El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación por 10 años que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) al extitular de la Dirección General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presunto cómplice de los desvíos registrados durante la administración de Rosario Robles, al frente de la dependencia.
Además de imposibilitarlo para trabajar en el servicio públicos por una década, la persona exfuncionario cuya identidad no fue revelada, deberá pagar una multa por 158 millones 662 mil pesos, un monto que corresponde a unos recursos que pidió de forma irregular para el programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
De acuerdo con las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, la persona sancionada omitió en 2015 sus funciones como director de Programación y Presupuestación y no dio de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo.
Así, se aprobó la ejecución de 158 millones 662 mil pesos que presuntamente serían destinados a subsidios para los beneficiarios del programa. Cosa que no fue así, según pudo comprobar la SFP.
Tras tres años de investigación, el OIC determinó que la persona sería inhabilitada, ya que está no fue la única falta administrativa en la que incurrió mientras estaba en la Sedatu.
Ya que la ampliación de recursos al programa se hizo de forma ilegal, cuando se hizo en nombre de un ex funcionario de la Sedatu y no se acreditó el destino de los recursos del erario.
“La omisión de la persona servidora pública permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos (mdp) supuestamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino”, señala un comunicado de la SFP.
Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada por la persona exfuncionaria pública quien había interpuesto un amparo el cual quedó sobreseído.
BG
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