presentados y aprobados en la sesión del Consejo Directivo de OLACEFS del pasado 30 de junio de 2020. Además en dicha reunión se acordó también la importancia del trabajo conjunto entre el Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres y el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción, para la realización de auditorías coordinadas en materia de compras públicas orientadas a establecer mecanismos para combatir la corrupción.
La segunda acción es relacionada con las actividades en la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). La ASF participó el pasado 23 de julio en la reunión de la Iniciativa PFAC COVID-19.
En la mencionada reunión se destacó el valor y el beneficio de la labor fiscalizadora ante la pandemia del COVID-19, la importancia del uso de las tecnologías para auditar a distancia por medios digitales y la relevancia de nuevas técnicas de auditoría, en pro de la transparencia y la rendición de cuentas. Además, participaron en este esfuerzo entre otras Entidades de Fiscalización Superior la de Rusia, Francia, Austria, Brasil y Sudáfrica.
Estos espacios son relevantes pues buscan crear resiliencia estratégica y cooperación a largo plazo para hacer frente a los desafíos de la pandemia.
