La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene un grave problema que destapó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ejercicio fiscal 2022 se encontraron irregularidades por 423 millones 454.2 mil pesos.
De acuerdo con la auditoría aplicada, en el cumplimiento de inversiones físicas se detectaron irregularidades por 112 millones 229.8 mil pesos, cuando la muestra auditada fue de 363 millones 943.5 mil pesos, es decir, en el 30.8% se presentaron anomalías.
Suburbano
En la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA, en la Ciudad de México y el Estado de México, se han identificado discrepancias financieras por un total de 7 millones 161.1 mil pesos. Estas inconsistencias se atribuyen a una deficiente planificación de la obra, evidenciada por la falta de proyectos ejecutivos completos, autorizados y aprobados hasta octubre de 2023, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos contratados en el marco de la obra pública.
Tren México-Toluca
En el desarrollo del tramo ferroviario Zinacantepec km 0+000 al km 36+150 y las adaptaciones al proyecto ejecutivo del Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México, se han identificado una serie de discrepancias financieras que ascienden a un total de 112 millones 130 mil pesos. Estas irregularidades han sido detectadas en el marco del análisis del cumplimiento de las inversiones físicas destinadas a este proyecto de infraestructura crucial.
Entre las inconsistencias detectadas, se destacan pagos en exceso por un total de 77 millones 757 mil de pesos, relacionados con el cálculo del factor de ajuste de costos. Estos pagos exceden lo estipulado en el contrato debido a la consideración de factores no contemplados inicialmente para su cálculo; esto sugiere una falta de control en la gestión de los recursos financieros asignados a esta obra.
¿Y Capufe?
Un pago excesivo por un monto de 889 mil pesos en un concepto no previsto en el catálogo original, específicamente en el concepto P.U.E. 1176 “Retroceso del sistema de autocimbra C-60 viaducto 4". Esta situación se deriva de la inclusión de insumos en la matriz de dicho concepto, sin la debida justificación de su utilización.
La obra heredada por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto ha excedido los presupuestos iniciales; y podría haber mayores ajustes para el siguiente ejercicio a auditar, el 2023.
Pero para la Secretaría de Infraestructura no acaban las observaciones, ya que en diferentes rubros. El ente fiscalizador ha puesto bajo la lupa las operaciones de Caminos y Puentes Federales de Ingresos Conexos (Capufe), dependiente de la SICT, revelando una serie de observaciones que señalan desviaciones en su gestión financiera. A pesar de haber cumplido con la mayoría de las disposiciones legales y normativas aplicables, se han detectado varios puntos de preocupación.
Entre las irregularidades identificadas, se destaca el pago de 52 millones 745 mil pesos por vales electrónicos de despensa de fin de año a 3 mil 850 empleados, sin que se haya acreditado la recuperación de este importe. Asimismo, se observa una falta de traspaso a una cuenta de CAPUFE de 8.6 mil pesos correspondientes a cuentas bancarias canceladas; algunas de ellas presentan partidas en conciliación con una antigüedad de hasta siete años.
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Otro aspecto resaltante es el pago por encima del tabulador autorizado por Hacienda, que ascendió a 10 millones 919 miles de pesos por concepto de sueldos, aguinaldo y compensación. Además, se detectó que los expedientes de personal no están integrados conforme a la normativa establecida; lo que sugiere deficiencias en la gestión de recursos humanos.
Gracias a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se ha logrado el reintegro de las penas convencionales determinadas a algunos proveedores; esto ha permitido recuperar parte de los recursos desviados. Sin embargo, estas observaciones subrayan la necesidad de una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos por parte de Capufe.
En conclusión, estas discrepancias subrayan la importancia de una gestión más rigurosa y transparente de los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura; así como la necesidad de una supervisión más efectiva por parte de las autoridades competentes para garantizar el uso adecuado y eficiente de los fondos públicos.
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