Imagen de contexto. CuartoscuroCon 72 votos a favor y 7 en contra, el Senado avaló los artículos 1, 6, 7, 8, 39 bis, 67, 68 y 166 del dictamen que reforma la Ley General de Víctimas, tras lo cual será turnada al la Cámara de Diputados.
Entre otros aspectos, propone flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; así como para garantizar una mejor coordinación institucional a nivel federal y local.
Además, busca fortalecer el otorgamiento de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación y que hoy se encuentran sujetas a mecanismos burocráticos.
El proyecto de decreto prevé que las víctimas reciban recursos de ayuda para gastos, como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos que les permita obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
De igual forma, se establece la obligación para que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las Comisiones Ejecutivas de los estados -con cargo al fondo federal o a los fondos estatales- proporcionen recursos de ayuda a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos.
También se apuntalan las directrices a fin de que la CEAV determine su intervención en la atención y, en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local. Además se prevé que el encargado de este órgano sea nombrado por el Presidente de la República previa consulta entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos, y ratificado por el voto del Senado.
Propone también la figura de la Asamblea Consultiva a fin de impulsar la participación de las víctimas y sus colectivos en la formulación, implementación y evaluación de la política pública en la materia.
Con la finalidad de hacer valer los derechos de las víctimas, se busca fortalecer la figura de asesor jurídico. Al igual de procurar hacer efectivos cada uno de los derechos de la víctima, por lo cual podría contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias.
La reforma aprobada en lo general r, nueve en contra y cero abstenciones, señala mecanismos para garantizar el derecho de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno a ser atendidas con base en un enfoque diferencial y especializado.
