La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso por primera ocasión una sanción en contra de una universidad. La dependencia inhabilitó por un año a la Universidad de Guadalajara (UdeG) para recibir contratos públicos con recursos federales. En la edición de este viernes 23 de junio del Diario Oficial de la Federación, también dio a conocer que impuso una multa de 373 mil 980 pesos en contra de la institución. La sanción se debió a una falta administrativa por parte de la inmobiliaria universitaria, Uniterra, hacia un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El diario Reforma indicó que se trata de un contrato adjudicado directamente y firmado por la entonces Coordinadora General Administrativa de la UdeG, Laura Puebla Pérez, y el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS, Reynaldo Guerrero Bernal. En dicho contrato, la UdeG se comprometió a desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10-Consultorio Sustentable en Cabo San Lucas por un cobro de 5.5 millones de pesos con IVA. La entrega de tal proyecto fue prevista para el 23 de marzo de 2013. La institución cuenta con la posibilidad de impugnar la medida impuesta por la SFP a través de un amparo o juicio de nulidad. Si bien el cobro de la multa quedaría congelado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que los jueces federales no pueden suspender las inhabilitaciones mientras se litiga contra ellas. (Con información de Animal Político y El Diario NTR). (Foto: Internet). KT
24 de Diciembre de 2024
