El impacto económico y el daño sobre la infraestructura existente es mayor en los países cuyo nivel de desarrollo es menor y su infraestructura precaria. Los estragos de un terremoto en Haití fueron devastadores, casi la aniquilación urbana de esa Nación, quizás la más pobre del continente americano; los de Chile han sido fuertes pero este País está mejor preparado y su nivel de desarrollo es mayor. Nosotros mismos con el sismo de 1985 aprendimos a contar con mejores reglas de construcción en la CDMX, además de contar con estupendos arquitectos e ingenieros. Lo mismo sucede con las sequías, los huracanes y las inundaciones. Costosos en dinero, pero más importante en vidas, han sido el impacto de los huracanes Paulina en el sureste, incluidos Guerrero, Chiapas y Oaxaca, o Cancún que ha sido víctima de fenómenos similares, que incluso se han llevado las playas, lo que significó un costo elevado para la recuperación de las mismas. Por supuesto los terremotos como el de 1985 y las sequías en estados como Zacatecas. El costo de económico de las inundación de Tabasco en 2007 y sus secuelas hasta 2011, CEPAL lo estima en un ensayo publicado en 2012, en cerca de 60 mil millones de pesos: 29 mil millones en sectores productivos, fundamentalmente los primarios, 20 mil en infraestructura, 7 mil en sectores sociales y 1 400 en medio ambiente y otros. Este impacto en un estado que solo tiene 17 municipios, dimensionemos lo anterior en Oaxaca, con sus 570 municipios. Para un estado afectado además fiscalmente, al pasar de recibir casi 4.6 por ciento de las participaciones en 2007 al 2.0 cuando termine la transición del cambio de formula del Fondo General de Participaciones. Como porcentaje del PIBE, este llego a 24 por ciento en 2007, además el fenómeno fue recurrente por lo menos hasta 2011. Claro existe el FONDEN, cuya mecánica de operación en la reconstrucción incluye pari passus, esto es la aportación económica de recursos estatales en la misma proporción que los federales, administrados por BANOBRAS. Ante la imposibilidad de muchos estados para poner su aportación y liberar los recursos, se creó el Fondo de Reconstrucción, el FONREC, con los llamados bonos cupón cero, que más que ayudar hipotecan financieramente a los estados, según afirman los funcionarios estatales. Además del caso Tabasco, en Oaxaca se documentó muy bien el impacto del Huracán Paulina, que hizo el Gobierno de Diódoro Carrasco a quien le toco enfrentar ese fenómeno y estar al frente de la emergencia y la reconstrucción, del huracán que destrozo a Acapulco. Por supuesto que lo ideal sería que los estados tuvieran su propio FONDEN, que mantuvieron recursos presupuestarios disponibles para la reconstrucción en el caso de sufrir de fenómenos meteorológicos, como los daños que resiente hoy Oaxaca, pero el problema es que dada la gran dependencia de las transferencias de recursos federales, el limitado porcentaje de la recaudación participable que reciben en efectivo, y el modelo centralizado de gestión presupuestal, los recursos estatales resultan limitados ante los grandes rezagos que tienen los estados del sureste. Hoy Oaxaca atraviesa por dos fenómenos contradictorios. La sequía empezaba a requerir urgentemente del presupuesto federal para combatirla, emblemáticamente la presa ubicada en Jalapa del Marqués se encontraba prácticamente sin agua, pero en uno o dos semanas no solo se llenó, sino que se rebaso y la tormenta tropical Beatriz, daños a dos puentes estratégicos para la comunicación carretera de Salina Cruz. Ya la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado ha anunciado que aproximadamente en dos meses para la restauración del Puente de Tequisistlán, lo cual se tendrá que hacer con un fuerte apoyo federal. Para colmo las explosiones en la Refinería que afectaron a varias colonias del municipio. Este, Salina Cruz, como el Gobierno del Estado, han enfrentado oportunamente la emergencia, Segob está haciendo lo suyo, y el apoyo fiscal tendrá que fluir con oportunidad.
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