Las Comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en votación nominal el dictamen con cambios de la Ley de Seguridad Interior (LSI) y pasó al Pleno para primera lectura, pese a los reclamos de la sociedad civil organizada y los llamados de entidades nacionales e internacionales. Tras más de cuatro horas de discusión y un receso de un par de horas, los senadores avalaron la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados con modificaciones a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26 de la ley que consta de 34 artículos y con la adición de un transitorio presentado por el PAN y PRI. Minutos antes de las 21:30 horas, la minuta se incluyó en la agenda del Pleno para darle trámite y primera lectura, antes de dar por concluida la sesión. Las reservas se discutirán mañana. El senador Ernesto Cordero informó que el llamado a sesión es a las 11:00 horas, y no se descarta que la discusión pueda realizarse en una sede alterna ante la previsión de más protestas y bloqueos como los que se han mantenido en los últimos tres días. La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen por 7 votos a favor y 5 en contra; la de Defensa, con 6 votos a favor y 3 en contra; la de Marina por 3 votos a favor, uno en contra y una ausencia y la de Estudios Legislativos Segunda con 3 a favor y 2 en contra. En tanto, la senadora Pilar Ortega anunció que presentará reservas adicionales a los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34. Las reservas que presentaron los senadores que votaron en contra del dictamen serán llevadas directamente al Pleno, a petición de la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron poner a reserva toda la ley ante el Pleno. Esta discusión transcurrió pese a las protestas de la sociedad civil que obligaron a blindar esta mañana la sede legislativa y las peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Entre quienes rechazaron el dictamen se encuentran los senadores Benjamín Robles, Juan Carlos Romero Hicks y Dolores Padierna; mientras que Roberto Gil Zuarth, Cristina Díaz, Ernesto Gándara y Fernando Torres, entre otros estuvieron a favor. Robles lamentó que los cambios al dictamen no son suficientes para cubrir la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. El aval se dio tras más de cuatro horas de iniciada la reunión entre las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, en la sala de juntas de la Mesa Directiva del Senado. Rechazaron una moción suspensiva presentada por la oposición incluidos Morena y los partidos que conforman el Frente. En el dictamen, se aclaró que la aplicación de la ley se realizará conforme a la Constitución y tratados internacionales, en busca de atender la demanda de que la LSI podría dar facultades por encima de la Carta Magna a las fuerzas armadas en su operación en tareas de seguridad pública. Además se eliminó un párrafo que mencionaba los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos. En el artículo ocho se precisa que bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las movilizaciones de protesta social o las de motivos político-electoral.
Una sesión marcada por el jaloneo
Tras verificar el quorum, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar, dio inicio a la sesión para analizar esta ley que permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios, cuando sean rebasados por el crimen organizado. Díaz dio cuenta de las diferentes reuniones que se llevaron a cabo entre los presidentes de las comisiones dictaminadoras y diferentes organizaciones dela sociedad civil, académicos y gobernadores.
La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo”, señala el dictamen de 34 artículos y 235 cuartillas en evaluación.
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