Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, continuará con el sistema de fotomultas, aunque con un cambio, pues las sanciones económicas darán paso a avisos que buscarán mejorar la educación vial. “Se está trabajando en un esquema asociado no necesariamente a multas económicas, sino a avisos. Lo que nos interesa es la educación vial, evidentemente tiene que haber reglamento de tránsito y tiene que haber sanciones”, afirmó. Parte de esta educación vial promovida por Sheinbaum sería a través de sanciones con trabajo comunitario, la asistencia a escuelas de manejo, el retiro de puntos en la licencia de manejo o la revocación de la misma en caso de ser multado por exceso de velocidad. Durante su campaña a la jefatura de Gobierno, la abanderada de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ prometió que cancelaría las fotomultas. En entrevista con Grupo Fórmula, Sheinbaum explicó que el Gobierno de la capital sería el operario del sistema, de forma que ya no se pagaría a una compañía privada para encargarse del funcionamiento del mismo. Actualmente la empresa jalisciense Inteltrafico S.A De C.V se encarga de operar y dar mantenimiento a los aparatos propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México para aplicar fotomultas y tiene un contrato válido hasta el 31 de diciembre este año. La jefa de Gobierno aclaró que las multas económicas podrían mantenerse, aunque no serían por las cantidades que actualmente se cobran. En febrero, Édgar Amador Zamora, quien era titular de Finanzas de la capital del país, afirmó que los ingresos de las fotomultas calculados para este año son de casi 900 millones de pesos y que, afirmó, se ocuparían para las labores de reconstrucción del sismo del 19 de septiembre pasado. Las fotomultas han sido un tema polémico en la Ciudad de México. En marzo, el juez octavo de distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García determinó que estas sanciones eran inconstitucionales, pues violaban el derecho de audiencia de los ciudadanos multados. Sin embargo, en mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que la garantía de audiencia no es un derecho absoluto y que está abierto a excepciones, por lo quelo que declaró la constitucionalidad de las sanciones.